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REPORTAJE

Objetivo: garantizar la convivencia de la videovigilancia con la protección de datos

30/10/2015 - Por Bernardo Valadés
El “EnClave de Ley” organizado por Seguritecnia y patrocinado por Hikvision permitió a profesionales, usuarios y representantes de la Administración debatir sobre distintas cuestiones relacionadas con la videovigilancia, desde la utilización de drones hasta la cesión de imágenes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Si bien la Ley de Seguridad Privada aprobada en abril de 2014 vio la luz con un amplio grado de consenso, no es menos cierto, tal y como ha quedado constatado en los distintos “EnClave de Ley” organizados por Seguritecnia durante el presente año, que la norma sigue generando dudas o incomprensiones en algunos profesionales del sector, deseosos de que las mismas queden despejadas en el tan ansiado nuevo texto reglamentario.

Así quedó de manifiesto en el desayuno de trabajo celebrado en el Hotel Meliá Castilla de Madrid, dedicado en esta ocasión a los servicios de videovigilancia. Moderado por Ana Borredá, directora de Seguritecnia, el encuentro contó con la participación de David Gómez, gerente de Ventas de Hikvision, firma patrocinadora del “EnClave de Ley”; Luis González Hidalgo, secretario general de la Federación de Empresas de Seguridad (FES); José Antonio Martínez, presidente de la Asociación Española de Directores de Seguridad (AEDS); Ignacio Gisbert, director de Personal, Seguridad y Servicios de Cecabank; y Carlos Ruiz Virumbrales, presidente del Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios (OSICH). Además, con el fin de aclarar las inquietudes que pudieran surgir entre profesionales y usuarios, la Administración estuvo representada por el teniente coronel Ángel Sesma, jefe de la sección de Planes del Servicio de Protección y Seguridad (SEPROSE) de la Guardia Civil, y el inspector jefe Anselmo Murillo, jefe de la sección de Inspección de la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP) del Cuerpo Nacional de Policía.

El artículo 42

Precisamente, este último fue el primero en intervenir cuando Ana Borredá requirió la opinión de los presentes sobre el artículo 42 de la Ley de Seguridad Privada, dedicado a los servicios de videovigilancia. Según Murillo, que realizó una lectura positiva del texto, el citado artículo “establece un concepto claro de lo que es un servicio de vigilancia, algo disperso y poco tratado hasta la fecha”. “Habla de quiénes pueden prestar esos servicios, de los medios que se utilizan para llevarlos a cabo, de los datos que van a tratar y, por otro lado, también de normas supletorias que hasta ahora no estaban previstas; es decir, qué procedimientos se pueden utilizar en casos extremos para dar solución al uso de cámaras, sobre todo en lo relativo a su ubicación en vías públicas”, explicó.

Continuando con el primer punto del artículo 42, el inspector jefe recordó que cuando la finalidad de los servicios de vigilancia sea prevenir infracciones y evitar daños a las personas o bienes objeto de protección o impedir accesos no autorizados, “tendrán que ser prestados por vigilantes de seguridad o por guardas rurales”.

Y por lo que respecta a los ámbitos que quedaban excluidos, matizó que no se considera servicio de videovigilancia el uso de cámaras o videocámaras “que no tengan esa finalidad de prevención del delito” y cuyo objeto principal, tal y como refleja la Ley, “sea la comprobación del estado de instalaciones o bienes, el control de accesos a aparcamientos y garajes, o las actividades que se desarrollan desde los centros de control y otros puntos, zonas o áreas de las autopistas de peaje”. “No en todos los sitios donde hay cámaras se presta un servicio de seguridad privada”, puntualizó.

Espacios públicos

Tras esta primera exposición, el representante de la UCSP, siguiendo un desglose ordenado del artículo 42, hizo referencia a las restricciones sobre la instalación y uso de cámaras y videocámaras en espacios públicos. Llegados a este punto, Murillo manifestó que en la redacción de la Ley era necesario lograr un equilibrio entre derechos fundamentales como la intimidad y la seguridad. Y aunque de garantizar la primera se encarga la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la misma, a su juicio, no debe considerarse un obstáculo para la actividad de las empresas del sector, puesto que a través de la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, “la AEPD da salida a la instalación de cámaras al señalar que podrán instalarse en lugares privados, pero con visionado de las vías públicas, cuando este último sea parcial o no haya otra forma de colocar el dispositivo. En definitiva, contempla situaciones que legalizan esa utilización de las cámaras”.

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