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NOTICIA

Profesionales de seguridad privada: personal y formación

09/12/2014
Bajo este epígrafe se englobó durante el Congreso tanto el grupo de trabajo de Personal como el de Formación. Ambos valoraron acertadamente los artículos de la Ley que mejoran el trabajo y la preparación de los profesionales de la seguridad privada. Sin embargo, creen conveniente desarrollar reglamentariamente varios aspectos importantes.

Para el grupo de trabajo de Personal la nueva Ley de Seguridad Privada merece “una valoración muy positiva”, al menos en lo que se refiere al personal, en tanto en cuanto “recoge varias de las aspiraciones que los profesionales del sector venían reclamando en los últimos tiempos”, según explicó durante su intervención José Antonio Martínez, presidente de la Asociación Española de Directores de Seguridad (AEDS), en la mesa moderada por Vicente de la Cruz, presidente de la Asociación Española de Escoltas (ASES), y Alfonso Castaño, en representación de ASIS International-España.

Sin embargo, este grupo de trabajo presentó una serie de propuestas para el futuro Reglamento con el fin de establecer los marcos de colaboración en relación con los servicios de seguridad privada. Partiendo de esta base, Martínez distinguió distintas clases de propuestas en función del tipo de profesional de seguridad del que se hable en cada caso. 

En primer lugar, y respecto a la protección jurídica de los agentes de la autoridad, “sería conveniente definir con mayor claridad cuáles son las situaciones en las que el personal de seguridad privada actúa en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS)”, puntualizó.  

En cuanto a los vigilantes de explosivos, la remisión reglamentaria deberá ser de acuerdo a lo establecido en la actual regulación del Real Decreto 230/1998 por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos.  

Por otro lado, el Reglamento deberá equiparar con todas las garantías, según explicó Martínez, los guardas rurales autónomos y los integrados en empresas de seguridad, “no dando lugar a situaciones de desigualdad de trato entre unos y otros”, añadió. 

El directivo también se detuvo en los jefes de seguridad respecto a su responsabilidad sobre la custodia y traslado de armas y en relación a las prácticas de tiro. En este sentido, el Reglamento debería prever “la posibilidad de que las galerías de tiro puedan tener sus propias armas y facultar a éstas para que oferten el alquiler de la galería con arma o sin ella”, apuntó.

A continuación, y en relación a la exigencia de nombrar un director de seguridad por parte de los usuarios, deberá definirse el listado de instalaciones  de sujetos obligados que deben disponer de dicha figura. 

Martínez también abordó durante su exposición la figura de los detectives privados, los cuales no pueden investigar delitos perseguibles de oficio, pero “se entiende que no se debe denunciar inmeridamente ante la autoridad cualquier hecho de esta naturaleza que llegara a su conocimiento, sino que se han de comunicar”, explicó. 

Finalmente, el directivo concluyó su intervención haciendo una referencia a la Disposición Transitoria Segunda y Tercera de la Ley.  Y es que el Reglamento debería establecer “el régimen transitorio de los operadores de centrales receptoras de alarmas y técnicos, estableciendo qué ocurre cuando cualquiera de ellos, no teniendo la acreditación que regula la normativa, es contratado por otra empresa de seguridad o pierde su puesto de trabajo y quiere reintegrarse en otra empresa”, manifestó.

Formación

A continuación, llegó el turno del grupo de Formación, para quien la nueva Ley contribuye de forma significativa “incrementar el reconcomiento social de los profesionales del sector de la seguridad privada a través de la formación, y reconoce la importancia de ésta en el conjunto de las medidas destinadas a la protección de la sociedad”, según comentó Luis González, secretario general de FES. Es más, y en coherencia con dichos reconocimientos, “la Ley amplía las posiblidades de acceso a los profesionales de seguridad privada desde la perspectiva de la formación profesional reglada o de grado universitario y de los certificados de profesionalidad”, apuntó Alicia Gómez de Hinojosa, miembro de APROSER. De hecho, para la directiva, éste es uno de los aspectos de la nueva ley “más positivos”, por lo que confían en que “la regularización de las distintas vías de acceso se realizce a la mayor brevedad posible”. 

A partir de aquí, analizaron los artículos del 26 al 29 de la Ley, que son los que hacen referencia a la formación, estableciendo sus propuestas reglamentarias.  

En primer lugar, y respecto al artículo 26.3, sus integrantes consideran que el incremento de exigencia formativa que se indica que pueda desarrollarse reglamentariamente no debe regirse por el criterio de exigir una mayor formación reglada que la ya contemplada en la Ley, aunque “sí se pueden exigir unos cursos de especialización específicos para el sector estrátegio en el que se enmarquen las infraestructuras críticas”, en palabras de Gómez de Hinojosa .  

En el caso del artículo 26.4, el grupo de trabajo opina que, a la hora de regular reglamentariamente las habilidades adicionales a las ya adquiridas por los profesionales, se deberían tener en cuenta “todos los programas de formación que se han desarrollado hasta el momento en el sector, las formaciones que se puedan llevar a cabo desde otros ámbitos y la propia experiencia de los profesionales en la prestaciones de servicios”, explicaron.

Por su parte, el artículo 27.1 habla sobre la necesidad de que el personal de seguridad obtenga la habilitación del Ministerio de Interior para el ejercicio de sus funciones, la cual, según Gómez de Hinojosa, debería “estar condicionada a la formación asociada a dichas habilitaciones”.

Para la obtención de esas habilidades profesionales, según el artículo 28.1, será preciso superar unas pruebas de comprobación. Ahora bien, para este grupo de trabajo el desarrollo reglamentario de esas pruebas, en palabras de la representante de APROSER, “debería contemplar la posiblidad de que se realizaran en los centros homologados por el Ministerio del Interior”. 

Otro artículo objeto de análisis por parte durante su exposición fue el 28.6, pues consideran que la reglamentación de las medidas compensatorias que se mencionan en él ha de estar, entre otras cosas, condicionda a la formación exigida en nuestro país para las diferentes opciones profesionales.  

Finalmente, y en referencia al artículo 29.4 que habla sobre los centros de formación del personal de seguridad privada, Gómez de Hinojosa explicó que sus requisitos “deberían de ser más exigentes a los actuales”, sobre todo en cuanto a las condidionces de las aulas. No obstante, continuó, “consideramos que otros requisitos, como los armeros o el uso de las galerías de tiro, se deberían revisar como exigencia general”.

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