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REPORTAJE

VI Jornada de Seguridad Privada en Cataluña

Colaboración y nuevos servicios: la seguridad privada evoluciona 20/03/2019 - E. González y J.S. Arenas
La revista Seguritecnia, ACAES y ADSI organizaron el 6 de febrero la VI Jornada de Seguridad Privada en Cataluña donde los temas destacados fueron la aplicación de servicios en espacios públicos y la colaboración público-privada a través de un nuevo protocolo contra las violencias sexuales impulsado por el Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña. El encuentro contó con el patrocinio de las empresas Pycseca Seguridad, Tecnofire, By Demes, Axis Communications, Casmar y Phoenix Viglancia y Seguridad.

La comunidad autónoma de Cataluña ha puesto en valor en los últimos años la colaboración público-privada en materia de seguridad privada a través de diversas iniciativas. Algunas de ellas tienen que ver con la prestación de servicios en la vía pública (tal como posibilita la Ley de Seguridad Privada) y, desde enero de este año, a través de un innovador proyecto en forma de Protocolo de Seguridad contra las Violencias Sexuales en Entornos de Ocio,en el que está involucrado el sector. “La Generalitat de Cataluña tiene competencias ejecutivas en el ámbito de seguridad privada, y acata la Ley de Seguridad Privada estatal; pero también tiene capacidad de interpretación propia. Esto permite una flexibilidad para adaptarse a las necesidades de Cataluña para poder dar una respuesta más ágil a las necesidades que puedan surgir”, explicó el secretario general del Departamento de Interior de la Generalitat, Brauli Duart, durante la inauguración de la VI Jornada de Seguridad Privada en Cataluña.

Sus palabras sirvieron de prólogo de las ponencias que vendrían a continuación durante el desarrollo de esta jornada bienal que organizó, el 6 de febrero, Seguritecnia, la Asociación Catalana de empresas de Seguridad (ACAES) y la Asociación de Directivos de Seguridad Integral (ADSI), en las instalaciones de Cellnex Telecom en Barcelona. Más de 150 profesionales se congregaron en torno a este encuentro, en el que se abordaron temas como la colaboración en la comunidad autónoma, los servicios en vía pública, la ciberseguridad, la protección de datos y la tecnología.

Servicios en vía pública

Durante la primera ponencia del evento que ofrecieron conjuntamente Joan Camps, jefe del Servicio de Seguridad Privada de la Subdirección General de Seguridad Interior, y el subinspector Carles Castellano, subjefe del Área Central de Policía Administrativa de los Mossos d´Esquadra, destacaron el incremento de las solicitudes de autorización para la prestación de servicios de seguridad privada en espacios públicos.

Al respecto, Camps explicó que el número de este tipo de actuaciones “aumenta cada año” desde que se aprobó la Ley de Seguridad Privada en 2014, la cual abre la posibilidad a desarrollar actividades de seguridad privada en lugares públicos. Pero aclaró que se trata de servicios “muy delimitados en el espacio y enfocados siempre a situaciones muy concretas”.

Un caso es la vigilancia en espectáculos y eventos de ocio en vía pública, para los cuales existen ya unos criterios emitidos por el Departamento de Interior para su autorización. El subinspector Castellano enumeró algunos de ellos, como que “debe haber un mando policial responsable del seguimiento a diario; han de establecerse charlas diarias para los vigilantes en relación con la prestación de su servicio; deben existir instrucciones de actuación definidas; se harán mesas de seguimiento…”.

Por su parte, Joan Camps quiso hacer una serie de puntualizaciones respecto a servicios puestos en marcha por algunos ayuntamientos catalanes que se han bautizado con diferentes nombres, como los de serenos, vigilantes de barrio o agentes colaboradores. Actividades que el sector ha acogido con malestar por considerar que pueden incurrir en intrusismo. “En ningún caso desde el Departamento de Interior se ha autorizado ni se ha dado el visto bueno a que la complementariedad a la que se refiere el artículo 41.3.d de la Ley de Seguridad Privada [participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial] se preste mediante personal que no sea de seguridad privada”, indicó Camps. Es decir, que esas figuras llamadas de diversas maneras“ no está incluidas en las autorizaciones que emite el Departamento de Interior”, aclaró el responsable de Interior.

No obstante, apuntó, “nada impide que los ayuntamientos se doten de personal para cumplir sus objetivos hacia sus ciudadanos. Si quieren tener serenos puede tenerlos, pero ese personal no puede llevar a cabo las funciones que la normativa reserva al personal de seguridad privada”. “En caso contrario entraríamos ante una situación de intrusismo”, sentenció.

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