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REPORTAJE

La formación, esencial para lograr un sector confiable

30/07/2015 - Bernardo Valadés
El madrileño Hotel Meliá Castilla fue testigo del quinto “EnClave de Ley” organizado por Seguritecnia con el patrocinio, en esta ocasión, de la Fundación Borredá. Dedicado a la formación en seguridad privada –esencial para lograr la confiabilidad del sector, según el comisario jefe Esteban Gándara–, durante el mismo se analizaron cuestiones como las vías de acceso a la profesión, la especialización o el papel de los centros de formación, sujetos responsables tras la aprobación de la Ley de Seguridad Privada. Asimismo, como es habitual en nuestros desayunos de trabajo, los asistentes realizaron propuestas de cara al futuro Reglamento.
De izquierda a derecha: Basilio Alberto Febles, FTSP-USO; José Antonio Montero, SEPROSE; Jorge Salgueiro, AJSE; Raúl Beltrán, Asociación profesional de Guardas Jurados de Caza; José Manuel Alonso, ASEFOSP; Ana Borredá, Seguritecnia; Vicente de la Cruz, ASES; Esteban Gándara, CNP; Juan Muñoz, ASIS España; Eva Grueso, APDPE; Miguel Gawenda, ANPASP; y Enrique González, Seguritecnia.

La formación en seguridad privada cobra especial protagonismo en la Ley de Seguridad Privada aprobada en abril de 2014. Tanto es así que, antes de ser abordada de manera profusa en el artículo 29, la misma es objeto de atención en el preámbulo de la norma, donde se expone que, entre otros objetivos, “la nueva regulación contempla la mejora de la eficacia en la prestación de los servicios de seguridad privada en lo relativo a organización y planificación, formación y motivación del personal de seguridad”.

Además, “la Ley sustituye el sistema más gravoso de la autorización administrativa por el de la declaración responsable para los centros de formación de personal de seguridad privada” y abre nuevas vías de acceso a la profesión al contemplar, a petición del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, “una formación profesional reglada o de grado universitario”, posibilidades a las que se suman “los correspondientes certificados de profesionalidad del Ministerio de Empleo y Seguridad Social”.

Con el fin de conocer la opinión de los principales colectivos del sector en torno a la formación y las inquietudes que puede suscitarles el nuevo Reglamento, Seguritecnia organizó un nuevo “EnClave de Ley” en el madrileño Hotel Meliá Castilla. Moderado por Ana Borredá, directora de la publicación y presidenta de la Fundación Borredá, el desayuno de trabajo contó con la participación de Juan Muñoz, presidente del Capítulo Español de ASIS International; Jorge Salgueiro, vicepresidente jurídico de la Asociación de Jefes de Seguridad de España (AJSE); José Manuel Alonso, presidente de la Asociación Estatal de Formación de Seguridad Privada (ASEFOSP); Miguel Gawenda, presidente de la Asociación Nacional de Profesores Acreditados de Seguridad Privada (ANPASP); Vicente de la Cruz, presidente de la Asociación Española de Escoltas (ASES); Eva Grueso, presidenta de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE); Raúl Beltrán, presidente de la Asociación Profesional de Guardas Jurados de Caza; y Basilio Alberto Febles y Roberto Serrano en representación de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP) de Unión Sindical Obrera (USO). Junto a ellos, José Antonio Montero, teniente coronel jefe de la Sección de Gestión de la Seguridad Privada del SEPROSE de la Guardia Civil, y Esteban Gándara, comisario jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), en calidad de representantes de la Administración, intentaron esclarecer las dudas de los participantes.

Mejoras pendientes

Al ser preguntados por Enrique González, redactor jefe de Seguritecnia, sobre el panorama actual, los asistentes realizaron, en general, una lectura positiva de la situación. En el caso de Vicente de la Cruz, destacó los avances producidos en dicha materia “gracias a una norma que apuesta decididamente por la formación”, opinión compartida por Juan Muñoz, quien, además, ensalzó el “gran esfuerzo” realizado por la Guardia Civil y el CNP en la elaboración de la Ley de Seguridad Privada. Por su parte, Basilio Alberto Febles mostró su satisfacción por el control que ha propiciado la misma. “De los 24 cursos de formación que hemos realizado este año, todos han sido inspeccionados, cosa que antes no sucedía. Por lo tanto, ese mecanismo que solicitamos, y es necesario, se está cumpliendo”, esclareció el representante de FTSP-USO.

Seguidamente, se solicitó a los profesionales que expusieran cuáles son, a su juicio, las mejoras pendientes que deben llevarse a cabo tras la aprobación de la Ley. En el caso de los detectives, Eva Grueso apuntó al ámbito universitario y requirió “que se cumplan los programas que se aprueban”, así como un control riguroso sobre la impartición de los mismos. “Actualmente, es el escollo más importante que nuestro colectivo debe sortear”, explicó. Asimismo, sugirió la posibilidad de que existiera un título oficial para dicha especialidad, “interesante en algunos aspectos pero difícil de llevar a la práctica”.

Desde la perspectiva del profesorado, Miguel Gawenda consideró “imprescindible” crear una aplicación web que permita a los centros de formación dar de alta a los cursos, los docentes y los alumnos con los datos personales y comunicar dicha situación, tanto a los interesados como a la Administración, vía SMS o correo electrónico. “Ello posibilitaría inspeccionar con mayor eficacia y que los centros no puedan dar de alta fraudulentamente a vigilantes que no participan en los cursos y a docentes que no los imparten”, razonó.

Al hilo de la intervención de Gawenda, José Manuel Alonso animó el debate al advertir que durante años han existido malas prácticas en algunos centros de formación. “Del Reglamento espero un régimen sancionador ejemplar para evitar que se vendan diplomas por dinero, sin dar los cursos. Eso ha sucedido y ha perjudicado seriamente al sector y, de manera especial, a quienes nos dedicamos a impartir formación”, apostilló.

Unas declaraciones que no pasaron inadvertidas para Juan Muñoz. “He de reconocer que me preocupa iniciar un desayuno de trabajo y que una de las primeras cosas que salga a relucir sea el fraude. Y que éste se produzca en un sector controlado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en el que estamos quienes hemos de proteger a la sociedad, es alarmante, así como intentar conseguir una Tarjeta de Identidad Profesional (TIP) de la forma que sea, por la vía más fácil y rápida”.

Sujetos responsables

Llegados a este punto, el comisario Esteban Gándara recordó que “los centros de formación son sujetos responsables a todos los efectos. Y forman parte del sector de la seguridad privada, por eso ya aparecen en el artículo 3 (Ámbito de aplicación) de la Ley. Y, por supuesto, van a ser objeto de inspección. Ahora requieren de una declaración responsable, que es igual que la autorización previa, para empezar a funcionar. Si mienten o lo hacen mal, será su problema. Tiene que quedar claro que los centros de formación cambian su personalidad, papel y forma de operar. Los que han trabajado bien hasta la fecha no tendrán problema en adaptarse a este nuevo escenario”.

Igualmente, el comisario jefe de la UCSP se refirió a los centros universitarios, “encargados de impartir la formación a los directivos y a los detectives. En este caso, al depender del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ¿qué puede hacer el del Interior? Básicamente, dos cosas: primero, intentar comprobar que lo que se hace está bien y, segundo, respetar las autonomías universitarias, entre las que se encuentran las convalidaciones”.

Acceso y especialización

Otro de los temas de interés tratados en el “EnClave de Ley” fue el de las vías de acceso a la profesión y la especialización o los diferentes niveles que se han de tener en cuenta para un mismo colectivo. De cara al de los vigilantes, Basilio Alberto Febles pidió “una formación reglada y profesional”. “Es por lo que abogamos y esperamos que sea recogida en el Reglamento. También apostamos por la especialización, ya que no es lo mismo prestar servicio en un centro comercial que en un aeropuerto. En este sentido, las empresas deberían implicarse más en la formación, puesto que, en función para la que trabaje, un vigilante estará más o menos formado”.

El razonamiento del representante de USO contó con el respaldo de Vicente de la Cruz. “Efectivamente, la formación profesional es una magnífica vía para acceder a la profesión, pero también creo que es muy positivo que el modelo quede abierto con los otros dos caminos que contempla la Ley: las cualificaciones y la formación universitaria. Respecto a los escoltas, estamos cómodos en este escenario, si bien consideramos que sería bueno mejorar el catálogo de especializaciones. La apuesta por la formación siempre conlleva una mayor calidad”, argumentó.

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Más incisivo, José Manuel Alonso, entre otras cuestiones, calificó de “lamentable” el actual acceso al certificado de profesionalidad de vigilante de seguridad y escolta. “Entre otros requisitos, esta vía obliga a los centros de formación a disponer de una pista de 7,5 kilómetros para realizar prácticas de conducción. Pero, ¿qué sucede si, por su ubicación, no pueden contar con ella? Pues, simple y llanamente, que no podrán expedir dicho certificado. Bajo mi criterio, eso va en contra de la Ley de Seguridad Privada”, denunció, al tiempo que requirió un certificado para los guardas rurales. 

Por alusiones, Raúl Beltrán también dibujó un panorama complejo. “Para los guardas rurales puede hablarse de una doble vía de acceso, pero en nuestro caso es complicado porque tenemos problemas con la cualificación profesional. Y aquí se plantean dos posibilidades: que el Ministerio del Interior habilite una exclusivamente para los guardas rurales, con lo cual nuestra figura será penalizada respecto a las existentes en algunas comunidades autónomas, o intentar aunarlas todas con la misma formación”, planteó. “Y también es preocupante el tema de las especializaciones. Por ejemplo, un guarda de caza tiene que examinarse sobre poblaciones piscícolas y pesca de recreo, algo que nada tiene que ver con su función”.

Sobre dicho requerimiento, José Antonio Montero respondió que estaba dispuesto a escuchar los argumentos del sector. “Pero soy más partidario de una cualificación profesional específica para los guardas rurales que permita potenciar su figura”, subrayó el teniente coronel del SEPROSE, incidiendo en que los cometidos de estos profesionales van mucho más allá de la gestión medioambiental, único ámbito de actuación de las figuras que, con diversas denominaciones, han sido creadas por las CCAA. Además, manifestó que se está trabajando con el Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL) para que, próximamente, se materialice la cualificación profesional Guarderío Rural, Cinegético y Marítimo, adecuada a las nuevas funciones que la Ley de Seguridad Privada les confiere a los guardas rurales y paso previo para la aprobación del correspondiente certificado de profesionalidad por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Y en relación a la formación de los guardas de caza, resaltó que la citada norma les otorga la vigilancia y protección de los espacios de pesca fluvial.

En lo relativo a las vías de acceso para los jefes de Seguridad, Jorge Salgueiro comentó que “la apuesta por el título de grado es algo que, sin duda, compete al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y debe ser explorada por el mercado de empleo. Pero si después de cursarlo no hay perspectiva laboral, de poco servirá…”. Al respecto, Juan Muñoz observó que no contemplaba un grado “en un sector sin rotación ni oportunidades laborales y donde algún colectivo puede tener alguna posición preferente. Particularmente, no vería con buenos ojos que un hijo mío estudiase un grado de Seguridad. Sería preferible que se especializase en otro ámbito y que si quisiese acceder al mundo de la seguridad lo hiciese a través de un posgrado”.

Como es habitual, Esteban Gándara escuchó pacientemente todas las intervenciones para, finalmente, realizar puntualizaciones sobre las mismas. Respecto a las vías de acceso a la profesión, el comisario jefe de la UCSP indicó que, afortunadamente, “la Ley amplía el espectro. En ningún caso deja una sola vía de acceso a las profesiones de seguridad privada. Y eso es positivo porque evita que la formación esté en manos de un solo actor y posibilita que se genere competencia, sinónimo de calidad y disminución de costes”.

De cara a la formación de vigilantes y guardas rurales, Gándara argumentó que, al haberse producido un cambio en las funciones del personal y la capacidad de prestar servicio, es necesario poner en práctica una nueva ecuación: “a mayor formación, mayor confiabilidad y profesionalidad”, justificó. De cara a las figuras señaladas, avanzó que habrá un programa de estudios común de, al menos, 180 horas y a continuación dos ramas, una para cada profesional. A ellas se sumaría una tercera para aquellos que deseen especializarse como vigilante de explosivos o guarda de caza.

En cuanto a los detectives, su formación apenas sufre alteraciones. “Hemos respetado lo que, junto a las universidades y la Administración, acordaron hace tres años. Únicamente, se ha modificado el enunciado de algunos temas como consecuencia de la Ley aprobada en 2014”, matizó el comisario jefe.

Y por lo que respecta a los jefes y directores, Esteban Gándara hizo valer la vía dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. “Es bueno contar con un grado y, posteriormente, un posgrado, porque entendemos al jefe o director de Seguridad como un directivo, es decir, no como un especialista sino como un generalista –apunte refrendado por Juan Muñoz–. Y el posgrado será una continuidad para quienes hayan estudiado el grado o una oportunidad de acceder a la seguridad para aquellos que procedan de otras especialidades. La duración mínima del posgrado será de en torno a 600 horas”, anticipó.

Para ver el "EnClave de Ley" completo descargue el PDF adjunto.

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