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OPINIÓN

César Álvarez Fernández , Coordinador de proyectos de la Fundación Borredá

Seguridad privada y prisiones

En su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, el 29 de enero pasado, el secretario general de Instituciones Penitenciarias informó de que la intención del actual Ejecutivo es ir rescindiendo los contratos firmados en su día con las empresas de seguridad privada para la seguridad exterior de las prisiones.

Y que su servicio sea prestado por funcionarios públicos. De manera que, a medida que se vaya reponiendo el déficit en las plantillas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, la vigilancia exterior de los centros penitenciarios, actualmente a cargo, en muchos casos, de empresas privadas, volverá a ser competencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).

Realmente, esta declaración de intenciones no supone ninguna novedad, habida cuenta de que, en febrero de 2018, el PSOE registró ya una proposición no de ley en el Congreso para reclamar al Gobierno que no renovara los contratos adjudicados a empresas de seguridad privada en los centros penitenciarios y que esta función pasara a ser desarrollada exclusivamente por agentes de las FCSE. Junto a las habituales denuncias de corrupción, se afirmaba en aquel momento que ha quedado ya claro en otros países que este modelo es más costoso y problemático que el basado en la seguridad pública.

Desconozco las experiencias vividas por los proponentes en otros países, porque de todo hay. Tampoco contribuye a la contundencia de los argumentos afirmar hoy que el modelo privado es más caro que el público, cuando en los debates de la Ley 5/2014 el mismo partido denunciaba que dicha norma rompía con la concepción de la seguridad ciudadana como servicio público atribuida a las FCSE, ya que, a partir de ahora, sus funciones (incluida la vigilancia exterior de las prisiones) podrían ser ejercidas por la seguridad privada según el criterio económico, es decir, lo que sea más barato.

Contraposición

En todo caso, sabemos también que el pretendido Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado para 2019 entre el Gobierno de España y Unidos Podemos incluye una “cláusula” para “restringir el ejercicio de funciones públicas por parte de empleados de seguridad privada, en especial las que se realizan en la vía pública”. Es decir, asistimos fascinados a la pugna de los grupos políticos por el diseño de modelos de seguridad, hasta cierto punto contrapuestos, para nuestro país. Y mientras tejen y destejen cual laboriosa Penélope, se suceden medidas coyunturales y precarias para hacer frente a las amenazas reales, a la vez que teorizamos sobre la necesidad de contribuir con todos los recursos disponibles a la seguridad nacional.

Pero hablemos de modelo: nuestra Carta Magna construye el sistema de seguridad pública en torno a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículo 104.1), principio desarrollado por la Ley Orgánica 2/1986, donde se establece que el mantenimiento de la Seguridad Pública se ejercerá por las distintas Administraciones a través de esas fuerzas y cuerpos, con las que impone la obligación de colaborar en todo momento a las personas y entidades que ejerzan funciones de vigilancia, seguridad o custodia referidas a personal y bienes o servicios de titularidad pública o privada. En perfecta armonía con lo anterior, la Ley 5/2014 establece como uno de los fines de la seguridad privada el de complementar el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, integrando funcionalmente sus medios y capacidades como un recurso externo de la seguridad pública.

Siendo los cuerpos de seguridad el núcleo duro del sistema y habiendo transcurrido 33 años desde la promulgación de la Ley Orgánica 2/1986, quizá fuera ya tiempo de que la Comisión parlamentaria, que en sus distintas versiones lleva trabajando décadas en la revisión del modelo policial español, avanzara decididamente en el diseño de los cambios necesarios para adaptarlo a las circunstancias de las amenazas actuales. Pero no pretendemos entrar en ese tema con este artículo; nuestro propósito es simplemente aportar nuestra visión, experta y desinteresada, respecto a la fórmula más adecuada para integrar la seguridad privada en el sistema público y lograr su más perfecta coordinación con el resto de actores. En particular, trataremos de analizar el encaje de los servicios privados en la custodia de los establecimientos penitenciarios.

Protección

El artículo 11 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad atribuye a las del Estado la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana mediante el desempeño de determinadas funciones, entre otras la genérica de “vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que lo requieran”. La distribución material de competencias entre los cuerpos estatales se lleva a cabo en el artículo 12, sin hacer mención expresa de la función anterior, salvo para asignar a la Guardia Civil la custodia de los centros e instalaciones que por su interés lo requieran, ya sean públicos o privados.

Solo por un Real Decreto, el 190/1996, que aprueba el Reglamento Penitenciario, se atribuye la seguridad exterior de los establecimientos a las FCSE o, en su caso, a los cuerpos de policía de las comunidades autónomas (Art. 63), mientras asigna la seguridad interior a los funcionarios de los cuerpos de Instituciones Penitenciarias (Art. 64). Dieciocho años más tarde, la Ley 5/2014 de Seguridad Privada (Art. 41.3) vino a establecer que cuando así se decida por el órgano competente, y cumpliendo estrictamente las órdenes e instrucciones de las FCS, la seguridad privada podrá prestar ciertos servicios de vigilancia y protección, como la vigilancia perimetral de centros penitenciarios.

Resumiendo: la Ley Orgánica 2/86 no atribuye expresamente a las FCSE la custodia de establecimientos penitenciarios; esta atribución es obra del Real Decreto 190/1996, que aprueba el Reglamento Penitenciario; y la Ley 5/2014 prevé que la seguridad privada pueda llevar a cabo la vigilancia perimetral de centros penitenciarios, cumpliendo las instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

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