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NOTICIA Anteproyecto de la Ley de Seguridad Privada las asociaciones opinan

El Consejo Técnico Asesor de `Seguritecnia´ debate el anteproyecto de la Ley de Seguridad Privada

12/06/2013 - Enrique González
Con motivo de la presentación del borrador del anteproyecto de Ley de Seguridad Privada, la revista Seguritecnia reunió a su Consejo Técnico Asesor para recoger las impresiones y aportaciones de las principales asociaciones del sector. Muchas de las propuestas se han visto reflejadas en el texto definitivo del proyecto de ley aprobado en el Consejo de Ministros el pasado viernes 14 de junio.
Seguritecnia reúne a las organizaciones que forman parte de su Consejo Técnico Asesor

Después de muchos años demandando un cambio legislativo profundo, la Seguridad Privada española se encuentra a un paso de lograr muchas de sus reivindicaciones.

 El Consejo de Ministros ya tiene en su poder el Anteproyecto de la nueva Ley de Seguridad Privada, que representa la antesala del debate parlamentario del que saldrá el texto definitivo. Un documento que pondrá fin a más de 20 años de vigencia de la ley actual, aprobada en 1992.

Puede que dos décadas no parezcan demasiado para una norma sectorial, pero sin duda lo es para un sector que evoluciona a pasos agigantados, precisamente para poder hacer frente a los múltiples riesgos que se ciernen en una sociedad moderna como la española. Quienes mejor lo saben son los profesionales que se dedican a esta actividad, que ven ahora colmadas parte de sus aspiraciones.

 Pero como todo proceso de esta índole, el agrado de todos es prácticamente imposible. El Ministerio del Interior, no obstante, abrió tras la presentación del texto un periodo de alegaciones para que las asociaciones del sector manifestaran su valoración y plantearan posibles modificaciones al articulado. La respuesta aún está por llegar, pero es de esperar que al menos algunas de esas propuestas aparezcan reflejadas en el texto que el Ejecutivo enviará al Parlamento para el debate de los grupos políticos.

 Para dejar constancia de las observaciones que han realizado las principales asociaciones de Seguridad Privada sobre el Anteproyecto, Seguritecnia convocó el 22 de mayo a su Consejo Técnico Asesor (CTA). El presidente de este órgano, Miguel Ángel Fernández Rancaño, moderó un encuentro en el que quedaron patentes los puntos que han agradado a las agrupaciones, pero sobre todo aquellos otros en los que disienten. Javier Borredá y Ana Borredá, presidente y directora de Seguritecnia respectivamente, acompañaron a los consejeros.

Opinión general

Francisco Muñoz Usano, presidente de la Sociedad Española de Derecho de la Seguridad (SEDS), apuntó que “la mejora jurídica es evidente” con el Anteproyecto, pero cree que algunos aspectos podrían haberse dejado para el Reglamento de Seguridad Privada. De esa manera, añadió, se agilizaría la tramitación de la nueva norma.

Como primeros apuntes, el presidente de la SEDS apostó por realizar algunas modificaciones, como incluir en la exposición de motivos, al igual que ya hace la Ley de 1992, el reconocimiento a los particulares de “crear y utilizar servicios de seguridad privada”.

La entidad de Derecho entiende también que para luchar contra el intrusismo hay que prohibir la publicidad de aquellas compañías que no estén habilitadas por el Ministerio del Interior. Además de impedirles prestar servicios de seguridad privada, es importante evitar que se anuncien.

Por otro lado, defendió la “independencia entre los servicios de seguridad y los de investigación”. Desde el punto de vista de Muñoz Usano, estas actividades han de prestarse por “personas jurídicas diferentes”, aunque pertenezcan a una misma compañía, para evitar que una sola figura maneje datos procedentes de los dos ámbitos.

Eduard Zamora, presidente de la Asociación de Directivos de Seguridad Integral (ADSI), señaló que el texto de la reforma incluye conceptos “muy genéricos” como ‘seguridad integral’ o ‘seguridad de la información’, que quedan recogidos de manera “ambigua”.

También coincidió en la separación que ha de existir entre los servicios de seguridad y los de investigación. El presidente de ADSI mostró además su preocupación en relación con la cesión de datos y la respuesta de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a la nueva Ley de Seguridad Privada.

 Juan Muñoz, presidente de ASIS International España, valoró la reforma como “tremendamente positiva” porque refuerza la colaboración entre la Seguridad pública y la privada. Sin embargo, para este profesional el Anteproyecto es “ambiguo” en el tratamiento que hace de la figura del Director de Seguridad. En cuanto a la formación de este profesional, Muñoz se mostró expectante acerca de las materias que se impartirán en el grado universitario.

José Antonio Martínez, presidente de la Asociación Española de Directores de Seguridad (AEDS), aseguró que el nuevo texto ha recogido todas las demandas de la asociación en torno a la figura del director de Seguridad. No obstante, para esta organización la mayor preocupación gira en torno al contenido del Reglamento de desarrollo.El presidente de AEDS añadió que “hay poca obligatoriedad” sobre la constitución de departamentos de Seguridad en las empresas. “Esperamos que este aspecto lo recoja el Reglamento”, insistió.

La valoración de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER) es muy positiva en cuanto que facilita para las empresas proveedoras mayores y mejores posibilidades de colaboración con sus clientes y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). Según explicó el presidente de la organización, Ángel Córdoba, esto puede traer consigo “una mejor situación competitiva” para las compañías del sector.

Paloma Velasco, directora ejecutiva de la Asociación Española de empresas de Seguridad (AES), manifestó que “era fundamental abordar la reforma profunda de la Ley”. Avanzó que una de las principales alegaciones de la AES está motivada por la “desaparición que se deduce del texto de los operadores de centrales receptoras de alarmas”. Precisamente la asociación había solicitado lo contrario; es decir, la inclusión de esta figura entre el personal de seguridad.

AES no está de acuerdo en que las labores de los operadores las asuman vigilantes de seguridad porque las características de sendos profesionales son diferentes. Velasco añadió que si la nueva Ley mantiene este precepto los vigilantes “cambiarían de categoría profesional e incrementaría el coste salarial que las empresas tendrían que asumir”.

Por otro lado, la Federación Española de Seguridad (FES) sostiene que “hacía falta una reordenación y regulación del sector, así como luchar contra el intrusismo”, como apuntó Luis González Hidalgo, secretario general de la entidad. Según dijo, es “fundamental” que el Anteproyecto recoja las facultades de complementariedad, colaboración y corresponsabilidad de la Seguridad Privada que recoge el texto.

George Potter, representante de la Asociación Española de Lucha Contra el Fuego (ASELF), mencionó la poca incidencia del Anteproyecto sobre el sector de la protección contra incendios (PCI). Potter piensa que existen “lagunas” acerca de las responsabilidades concretas del personal de seguridad y su formación en esta especialidad. “En otros países, el vigilante es el único que puede actuar en el caso de un siniestro”, mencionó como ejemplo.

Miguel Merino, asesor del CTA de Seguritecnia para asuntos internacionales, destacó la “evolución” que ha experimentado la colaboración entre Seguridad pública y privada con el nuevo texto. Aseguró que el planteamiento de la reforma “hace más sencillo que la colaboración surta efecto en beneficio de la seguridad pública”.

Destacó asimismo que, a pesar de que no es partidario de que los directores de Seguridad estén incluidos en la Ley de Seguridad Privada, aprecia “una clara evolución positiva” de esta figura en relación con la norma de 1992.

 La posición de El Guarderío respecto a la nueva norma es también positiva porque “perfila muy bien las funciones operativas del personal”.

Raúl Beltrán, presidente de la agrupación, señaló que el Anteproyecto crea un marco adecuado para que la seguridad en el campo rural pueda tener una asistencia suficiente. Sin embargo, según su parecer, hay algunas cuestiones que no se han recogido de manera suficientemente clara y quedarán “a la voluntad reglamentaria de la Administración”.

Enrique Polanco, en representación de la Asociación para la Protección del Patrimonio Histórico (Protecturi) comentó que el Anteproyecto se ha quedado corto en lo referente a la protección del patrimonio histórico. Para esta asociación, la nueva Ley debería mencionar esta cuestión para que luego el Reglamento lo pueda desarrollar.

 Polanco también se refirió a la convergencia entre la seguridad física y lógica. Opina que el borrador “debería haber sido más abierto” al respecto y tomar como modelo la Ley de Medidas de Protección de las Infraestructuras Críticas para desarrollar la integración entre ambas seguridades.

Eva Grueso, presidenta de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE), se mostró “completamente discordante” con el contenido del Anteproyecto, al considerar que el colectivo de los detectives ha salido perjudicado en comparación con la Ley en vigor. Grueso indicó que con el borrador de la nueva norma el control sobre estos profesionales se ha incrementado “extraordinariamente”.

Además criticó que se equipare a las empresas de seguridad con los despachos de los detectives porque tanto las funciones como la capacidad económica son diferentes. Algo que les afecta, sobre todo, en lo relacionado con las sanciones, ya que la cuantía económica será la misma para ambas. Por argumentos como esos, la presidenta de la APDPE demandó una ley independiente para la investigación privada o, “cuando menos”, un apartado diferenciado dentro de la nueva Ley relacionado con esta especialidad.

Mariano Olivares, miembro de la Asociación Estatal de Formación de Seguridad Privada (ASEFOSP), consideró que, tal y como está redactado el Anteproyecto, en materia de formación “todo queda suscrito al desarrollo reglamentario”. Este profesional entiende que el texto debería haber reflejado el contenido de las Órdenes Ministeriales aprobadas en 2011 en lo relativo a las especialidades de formación. Por otro lado, apostó por que se permita ofrecer formación en las instalaciones de las propias compañías para evitar desplazar al personal.

Por su parte, Francisco Ruiz, presidente de la Asociación Española de Empresas Instaladoras y Mantenedoras de Sistemas Contra Incendios (AERME), se mostró satisfecho de que el Anteproyecto haya dejado fuera del ámbito de aplicación las conexiones a centrales de alarmas de sistemas de prevención contra incendios. Subrayó, sin embargo, la importancia de la formación de los vigilantes de seguridad en dicha materia. En ese sentido, mostró la disposición de las principales asociaciones del sector para impartir cursos a en esta especialidad.

 Para Fernando Padilla, presidente del Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios (OSICH), es imprescindible el papel de los directores de Seguridad en entidades como los hospitales, así como su formación y responsabilidades dentro de las organizaciones. En ese sentido, Padilla mostró su expectación en cuanto a las funciones que pueda atribuir el Reglamento a esta figura profesional.

Vicente de la Cruz, presidente de la Asociación Española de Escoltas (ASES), manifestó su satisfacción por el contenido del texto porque recoge todas las demandas de su asociación. Aplaude que la nueva Ley permita a los escoltas proteger a grupos de personas, ya que “es una oportunidad de negocio para las empresas y de empleo para estos profesionales”.

Cree, no obstante, que la norma debe incluir la protección de eventos públicos entre los servicios que pueden prestar las compañías del sector, dado que en la actualidad esta cobertura la desempeñan empresas y personal “que no pertenecen a la Seguridad Privada”.

El director de Seguridad de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Ignacio Gisbert, sostiene que el Anteproyecto “se adapta a los tiempos actuales” y “dignifica a la seguridad privada”, llegando incluso a equipararla en muchos aspectos a las FCSE. Este profesional aprecia además que la nueva norma está cargada de “racionalidad”.

Uno de los puntos que destacó está relacionado con adaptación de las empresas a las nuevas medidas de seguridad. En ese sentido, Gisbert agradece la transitoriedad que permite el Anteproyecto para que las compañías se adapten a esas exigencias.

 Bernardo Barba Martín, por su parte, transmitió en nombre de la Confederación Empresarial de Usuarios de Seguridad y Servicios (CEUSS) su apoyo a todas las iniciativas planteadas por el resto de asociaciones para la nueva Ley.

La última valoración general correspondió a Juan Manuel Zarco, para quien el Anteproyecto podría haber ido más allá en muchos aspectos. Este profesional abogó por que se ahonde en aquellos delitos que deben ser responsabilidad del director de Seguridad, ya que “no hay otra figura en las empresas que pueda asumirlos”.

 El presidente de Foro EFITEC añadió que “no es admisible” que las empresas designen funciones de PCI a profesionales que nada tienen que ver con el área de Seguridad. Por otro lado, según Zarco, la nueva Ley debería centralizar en el director de Seguridad riesgos como los informáticos o los de las infraestructuras críticas.

 De esta forma se llegaba al final de la ronda de valoraciones generales de las asociaciones que forman parte del CTA de Seguritecnia. El presidente de este órgano, Miguel Ángel Fernández Rancaño, recordó a los asistentes que durante muchos años los profesionales del sector han reclamado cambios que ahora están incluidos en el borrador de la nueva Ley de Seguridad Privada. Por ello, “es un motivo de satisfacción para todos que este Anteproyecto tenga ya cara y ojos”, a pesar de que no se hayan colmado todas las aspiraciones. Para Fernández Rancaño, el sector aún tiene la oportunidad de cambiar el resultado definitivo de la nueva Ley si insiste en sus reivindicaciones durante la tramitación parlamentaria de la norma. 

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