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OPINIÓN

Un avance hacia la modernización

13/05/2013
Las empresas españolas de seguridad necesitaban desde hacía tiempo un espaldarazo que pusiera en valor su capacidad de trabajo y la calidad de sus servicios.

La complicada situación económica por la que atraviesan estas compañías y los desgraciados acontecimientos que han ocurrido en los últimos meses han influido en la percepción que se tiene del sector español dentro y fuera de nuestras fronteras. La mejor oportunidad para reivindicar su valía llegó de la mano de la IV Cumbre Europea de Servicios de Seguridad Privada, celebrada en Madrid los días 14 y 15 de marzo. Este evento, organizado por la Confederación Europea de Servicios de Seguridad (CoESS) y la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER), situó a España en el centro de todas las miradas y sirvió para demostrar que las empresas y profesionales españoles están en el nivel más alto.

La celebración en la capital de este encuentro supone un apoyo manifiesto de CoESS al sector español, sabedora de las dificultades que viene arrastrando desde hace más de cinco años. Si esto es importante, no lo es menos el apoyo institucional que recibió la Cumbre con la presencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien destacó el “valor estratégico” de la seguridad privada tanto para la economía como para la protección de los ciudadanos. El ministro anunció la inminente tramitación del Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada en el Congreso de los Diputados, que representa un paso más hacia la modernización definitiva del sector con una mirada a largo plazo.

También acudió el secretario general técnico del Ministerio, Juan Antonio Puigserver, que adelantó algunos de los puntos más importantes de la reforma. Entre ellos destacan la introducción de los principios de “complementariedad, cooperación y corresponsabilidad” de la Seguridad Privada respecto a la pública, una mayor protección jurídica para el personal, la apertura de nuevos servicios a las empresas privadas o el endurecimiento del régimen sancionador para hacer frente al intrusismo. Estas medidas demuestran que la Administración ha tenido en cuenta algunas de las más importantes reivindicaciones que durante veinte años ha hecho el sector. No eran un capricho, sino una necesidad impuesta por la nueva realidad que envuelve a la Seguridad en nuestro país en aspectos como la economía, la distribución de competencias entre las comunidades autónomas y el desarrollo tecnológico. En relación con este último aspecto, es fundamental la incorporación a la nueva Ley las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La norma de 1992 ni siquiera pensaba en ellas, sin embargo, en pleno siglo XXI, no atender a la importancia que tienen sería una contradicción si se pretende conferir un enfoque integral a la seguridad.

Para que esos avances hayan tenido calado en el nuevo texto ha sido imprescindible la aportación de los principales responsables en materia de Seguridad Privada dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: el comisario Esteban Gándara y el coronel César Álvarez. El secretario general técnico del Ministerio del Interior los definió acertadamente como “los padres” de la nueva norma. Es innegable que estos dos profesionales son una parte fundamental del impulso que ha experimentado la Seguridad Privada durante los últimos años y del cambio de percepción que ha tenido la Administración respecto al sector.

De la Cumbre también se extrajo una foto que refleja el deseo del sector por salir adelante de su complicada situación y avanzar. Fue la de los sindicatos profesionales, que estuvieron presentes en el evento pocas horas después de sacar adelante la modificación del Convenio Colectivo. Como señaló el presidente de APROSER, Javier Tabernero, los agentes sociales que han participado en las negociaciones han sabido estar a la altura de las circunstancia haciendo grandes esfuerzos. 

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