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OPINIÓN

César Álvarez Fernández , Coordinador de proyectos de la Fundación Borredá

Nueva Ley de Contratos del Sector Público: ¿La solución a los problemas?

La situación vivida el verano pasado en el Aeropuerto de El Prat y otros lugares puso de manifiesto la existencia de un problema en la prestación de servicios de seguridad privada que, al margen de otras circunstancias achacables al propio sector, tiene su origen en el interés desmedido de la Administración por reducir los costes de sus procesos de contratación en general y, en particular, de los servicios y suministros de seguridad.

Por ello, hace tiempo que se demanda un sistema que no tenga en cuenta solo el precio del servicio, sino que valore en sus justos términos las garantías de calidad ofertadas como mejor fórmula para evitar la presencia de competidores desleales y, en consecuencia, mermas en la calidad y abusos en las relaciones laborales con el personal.

Ciertamente, el peso del sector público tiene la suficiente entidad para tomarlo como referente en los modelos de contratación, máxime teniendo en cuenta que representa el 18 por ciento del volumen del negocio de la seguridad privada en España. Pero con ser esta circunstancia determinante, lo es más el efecto ejemplarizante que sus buenas o malas prácticas producen en el mercado de la seguridad, teniendo siempre presente que nuestro país vive en situación permanente de alerta antiterrorista y que nuestra industria nacional por excelencia, el turismo, exige ofrecer un alto grado de percepción de seguridad.

En este contexto, la publicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en las que se establece ya la necesidad de conseguir una mejor relación calidad-precio, viene a representar un rayo de esperanza para mejorar la situación anterior porque se empieza a superar la consideración del precio como elemento fundamental en las adjudicaciones. Ahora bien, ¿está justificada esta esperanza?, ¿es efectivamente esta nueva ley la solución a los problemas padecidos?

Trataremos de dar respuesta a estas preguntas a lo largo de este artículo, que no pretende realizar un análisis jurídico de la nueva regulación, sino, centrándose exclusivamente en la contratación de servicios y suministros de seguridad, valorar su capacidad para superar algunos de los defectos detectados en la anterior. En todo caso, pronto iremos contrastando hechos, puesto que la nueva ley, con algunas excepciones, entró en vigor el pasado 9 de marzo.

Fundamento

Como la propia ley indica en su preámbulo, la legislación de contratos públicos, pese a su marcado carácter nacional, encuentra el fundamento de muchas de sus previsiones en la actividad normativa de instituciones de carácter internacional, especialmente, de la Unión Europea. Y así ha ocurrido también en esta ocasión, toda vez que la “Estrategia Europa 2020” atribuye un papel clave a la contratación pública, al configurarla como uno de los instrumentos que deben ser utilizados para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso racional de los fondos públicos.

Para leer el artículo completo pulsa aquí.

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