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NOTICIA

El Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada elabora una Guía de Buenas Prácticas para la contratación de servicios del sector

12/03/2018 - Aproser
El Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada ha elaborado una breve Guía de Buenas Prácticas en la contratación de servicios de Seguridad Privada dirigida a las autoridades de contratación basándose en la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la cual entró en vigor el 9 de marzo.

El objetivo de esta guía es apoyar a dichas autoridades en la adecuación a la nueva ley en lo relativo a una correcta elaboración de los pliegos en el proceso de adjudicación de los concursos y en su fase de ejecución.

En cada fase del procedimiento de contratación, las organizaciones sindicales y empresariales integrantes del Observatorio resaltan la consideración de diversos aspectos diferenciales con respecto a la anterior ley.

En lo referente a la elaboración del presupuesto del contrato, tal como establece la nueva norma, este debe ser suficiente y desglosado, previa obtención de la información específica sobre las condiciones aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación. A este respecto, el artículo 102.3 de la Ley de Contratos del Sector Público establece que en aquellos servicios en los que el coste económico principal sean los costes laborales, entre los que se encuentra la industria de la seguridad privada, deberán considerarse los términos económicos de los convenios colectivos sectoriales. El único convenio colectivo sectorial en el sector de la seguridad privada es el convenio colectivo estatal, publicado el 1 de febrero en el Boletín Oficial del Estado, que está vigente hasta finales de 2020.

En este punto, se resalta que la incorporación de la referencia expresa en la nueva Ley al convenio colectivo exige excluir, como criterio de determinación del precio del mercado, el valor de adjudicación de anteriores contratos licitados para el mismo servicio en aquellos supuestos en los que el adjudicatario lo ha sido en el pasado por la aplicación de su propio convenio de empresa o por no haber aplicado el convenio colectivo sectorial.

Incumplimiento

Desde la elaboración de los pliegos, destaca el especial rigor en la prohibición de contratar por el incumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social. La nueva ley incluye, por otra parte, la exigencia de que los criterios cualitativos representen, al menos, el 51 por ciento de los criterios de adjudicación.

La ley, en lo referente a los requisitos de adjudicación, ampara expresamente la posibilidad de fijar un umbral mínimo de puntuación en los criterios cualitativos, ya que por la especial naturaleza de los servicios de seguridad privada, complementarios de la seguridad pública, es especialmente aconsejable la fijación de criterios rigurosos que garanticen la adecuada prestación de los servicios. Como requisito indispensable para la ejecución del servicio, conforme indica el artículo 202 de la Ley, destaca la exigencia del cumplimiento íntegro del convenio colectivo sectorial.

Además, durante el proceso de adjudicación, una de las principales novedades aplicables con esta ley es la atención a la vigencia del cumplimiento de todas las obligaciones de los adjudicatarios. A diferencia de la normativa anterior, la actual legislación establece en su artículo 149.4 que los órganos de contratación deberán rechazar las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque no cumplen las obligaciones aplicables en materia social o laboral, nacional o internacional, incluyendo la no consideración de lo establecido en el convenio colectivo sectorial.

Como actuaciones posteriores a la ejecución del servicio, el artículo 130.6 establece que un nuevo contratista no es responsable de los salarios impagados o de las cotizaciones a la seguridad social devengadas por los trabajadores afectos por la subrogación. Por ello, es preciso que los poderes adjudicadores identifiquen con la mayor diligencia posible cualquier tipo de incumplimiento y que adopten las medidas pertinentes para la inmediata resolución contractual.

Así, la cooperación formalizada con los agentes sociales puede ayudar a los responsables de contratación en todo el proceso de licitación, en particular para identificar posibles irregularidades, tanto en las condiciones de ejecución de los contratos relativas a la normativa administrativa de seguridad privada aplicable, como, muy especialmente, en lo relativo al cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones derivadas de la normativa laboral, en particular, el respeto estricto del convenio colectivo sectorial.

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