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REPORTAJE La seguridad portuaria, una obligación

IV Conferencia Sectorial de Seguridad en Puertos

12/06/2019 - Bernardo Valadés y Juanjo S. Arenas
La actividad portuaria es esencial para la economía de nuestro país y la calidad de vida de sus ciudadanos, de ahí que la Administración considere prioritaria su protección. Así quedó de manifiesto en la Conferencia Sectorial de Seguridad en Puertos celebrada en la sede del COEM bajo la organización de la Fundación Borredá y la colaboración de Puertos del Estado y Seguritecnia; una jornada en la que, entre otros retos, se planteó la necesidad de actualizar la normativa vigente y se valoró el papel del sector privado.

Como en ediciones anteriores, la IV Conferencia Sectorial de Seguridad en Puertos se caracterizó por un intenso programa que posibilitó abordar numerosas cuestiones de interés encaminadas a mejorar la protección en el ámbito portuario. Y también por su emotividad, ya que días antes de su celebración hubo que lamentar el fallecimiento de Enrique Polanco, socio director de Global Technology 4E y profesional estrechamente vinculado a la seguridad portuaria. Por dicho motivo, Ana Borredá, presidenta de la Fundación Borredá y directora de Seguritecnia, solicitó a los presentes guardar un minuto de silencio en su memoria antes de proceder a la inauguración oficial de la jornada.

Principales retos

Esta última corrió a cargo de Leandro Melgar, director de Explotación de Puertos del Estado, quien, tras destacar la importancia de la conferencia como punto de encuentro “para realizar contactos y compartir experiencias”, cedió la palabra a María José Rallo.

Como punto de partida, la secretaria general de Transporte resaltó que “el transporte marítimo es esencial para la economía y la calidad de vida de los ciudadanos. Por dicho motivo, las administraciones públicas estamos obligadas a garantizar un transporte eficiente, de calidad y, sobre todo, seguro. La seguridad debe ser el sustrato sobre el que edificar todo el sistema de transporte”, enfatizó. Por ello recordó que, el pasado mes de febrero, el Ministerio de Fomento presentó el Informe sobre la seguridad en los transportes y las infraestructuras, “un documento que hace especial hincapié en la protección de las infraestructuras críticas y la ciberseguridad”, apuntó.

En cuanto a los retos que ha de afrontar el sector público para reforzar la seguridad portuaria, Rallo se refirió en primer término a la necesaria modernización del Real Decreto 1617/2007, que establece las medidas encaminadas a la mejora de la protección de los puertos y del transporte marítimo. Asimismo, juzgó relevante la implementación de medidas tecnológicas para agilizar los procesos y procedimientos relacionados con el sistema de protección portuaria; la creación de un Comité Nacional de Protección Marítima similar al que existe en el ámbito de la aviación civil; el establecimiento de inspecciones que representen un mecanismo de conocimiento y mejora continua; y el fomento de la cultura de la seguridad.

Por último, la secretaria general de Transporte hizo referencia a las ciberamenazas, “en constante evolución y que nos obligan a las administraciones y organismos del Estado a realizar un importante esfuerzo de inversión”. “Pero todos estos retos no podremos abordarlos sin la participación del sector privado, ya que la seguridad portuaria afecta a todos los actores implicados”, concluyó.

Referente aeroportuario

Quien también se refirió a los desafíos que se deben afrontar a corto y medio plazo fue Celia Tamarit, jefa del área de Seguridad Portuaria de Puertos del Estado. Para ello, llevó a cabo una didáctica comparativa entre los ámbitos aeroportuario y portuario con el fin de demostrar que el segundo es más complejo tanto en lo relativo al trasporte de pasajeros y mercancías como en lo referente a la integración de las instalaciones con el entorno.

Igualmente, en lo que atañe a la normativa observó que la seguridad portuaria va por detrás de la aeroportuaria. En el caso de España, al igual que María José Rallo, consideró obsoleto el Real Decreto 1617/2007. Y en sintonía con la secretaria general de Transporte se lamentó de que no exista un Comité Nacional de Protección Marítima semejante al de la aviación civil.

Como acciones inmediatas, es necesario impulsar el desarrollo tecnológico, mejorar las directrices para la gestión de las instalaciones portuarias y contar con un sistema de inspecciones eficaz. Y a medio plazo debemos parecernos al ámbito aeroportuario a través de un marco normativo más definido, mecanismos de coordinación, herramientas de planificación y procesos de mejora continua”, resumió.

Protección marítima

Las mejoras en el ámbito de la protección marítima fue el protagonista de la ponencia de Mateo Vara, jefe de división de Protección Portuaria de Puertos del Estado, en la que destacó una serie de proyectos que se están llevando a cabo desde su organismo, como el sistema de inspecciones, calificado como “clave” por el ponente. “Todo lo que se aprenda de las inspecciones debe repercutir en la mejora de la normativa y así entender cómo aplicarla, por lo que tiene que ser una herramienta de perfeccionamiento continuo”, señaló el ponente.

Además, Vara mencionó que desde hace tiempo Puertos del Estado está trabajando en la integración eficiente entre la normativa de protección marítima y de infraestructuras críticas. A ello le añadió diversos proyectos en los que su organización está inmersa, como el caso de una instrucción general para la gestión de la instalación portuaria –en la que se analiza todo el ciclo de vida de este tipo de emplazamientos con el objetivo de establecer las funciones de cada una de las fases de dicho ciclo– y de una metodología de análisis de riesgos.

Precisamente este último tema fue el eje de la intervención de Azucena Fraile, consultora en materia de protección portuaria de Isdefe. Tras situar a Francia como ejemplo “del fin al que el sistema portuario español quiere llegar”, Fraile destacó el conocimiento previo como “fundamental” a la hora de realizar un análisis de riesgos. “Una vez se realice la estimación del riesgo hay que establecer una serie de conclusiones que incluyan la identificación de los puntos débiles, las medidas correctoras y la evaluación de su eficacia. Pero también es necesario que se realicen inspecciones”, concluyó su ponencia.

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