sector de la seguridad privada, empresas de seguridad, empresas de servicios, revista Seguritecnia, ciberseguridad
Revista Seguritecnia Edición impresa
Valoración
  • Actualmente 0 de 5 Estrellas.
Tu valoración
  • Actualmente 0 de 5 Estrellas.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
OPINIÓN

Estrategias a favor de la colaboración

05/04/2019
Hace tiempo que la seguridad privada se convirtió en un actor relevante para el sistema nacional de protección de la sociedad. Lo reflejan las leyes de Seguridad Nacional, de Seguridad Privada, de Infraestructuras Críticas, la Estrategia Nacional de Seguridad…

En lo poco que llevamos de 2019 se han dado dos muestras más de esa dinámica de impulso a la colaboración público-privada a través de sendos documentos de referencia: la Estrategia Nacional contra el Terrorismo y la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave. En tiempos en los que la conveniencia de que la seguridad privada asuma determinadas tareas o responsabilidades se pone en cuestión, estas estrategias refuerzan la importancia del sector. Tanto una como otra abogan por fortalecer la colaboración y coordinación público-privada –tanto en el ámbito físico como cibernético– para favorecer la lucha contra esas dos lacras para la sociedad.

La Estrategia Nacional contra el Terrorismo, aprobada el 22 de febrero, apunta la necesidad de “reforzar la seguridad privada como complemento auxiliar y colaboradora necesaria de la seguridad pública”, promoviendo la formación de los profesionales para que contribuyan desde sus capacidades a combatir esta violencia, así como fomentando las relaciones público-privadas con el objetivo de producir sinergias o mejorando los planes de protección de infraestructuras críticas. Igualmente sucede con la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave, aprobada un día antes que la anterior, en la que se requiere potenciar la colaboración de múltiples actores, entre los que están incluidas las empresas y los departamentos de seguridad, o favorecer el intercambio de información de manera rápida y efectiva. 

Todas ellas son medidas que venimos observando desde hace tiempo, que no son novedosas porque –es necesario recordarlo– desde el Ministerio del Interior, a través de sus diferentes organismos, han contribuido a ese avance durante los últimos años. Los planes de colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como otros órganos de la Administración, se han materializado en acciones de todo tipo encaminadas a conseguir los objetivos mencionados. Algunos ejemplos muy recientes son la formación para luchar contra el terrorismo que recibieron el año pasado miles de vigilantes y directores de seguridad por parte de la Unidad Central de Seguridad Privada o, en el plano autonómico, los simulacros anti-incidentes armados en diferentes ciudades de España o el Protocolo de Seguridad contra las Violencias Sexuales en Entornos de Ocio recientemente aprobado en Cataluña, en el que la seguridad privada juega un papel importante. Se trata de iniciativas encaminadas a aprovechar las capacidades de la seguridad privada, siempre como labor complementaria a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Por todo ello, la seguridad privada representa un actor válido cuya capacidad de contribución a la seguridad de múltiples entornos, no solo físicos sino también cibernéticos, debe quedar fuera de toda duda. Esto es así también en contextos como el perímetro de las prisiones, donde se pone en entredicho la presencia de vigilantes y no queda clara su continuidad a pesar de que se hayan renovado recientemente algunos contratos (la intención manifestada desde Instituciones Penitenciarias es suprimirlos). Sea cual sea el desenlace en este ámbito, es manifiesto que la seguridad privada suma, como las estrategias nacionales nos acaban de recordar.

Volver