Concretamente, en este grupo se incluye el anteproyecto de ley por el que se materializa la transposición de la directiva europea sobre la transmisión de los datos de reserva de vuelos de los pasajeros, dispuestos por las compañías aéreas.

De esta manera, se podrá detectar a terroristas ya conocidos por los servicios de seguridad e inteligencia e identificar a personas hasta el momento no conocidas por dichos servicios pero que, por sus patrones de conducta, pudieran representar una amenaza para la seguridad.

Asimismo, se llevará a cabo un anteproyecto de ley orgánica de adaptación de la legislación española a la normativa europea en materia de extranjería para evitar vacíos legales.

En este apartado se incluye también el reglamento de precursores de explosivos con el objetivo de restringir y controlar el uso de este tipo de materiales y de evitar las consecuencias que su uso pueda ocasionar a la población en acciones terroristas.

Igualmente, tendrá especial importancia el reglamento de precursores de drogas para impedir que el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes financie actividades terroristas. 

El segundo bloque de medidas incluye reformas que tratan de adaptarse a la nueva realidad de la amenaza terrorista. En este sentido, el Gobierno propondrá la obligación de registrar documentos e información de las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades de hospedaje y alquiler de vehículos de motor. Además, se llevará a cabo el refuerzo de las medidas de protección contra el terrorismo incluidas en la Ley de Protección Ciudadana, así como algunas relativas a los ministros de culto de las confesiones religiosas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas.

Adicionalmente, se ha presentado una propuesta para modificar el Reglamento de la Actividad de Distribución de Gases Licuados del Petróleo para mejorar el control de bombas de butano, así como la necesidad de abordar la nueva Ley General Penitenciaria y algunas otras reformas para dotar de mayor eficacia a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Estas medidas adicionales se centran en el refuerzo de dispositivos de seguridad en lugares de afluencia masiva de personas, la intensificación de la prevención en potenciales objetivos de ataques, el refuerzo de los dispositivos policiales de reacción frente a atentados y una mayor implicación de las policías locales.

En definitiva, todas ellas están encaminadas a garantizar “las 4P” de la seguridad: prevención, evitando la captación de nuevos terroristas; protección a los ciudadanos mejorando el control de fronteras; persecución de los terroristas de forma integral y global; y preparación de respuestas que minimicen las consecuencias de una acción terrorista.

Finalmente, Zoido informó en su intervención de que durante 2017 se detuvieron a 77 sospechosos de realizar actividades relacionadas con el terrorismo yihadista, 218 desde que se elevó la alerta al nivel 4.