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OPINIÓN

Pére Brachfield, Director de estudios de la PMcM de EAE Business School

Las medidas de lucha contra la morosidad y los impagos

El año 2013 pasará a los anales de la historia económica de España como el de los grandes cambios legales en la lucha contra la morosidad empresarial.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha cumplido en tiempo y forma con la transposición de la Directiva 2011/7/UE de 16 de febrero de 2011 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Vale la pena recordar que el plazo finalizaba el 16 de marzo de este año y la transposición en España de la Directiva se materializó a través del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

 En primer lugar, este Real Decreto-ley ha establecido un plazo ‘estándar’ de 30 días contados desde la entrega de los bienes, para el pago de las operaciones comerciales interempresariales. La nueva legislación marca que este plazo de 30 días será el que deben cumplir los clientes, cuando en el contrato comprador y vendedor no hayan pactado otro distinto. Además de establecer esta norma dispositiva, el Real Decreto-ley incorpora la norma imperativa que prohíbe que el plazo de pago pueda ser ampliado mediante pacto de las partes por encima de los 60 días naturales. La nueva ley determina por fin que el plazo normal para pagar a los proveedores en España es de 30 días y no 90 días como era habitual hasta ahora.

 Este acortamiento de los plazos legales de pago permite una europeización de nuestra cultura financiera a la hora de liquidar las facturas de proveedores y recoge las aspiraciones de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad  (PMcM ). Además, con esta legislación el Ejecutivo ha conjurado para siempre el peligro de abrir nuevamente la puerta a los abusos contractuales encubiertos y a la imposición de plazos de pago draconianos que se cernía sobre la legislación antimorosidad española; riesgo latente que emanaba del apartado 5 del artículo 3 de la Directiva 2011/7/UE que reza: “los Estados miembros velarán por que el plazo de pago fijado en el contrato no exceda de 60 días naturales, salvo acuerdo expreso en contrario recogido en el contrato y siempre que no sea manifiestamente abusivo para el acreedor”. El motivo de esta limitación impuesta por la norma española es que en Suecia un pago a proveedores por encima de 60 días sería considerado como excepcional, mientras que en España se vería como algo habitual.

 En segundo lugar, el Real Decreto-ley 4/2013, transpone una de las normas de la Directiva 2011/7/UE, estableciendo que el tipo legal de interés de demora que el deudor está obligado a pagar será la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo más ocho puntos porcentuales. En este apartado el Real Decreto-ley cumple con la norma de la citada Directiva europea, que pretende combatir la morosidad penalizando al deudor con un interés moratorio más elevado que el que marcaba la anterior normativa comunitaria. Hoy por hoy, el nuevo tipo de interés moratorio queda fijado en el 8,75% anual.

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En tercer lugar, el referido Real Decreto-ley transpone otra de las normas introducidas por la Directiva 2011/7/UE y establece que cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tiene automáticamente derecho a cobrar del moroso una cantidad fija de 40 euros por factura impagada, que se añadirá en todo caso al importe principal. La nueva norma asegura que la cantidad fija de 40 euros sea pagadera como compensación por los costes de recobro en que haya incurrido el acreedor sin necesidad de recordatorio ni reclamación expresa. Vale la pena decir que el cobro de esta penalización fija no excluye el derecho del acreedor a recibir una compensación por todos los demás gastos de recobro provocados por el impago. Consecuentemente, además de la cantidad fija de 40 euros, el acreedor tendrá derecho a obtener del deudor una compensación razonable por todos los demás costes de recobro que superen la cantidad fija y que haya sufrido a causa de la morosidad de éste. Esta indemnización podría incluir, entre otros, los gastos que el acreedor haya debido sufragar para la contratación de un abogado o una agencia de gestión de cobro. Este punto es una novedad muy interesante ya que en España si no se presenta una demanda judicial no se acostumbra a reclamar al moroso los gastos de abogado. Tampoco se reclaman al deudor los costes de las empresas de recobro de impagados que gestionan la recuperación de las facturas, y cuyos honorarios suelen ser asumidos íntegramente por el acreedor.

 El insigne escritor galo Honoré de Balzac escribió: “las leyes son como las telas de araña, a través de las cuales pasan libremente las moscas grandes y quedan enredadas las pequeñas”. Este aforismo es perfectamente aplicable a la situación de la actual legislación contra la morosidad en España; a pesar de la entrada en vigor de las reformas legislativas antimorosidad, nos encontramos todavía ante dos importantes lagunas jurídicas que impiden que se implante en todos los sectores empresariales el plazo máximo de pago de 60 días.  La primera laguna legal se encuentra en que el régimen de pagos en el comercio minorista queda regulado por la LOCM Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista; en particular por lo dispuesto por el artículo 17. Esta norma permite a los distribuidores en el ámbito del comercio minorista pactar con sus proveedores períodos de pago de 90 días para los productos de gran consumo. Para el resto de artículos (que no sean de gran consumo ni de alimentación) el citado artículo 17 de la LOCM, faculta aplazamientos de pago por encima de los ciento veinte días y sin marcar limitación alguna en el plazo máximo de pago. En consecuencia, desde la PMcM se ha solicitado al Gobierno la derogación de los párrafos del artículo 17 de la citada Ley, que actualmente todavía  permiten que los compradores paguen los artículos a plazos superiores a los 60 días.La segunda laguna legal se encuentra en Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de Contratos del Sector Público. Dicho Real Decreto en el apartado 5 del Artículo 228 “Pagos a subcontratistas y suministradores” faculta al contratista de obra pública que en la práctica cotidiana pueda pactar con los subcontratistas (así como con todos los proveedores y suministradores) plazos de pago superiores a los 60  días, y sin limitación del plazo máximo de pago que pueden imponer contractualmente. Por consiguiente, la PMcM considera imperativa la derogación del citado apartado 5 del Artículo 228 del Real Decreto Legislativo para cerrar definitivamente la puerta a los abusos contractuales y a la imposición de condiciones de pago draconianas.

Estas dos lagunas jurídicas suponen un agravio ya que eximen legalmente al sector del comercio minorista (en particular a las grandes cadenas de distribución al por menor) y al de las constructoras de obra pública de la obligación de cumplir con el plazo máximo de pago de 60 días establecido por la Ley 15/2010 de 5 de julio y les otorga patente legal para fijar plazos que en algunos casos llegan a los 300 días. Esta circunstancia claramente conculca el espíritu y la letra de la Directiva 2011/7/UE y de la legislación española antimorosidad.

Respecto a la aplicación real de la Ley contra la morosidad podemos recurrir a una máxima del ilustre jurista y catedrático de Derecho Civil, Federico de Castro: “En España, la abundancia de leyes se mitiga con su incumplimiento”. Por tanto, otro punto de vital importancia para combatir la morosidad en la práctica empresarial es la promulgación de un Régimen Sancionador que penalice el incumplimiento de la Ley, ya que la PMcM ha llegado a la conclusión de que sin penalizaciones administrativas a las empresas insumisas, será imposible conseguir el cumplimiento efectivo de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. Por consiguiente, solo falta que el legislador plasme negro sobre blanco en nuestro BOE el régimen sancionador tal y como ha solicitado reiteradamente la entidad.

Además, la PMcM propone un cambio en el artículo 80 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en el sentido de legislar  la inversión del sujeto pasivo para la liquidación del IVA de las facturas impagadas, de modo que sea el deudor moroso el que tenga que pagar el IVA a Hacienda y que no sea obligación del acreedor liquidar el IVA de las facturas impagadas.

 Finalmente, recordemos un genial aforismo de René Descartes: “Los Estados mejor organizados son los que dictan pocas leyes, pero de riguroso cumplimiento”. 

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