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OPINIÓN

Un último esfuerzo

31/07/2013
La nueva Ley de Seguridad Privada dio el 14 de junio un paso más hacia su aprobación definitiva, cuando el Consejo de Ministros aprobó el texto del Proyecto para su tramitación parlamentaria.

 La futura norma entra pues en la fase definitiva a la espera del debate de los grupos políticos, cuyo desarrollo determinará el momento en el que verá la luz. El secretario general técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver, asegura en una entrevista a Seguritecnia que ese momento se producirá a finales de este año o comienzos de 2014. Esa diferencia, en cualquier caso, no debería suponer muchos meses.

La norma ha sido trabajada en profundidad y con amplia reflexión, por ello no se esperan cambios sustanciales durante la tramitación en las Cortes Generales, más teniendo en cuenta que el Gobierno tiene mayoría absoluta tanto en el Congreso de los Diputados y como en el Senado. En cualquier caso, lo que no debería cuestionarse de ningún modo es el avance que esta norma supondrá para uno de los principales pilares de las sociedades desarrollas, que no es otro que la seguridad. Ciertamente el Proyecto responde al ordenamiento de una actividad económica, pero sobre todo articula un modelo de colaboración cuya finalidad es mejorar la protección interior del país. Motivo por el que la Seguridad Privada asume mayores responsabilidades en ese sentido. 

En términos generales, el Proyecto eleva la categoría de la Seguridad Privada en muchas facetas. La primera tiene que ver con el cambio de concepción que hace de este sector en comparación con la ley vigente, ya que se pasa de poner el acento en la subordinación a desarrollar más eficazmente el principio de complementariedad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS).

Por otro lado, la nueva ley abre muchas más posibilidades a las empresas, pero a su vez les exige que asuman mayores responsabilidades. Aunque la norma amplía el número de ámbitos de actuación de las compañías, también se muestra más rigurosa con ellas en cuanto a la capacidad que deben ofrecer para prestar un servicio con todas las garantía. Esto se muestra especialmente en las infraestructuras esenciales donde no podrán trabajar aquellas empresas que no ofrezcan unos altos niveles de calidad y de respuesta en cuanto a las necesidades de estos entornos.

No se puede negar que la Administración ha realizado un esfuerzo importante a la hora de elaborar la nueva Ley de Seguridad Privada y que ha contado con el sector para ello. Aun así, algunos sectores consideran que hay ciertos aspectos que deberían modificarse o concretarse, como son la obligación de que las centrales receptoras de alarmas estén gestionadas por vigilantes de seguridad y no operadores, la prestación de los servicios de acuda con armas, las diferentes vías de acceso a la profesión que existen o la definición de los contenidos que debe recoger el grado universitario para los directores de Seguridad.

 
Como señalábamos al principio de este editorial, no se esperan grandes cambios en la norma que se tramitará en el Parlamento, pero sí existe la posibilidad de influir en las enmiendas que presenten los grupos políticos. Esto ya sucedió cuando la ley vigente se aprobó en 1992, por lo que el sector no debería perder la oportunidad de insistir en esos matices que cree necesarios. Es momento pues de que el sector haga un último esfuerzo para conseguir una ley más cercana todavía a sus deseos. Estamos convencidos de que también los diferentes grupos políticos le sabrán escuchar. 

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