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OPINIÓN

¿Cuántas más tendrán que caer?

26/07/2019
Al cierre de esta edición de 'Seguritecnia', la inercia en torno a la insolvencia de Ombuds se han confirmado. La tercera compañía de seguridad privada en España entra en concurso de acreedores tras semanas de negociaciones con varios bancos para evitar dicho procedimiento.

Un caso paradigmático de una compañía sólida, con beneficios, que entra en poco tiempo en declive y pierde el favor de las entidades financieras, las cuales le niegan un crédito que le hubieran concedido hace no mucho. Se trata de mala noticia para el sector en su conjunto que perjudica, sobre todo, a sus cerca de 8.000 empleados –según estimaciones de UGT y CCOO–, que no saben si cobrarán sus nóminas, y a los usuarios que se quedan sin el servicio. La cuestión es, ¿por qué no se han adoptado aún medidas contundentes para evitar llegar a estas situaciones?

Resulta sintomático que, cada cierto tiempo, una gran empresa desaparezca a pesar de contar con un volumen de servicios aparentemente razonable como para garantizar su solvencia. Claramente, acumular una elevada deuda que acaba siendo inasumible es signo de un apetito de riesgo desmesurado y de una gestión inadecuada, pero existen otros factores que también favorecen la inestabilidad de las empresas. El actual modelo de contratación presenta muchas deficiencias que se trasladan fundamentalmente a la configuración de los pliegos y a la subrogación. Pero especialmente dañina es la reducción de los precios que se ofertan desde las administraciones públicas, que valoran muy a la baja los costes de la seguridad privada. Eso ha propiciado diversas situaciones a las que no se pone coto, a pesar de ser nocivas: empresas que ‘tiran’ los precios a costa de salarios por debajo del Convenio Colectivo, otras que acaban lastradas por no poder asumir los gastos que conlleva el servicio y compañías que, directamente, renuncian a presentarse a determinadas licitaciones porque saben que no son rentables. La nueva Ley de Contratos del Sector Público ha contribuido a mejorar el panorama; sin embargo, parece que no será suficiente para resolver la tesitura.

Por otro lado, está la subrogación, que en muchas ocasiones es perniciosa para las empresas y en no pocas también para los propios trabajadores. Aunque se trata de una medida que pretende proteger al empleado, tal como está configurada hoy, puede incluso perjudicarle cuando el cambio de compañía viene acompañado de un menoscabo de sus condiciones laborales. Una sentencia del Tribunal Supremo de hace aproximadamente un año vino a empeorar la situación al considerar que con el traspaso de plantillas se asumen todas las responsabilidades laborales y relativas a la Seguridad Social de la compañía precedente en el servicio. Lo lógico será que las empresas huyan de aquellas contrataciones en las que tengan que pagar las deudas contraídas por otras, con la consiguiente incertidumbre para los clientes y los empleados. El hecho de que queden servicios desiertos o abocados a una cobertura de mínimos es un problema más amplio que puede afectar a la Seguridad con mayúsculas. ¿Cuáles serían las consecuencias de esta circunstancia en una de nuestras infraestructuras críticas?

En definitiva, como hemos mencionado en otras ocasiones, es necesario replantear el modelo de Seguridad Privada en España para adaptarlo a la realidad del sector y de la sociedad. La fórmula requiere un análisis minucioso en el que participen todos los actores de esta actividad y la voluntad de la Administración. La Fundación Borredá se ha comprometido ya con ese objetivo y está elaborando un modelo que verá la luz en los próximos meses. 

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