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OPINIÓN

La colaboración, pilar de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional

31/05/2019
España acaba de renovar su Estrategia Nacional de Ciberseguridad para adaptarla a una realidad que ha cambiado sustancialmente desde la versión anterior de este documento, aprobada en 2013. La evolución de los retos tecnológicos acelera a velocidad exponencial hasta el punto de que en solo seis años el panorama difiere en bastantes cosas.

La esencia continúa siendo la misma, es necesario obtener capacidades y aplicar medidas de todo tipo para generar un ciberespacio seguro para la sociedad en su conjunto. Sin embargo, durante ese tiempo han surgido nuevas amenazas que ahora exigen no solo potenciar los recursos del Estado, sino también incorporar nuevos instrumentos que favorezcan la protección en este entorno. La desinformación, el ciberespionaje, el empleo de nuevas modalidades de transacción para cometer frade o el proselitismo terrorista son algunas de ellas, que se suman a otras ya tradicionales.

La nueva Estrategia comprende estas y otras amenazas como un reto de seguridad de primer orden para España. Para hacerles frente, establece unos objetivos y varios ejes, que se podrían sintetizar en la necesidad de reforzar las capacidades del Estado, la generación de una cultura de ciberseguridad, la evolución continua de la normativa, el apoyo a la industria española y la cooperación a todos los niveles. En ese sentido, el documento sostiene que “el sector privado juega un papel relevante como uno de los gestores propietarios de los activos digitales de España, por lo que las capacidades de ciberseguridad del país residen en gran medida en las de sus empresas”. Es por tanto previsible que la participación del sector privado vaya cada vez a más en este entorno –de hecho ya es una pieza tomada muy en cuenta por los organismos dedicados a la materia–, por lo que debe considerarlo como un recurso más del Estado al nivel que existe con la seguridad privada.

Entre las novedades de la Estrategia, aprobada en abril, está la constitución de dos órganos que contribuirán a impulsar la colaboración y coordinación frente a las amenazas de la red a diferentes niveles. Por un lado, crea la Comisión Permanente de Ciberseguridad, de carácter interministerial y operativo, para gestionar las crisis que se produzcan en este ámbito. Y por otro lado, instaura el Foro Nacional de Ciberseguridad, que actuará en la potenciación y creación de sinergias público-privadas, sobre todo en la generación de conocimientos. Es decir, un nuevo rasgo de la importancia de compartir responsabilidades y aportar recursos frente a los retos actuales y futuros que se presentan en la Red.

No puede esperarse otra cosa que la colaboración se constituya como uno de los principales pilares de la estrategia del Estado contra las ciberamenazas. Sobre todo porque estas son cada vez de mayor envergadura y afectan desde hace tiempo a la seguridad nacional, como es el caso de los ataques dirigidos a las infraestructuras críticas o las acciones de espionaje o desinformación, que utilizan cada vez más Estados con la intención de desestabilizar y manipular a otros países. Contar con un ciberespacio seguro requiere la aportación de todos los actores, sobre todo del Estado, las empresas y los ciudadanos.   

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