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OPINIÓN

Responsabilidad y confianza

23/02/2016
La Secretaria de Estado de Seguridad acaba de llevar a cabo la revisión del Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (PNPIC) a través de la Instrucción 01/2016, del 10 de febrero.

De este modo, España avanza en su cometido de proteger de manera eficiente sus infraestructuras críticas frente a todo tipo de ataques, especialmente aquellos de carácter terrorista. A tenor del avance de este tipo de actividades así como del aumento imparable de otras amenazas como el cibercrimen, las autoridades, con el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC) como referencia, han considerado necesario reexaminar algunos aspectos de la primera versión del Plan, aprobada en 2007.

De lo que trasciende a través de los responsables de dicho organismo (podrán leer un artículo de Fernando Sánchez, director del CNPIC, sobre el asunto en las páginas de este número), queda patente la trascendencia que se le otorga a los operadores críticos que en su inmensa mayoría son empresas privadas. El PNPIC considera a estos agentes corresponsables de la seguridad de las infraestructuras que operan, planteando una serie de obligaciones y medidas operativas. Pero incluso teniendo en cuenta que se trata –como toda normativa o documento vinculante– de una imposición, el hecho de que se confiera importancia a los operadores manifiesta la confianza que se ha puesto sobre ellos como responsables de proveer servicios esenciales a la sociedad. Por tanto exige un compromiso firme que, de hecho, ya se refleja en su disposición de mejora y en la colaboración con los organismos responsables de las infraestructuras críticas españolas.

Sin duda, estamos ante una de las materias más trascendentes en cuanto a la seguridad en nuestro país. En ese sentido, la Fundación Borredá ha querido contribuir en la medida de sus capacidades a facilitar a los profesionales de la seguridad en las infraestructuras críticas su labor en un escenario complejo y con abundante normativa de aplicación. Para ello, acaba de editar la Guía PIC. El Modelo de Protección de Infraestructuras Críticas en España, en colaboración con el CNPIC, que pretende ser una herramienta de consulta para conocer el Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas y sus instrumentos de planificación.

El documento se presentará en SICUR, en el stand que la Fundación Borredá comparte con Seguritecnia (10F01). Pero además, quienes visiten nuestro espacio de exposición podrán conocer el primer número de Segurilatam, la nueva publicación de la editorial Borrmart que nace con el objetivo de convertirse en un medio de referencia en Latinoamérica y de unión para los profesionales de la seguridad de ambas orillas. En nuestro número de Seguritecnia podrán encontrar, por otro lado, un avance del Estudio Sectorial de la Seguridad Privada donde se analizan diferentes aspectos de la actividad, gracias a las aportaciones que han realizado los propios profesionales del sector.

La edición de este año de la feria de seguridad española por excelencia tiene si cabe una significación añadida puesto que será la primera después de muchos años en los que el sector ha sufrido la crisis económica. Aunque el panorama en este sentido no está despejado, sí se aprecian signos de mejora en términos generales y las previsiones a futuro son contenidamente optimistas. SICUR siempre ha servido para tomar el pulso al sector, no ya por el nivel de negocio que mueve allí sino porque representa también un espacio para dialogar y conocer las opiniones de los representantes de las empresas.

No cabe duda de que buena parte de esas conversaciones girarán en torno a la Ley de Seguridad Privada y al esperado Reglamento de desarrollo. La situación política actual supone un muro para que éste último documento vea la luz, a pesar de la necesidad de que salga adelante. Independientemente del color político del Gobierno que se forme en las próximas fechas o que resulte de unas nuevas elecciones si se diera el caso, la normativa de seguridad privada debe seguir su curso. El estancamiento no beneficia ni al sector ni a la propia Administración. La aprobación del Reglamento es, pues, un asunto urgente para la mejora no sólo de las empresas, sino de toda la sociedad.

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