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OPINIÓN

El eslabón más débil

06/05/2019
Uno de los axiomas más recurrentes de la seguridad es que las personas son el eslabón más débil de la cadena. La frase suena con frecuencia porque no cabe duda de que detrás de muchos incidentes que afectan a las organizaciones se encuentra el factor humano como principal vulnerabilidad.

Se trata de algo especialmente preocupante en el caso de los entornos estratégicos para el Estado por la repercusión que tendría para toda la sociedad un impacto grave en ellos. Pero la lectura de ese ‘mantra’ no debe circunscribirse siempre al error o al desconocimiento, sino a cualquier contexto en el que intervienen profesionales. Es el caso de infraestructuras críticas como el Aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez, donde nuevamente asistimos a una huelga de vigilantes en los filtros de acceso a las terminales. El conflicto laboral se ha convertido otra vez en un problema que afecta a la seguridad de este entorno y que la Ley de Contratos del Sector Público no ha podido apaciguar. Sin embargo, mientras se encuentra una solución a este desacuerdo entre empresa y trabajadores, lo que queda en evidencia es que los servicios de vigilancia son el eslabón más débil cuando se producen situaciones como estas. Por todo ello, ya no solo los proveedores de servicios sino el sector al completo ha de estudiar opciones de mejora y concienciarse de que el negocio no puede convertir a la seguridad privada en una debilidad cuando surgen este tipo de circunstancias, y menos si se trata de infraestructuras críticas. 

Esta coyuntura coincide con la revisión de los planes de colaboración con el sector privado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por un lado, la Policía Nacional ha actualizado su Plan Red Azul Seguridad (R@S) con el objetivo de conseguir una mayor eficacia operativa y en el intercambio de información en ambas direcciones. Por su parte, la Guardia Civil ha ampliado el ámbito de aplicación de su Programa Coopera para que pueda formar parte de él un mayor número de perfiles profesionales y, de ese modo, conseguir un mejor aprovechamiento de los recursos que ofrece la seguridad privada a la seguridad pública. Estos movimientos forman parte del interés de la Administración por contar con el sector privado en ese marco de complementariedad que le atribuye la Ley de Seguridad Privada. Motivo por el que no deben comprometerse las expectativas creadas cuando las autoridades decidieron incluir al sector privado como un recurso más del sistema público de seguridad.

Al margen de esta problemática, otra acción que muestra la evolución de la seguridad en España es la flamante aprobación de una nueva Estrategia de Ciberseguridad Nacional, que sustituye a la de 2013. Aunque al cierre de esta edición no ha trascendido públicamente el documento, sí podemos constatar que para su elaboración se ha contado con la participación de especialistas del ámbito privado. Sin duda, también la ciberseguridad está evolucionando y las empresas y profesionales tienen mucho que aportar, no solo recursos sino también conocimientos y experiencia. De eso se trata, de que al final la colaboración cobre todo su significado y contribuya a mejorar la protección de la sociedad. El negocio es la razón de ser de las empresas, pero no debería convertirse en un lastre para conseguir esa finalidad. 

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