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OPINIÓN

Involución en las prisiones

07/03/2019
La Seguridad Privada ha evolucionado tremendamente en la última década en diferentes sentidos, pero sobre todo en la consideración que le otorga el Estado. La ley de 2014 supuso el espaldarazo definitivo para integrar al sector en el sistema de seguridad pública, al considerarlo un complemento de la actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), apostando por tanto por su papel preventivo en beneficio de la seguridad general.

En definitiva, la norma que regula esta actividad considera a sus empresas y profesionales como actores auxiliares y colaboradores de las autoridades, que contribuyen a mejorar las capacidades de la Administración para hacer frente a las amenazas. Sin embargo, la política propicia en ocasiones cierta involución en torno a todos esos avances, más por una cuestión ideológica que de interés público. Nos referimos a la decisión por parte de Instituciones Penitenciarias de rescindir los contratos con las empresas de seguridad privada que prestan servicio en el exterior de las cárceles a medida que se incorporen más efectivos a las FCSE.

La ampliación de las plantillas policiales es sin duda una grata noticia dadas las necesidades que requiere el actual contexto de amenazas, así como el déficit de personal motivado por la crisis económica. El terrorismo yihadista, el crimen organizado, la ciberdelincuencia, los conflictos sociales, etc., requieren un notable incremento de los recursos con los que cuenta el Estado y a su vez una mayor especialización frente a las nuevas metodologías delictivas. Precisamente por ello, la seguridad privada representa un recurso adicional idóneo para desempeñar determinadas funciones que, sin dejar de ser importantes, requieren menos especialización y capacidad de respuesta. En ese sentido, el sector privado ha demostrado su solvencia para vigilar el perímetro de las prisiones, siempre bajo las pautas que ha indicado el Ministerio del Interior. De esta manera, tal como se enfocó en su día, se logró una mayor eficiencia de los recursos públicos al poder sustituirlos de ese cometido para hacerse cargo de otros de mayor envergadura. Por tanto, la decisión de retirar a las empresas de vigilancia de los centros penitenciarios representa un paso atrás en la potencialidad que le otorga a este sector la Ley de Seguridad Privada desde la perspectiva del interés público.

Medidas de este tipo van, además, en contra del espíritu de complementariedad que recoge dicha norma y supone desaprovechar recursos públicos destinándolos a funciones que perfectamente pueden asumir los profesionales del sector privado. Si la seguridad privada ha demostrado su aptitud para vigilar el exterior de las prisiones, si contribuye a conseguir una mayor eficiencia y además permite destinar efectivos de las FCSE a actividades de mayor calado, no podemos compartir la decisión de Instituciones Penitenciarias a este respecto. Las mismas argumentaciones en contra de la presencia de vigilantes en el perímetro de las cárceles podría aplicarse a otros entornos públicos en los que no se cuestiona su validez, como estaciones de transporte, edificios de la Administración o infraestructuras estratégicas. Pero si eso sucediera, habría que pensar en el escenario posterior, que supondría espacios a los que el Estado no podría llegar con recursos únicamente públicos porque el escenario de amenazas hace que de esta manera sea inabordable. Es decir, el resultado final sería una sociedad menos protegida.  

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