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OPINIÓN

Gestión de riesgos sobre personas con interés policial

Mario Liguori, Inspector de Seguridad del Hospital Gregorio Marañón

Santiago García San Martín, Presidente de OSICH. Director de Seguridad del Hospital Gregorio Marañón

23/07/2019
La Ley de Seguridad Privada 5/2014 establece que son servicios de seguridad privada aquellos que contribuyen a la reducción de posibles riesgos asociados a la actividad propia de la organización en la que se constituyen, basando su actividad prioritariamente en la prevención de dichos riesgos y formando, por lo tanto, una parte activa de la Seguridad Pública.

A lo largo del articulado de la ley se configura la relación de los departamentos de Seguridad y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en forma de complementariedad y coordinación, para poder conseguir la eficaz gestión de los riesgos propios de las personas e instalaciones cuya protección es competencia de los departamentos de Seguridad de las organizaciones sanitarias. Para estos últimos, por tanto, la colaboración con las FCSE no es solo una obligación legal, sino la oportunidad de mejorar sus resultados mediante la coordinación, la corresponsabilidad y la colaboración.

Dentro del ámbito de la seguridad privada, las mejoras introducidas en el último año a través de la renovación de los programas de colaboración Red Azul, de la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), y el programa Coopera, del Servicio de Protección y Seguridad de la Guardia Civil, han generado un aumento sustancial en la colaboración general entre los departamentos de Seguridad del ámbito sanitario y estas unidades. De esta manera se ha creado una bidireccionalidad en la gestión de la información en cuanto a la materialización de riesgos, mejorando por tanto la cooperación en su gestión.

Hay que hacer especial mención del comisario Javier Galván Ruiz, que desde que ha sido nombrado interlocutor policial nacional sanitario del CNP, junto a su equipo, está consiguiendo que se ponga en valor la seguridad en el ámbito sanitario y que se materialice en muchos hospitales el inicio de una pequeña cultura de la prevención y la seguridad.

Operativas específicas

A nivel local, cada una de las organizaciones sanitarias tiene que gestionar sus riesgos de acuerdo tanto con la naturaleza de los mismos como con su situación específica, por lo que tendrán que tratar cada una de las situaciones con el cuerpo policial correspondiente y colaborar con él al respecto.

Esa colaboración contempla diferentes aspectos, como la elaboración de planes para la protección de riesgos específicos (por ejemplo, el riesgo radiológico o la prevención de agresiones al personal sanitario), pero en este artículo desarrollaremos lo que denominamos “gestión de riesgos sobre personas con interés policial”.

La interactuación de estas personas con el medio sanitario puede suponer un riesgo adicional para ellas, para el resto de usuarios, para los trabajadores o para las instalaciones del hospital. Entre estas personas ingresadas en las organizaciones sanitarias podemos destacar:

> Víctimas de violencia de género (tanto en los casos en los que la víctima ingresa a raíz de una agresión como en aquellos en los que lo hace por una patología común o un accidente, siendo especialmente complicadas la situaciones de ingreso en maternidad para dar a luz un niño en común con el agresor).

> Ingreso de VIPS por causas sanitarias (por ingreso en urgencias o para someterse a tratamiento o a una operación).

> Ingresos involuntarios por orden judicial por motivos de salud pública (para someterse a tratamiento de forma obligatoria en caso de enfermedades infecto contagiosas graves).

En los casos en los que se decreta por parte de la autoridad competente la custodia de dicha persona por parte de FCSE, el papel del departamento de Seguridad es de colaboración con el cuerpo correspondiente. Pero en los casos en los que no se considera necesaria la custodia por parte de la autoridad correspondiente, recae en el departamento de Seguridad la gestión de ese riesgo mediante la implantación de controles de accesos, la presencia más activa de vigilantes en la zona con un aumento de las rondas y el control efectivo de la misma mediante una mayor atención al sistema de circuito cerrado de televisión.

Para ello es muy importante que la información fluya tanto al inicio de la situación por parte del cuerpo correspondiente, como desde el departamento de Seguridad una vez iniciada la operativa para informar sobre la evolución de la situación a dicho cuerpo.

Una situación similar se produce en los ingresos involuntarios por motivos de salud mental y en los ingresos con cumplimiento de medidas sustitutorias a la prisión normalmente por motivos de salud mental. En estos casos la responsabilidad de la custodia es compartida dentro de la organización sanitaria por el departamento de Seguridad y la Dirección Médica del centro.

Un caso especial, dado que no se encuentran ingresadas en la organización sanitaria, es el caso de la presencia de VIPS de visita. Esto puede suponer un riesgo para dicho VIP en el caso de que no se gestione adecuadamente y un riesgo adicional en caso de materializarse un incidente para el resto de usuarios de la organización. Si se trata de un VIP con escolta de las FCSE tendrá que planificarse una coordinación con el equipo de protección, que puede incluir realizar varias sesiones de contravigilancia y la comprobación tanto de los locales donde estará presente el VIP como de los accesos, recorridos interiores y salida en caso de emergencia.

A mayor “nivel” del VIP, mayor entidad de las medidas de prevención y, por lo tanto, mayor implicación en la prevención por parte del departamento de Seguridad. En ese sentido, los máximos exponentes de esta situación son mandatarios extranjeros, del presidente del Gobierno de España o su Majestad el Rey en condición de Jefe del Estado español.

Detenidos y presos

Como situaciones generadoras de riesgos excepcionales podemos citar también la atención a detenidos y a presos, por lo que se tratarán de forma diferenciada. La Ley General de Sanidad establece la igualdad de acceso a los servicios sanitarios de todos los ciudadanos españoles y residentes en España. Esta prestación es responsabilidad de las organizaciones sanitarias públicas, garantizando una asistencia con las mismas garantías de calidad para los ciudadanos detenidos o presos que para el resto de la población española.

Atención a detenidos

Los detenidos en instalaciones policiales que no han sido puestos a disposición judicial, sin que se haya superado el plazo máximo de 72 horas de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, deben ser atendidos a través de la atención urgente de los servicios sanitarios públicos, compartiendo dicho acceso con el resto de la población.

Esta situación puede producirse a instancias tanto del Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, las policías locales o las policías autonómicas, teniendo en cuenta que la atención está motivada por la participación del detenido en una reyerta; por lo que, además de la situación física del detenido, hay que tener muy en cuenta la situación psíquica del mismo (por su alto grado de agitación) y el aumento del riesgo de incidentes.

Al ser atendidos en los servicios de urgencias ordinarios, el criterio de atención es la gravedad de la patología por la que se acude y no la situación de detención del paciente, por lo que tanto el detenido como los miembros de las FCSE que lo acompañan deben permanecer en las salas de espera con el resto de usuarios del hospital.

Esta situación es altamente ineficiente por varios motivos, entre los que destacaríamos el riesgo que supone la agitación del detenido para el resto de pacientes, así como el detrimento que supone para los servicios activos de las FCSE  tener a miembros del cuerpo encargados de la custodia.

Por todo ello es necesario que el departamento de Seguridad sirva de nexo de unión entre las FCSE y la gerencia de la organización sanitaria, y plantee la prioridad de la gestión de este riesgo. Por ello es recomendable tanto la activación de un protocolo que priorice la atención del detenido como, si es posible, la habilitación de un espacio diferenciado para la espera hasta su atención.

Atención a presos

Este es quizá el riesgo con mayor necesidad de coordinación. Es necesaria una constante comunicación entre el departamento de Seguridad y las FCSE debido al número de atenciones realizadas, a la probabilidad de incidencias e incluso a la implicación de diferentes cuerpos de seguridad tanto en el traslado como en la custodia de los internos.

En la atención a presos en centros hospitalarios se presentan tres situaciones diferenciadas:

> La atención a presos especializada que no puede prestarse por parte de la sanidad penitenciaria y acuden a hospitales de referencia designados en la provincia o comunidad autónoma.

> La atención hospitalaria a presos que se someten a un tratamiento de duración superior a un día o a una intervención quirúrgica.

> La atención urgente a presos por una patología previa, por un accidente o incluso por una agresión dentro del centro penitenciario.

Para incrementar la complejidad de la situación hay que hacer referencia a las competencias atribuidas a cada cuerpo de seguridad por la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 2/1986. Esta norma asigna la custodia dentro del centro sanitario al cuerpo con competencias en la demarcación correspondiente (Guardia Civil o Cuerpo Nacional de Policía), excepto en las consultas programadas, en cuyo caso será el cuerpo responsable del traslado. En cuanto al traslado, si es interurbano será responsable el cuerpo correspondiente a la demarcación, pero si se produce entre dos municipios será responsabilidad de la Guardia Civil.

Por lo tanto, nos encontraremos habitualmente con hospitales donde el traslado de presos se llevará a cabo por la Guardia Civil y la asistencia a consulta será gestionada por dicho cuerpo, pero la custodia en la Unidad Penitenciaria Hospitalaria pertenecerá al Cuerpo Nacional de Policía. Al respecto, el departamento de Seguridad de la organización sanitaria deberá coordinarse de forma efectiva con ambos cuerpos, tanto para facilitar los traslados como las custodias en consulta o en la Unidad Penitenciaria, así como los accesos y salidas del hospital.

La atención a presos en urgencias es seguramente la situación de mayor riesgo en este tipo de circunstancias. Por un lado, la materialización de la urgencia se puede producir en horarios y días con menor personal (tanto sanitario como de FCSE), como puede ser en el turno de noche o en festivos. Esto dilata los plazos de atención, haciendo que se multiplique el tiempo en el que el reo está presente en la sala de espera general de la urgencia debido a la saturación de la misma. Incluso puede que el preso requiera quedarse ingresado en observación 36 horas en un box, donde no se presentan las condiciones mínimas para que los miembros de las FCSE puedan desarrollar su labor mientras esperan a que el paciente se estabilice y pueda finalmente ingresar en la Unidad Penitenciaria Hospitalaria.

Por otro lado, nos encontramos en no pocas ocasiones con que el propio interno ha forzado el traslado a urgencias, simulando la patología o provocándosela, tras ponerse de acuerdo con familiares o allegados para que le esperen en el acceso del hospital e intentar fugarse durante el acceso o salida del centro (de los traslados de presos a urgencias realizados por la Unidad de Protección y Seguridad de Guardia Civil en la Comunidad de Madrid, solo el 16% de los presos se quedaron ingresados en las unidades penitenciarias hospitalarias, el resto fueron dados de alta, recibiendo tratamiento en el centro penitenciario).

Por lo tanto, al igual que con los detenidos, es fundamental la realización de un protocolo de atención específico para estos casos.

Teniendo en cuenta los datos facilitados por la Unidad de Protección y Seguridad de la Guardia Civil, responsable de los traslados interurbanos, en la Comunidad de Madrid se realizaron casi 10.000 traslados de presos a centros sanitarios en 2018, de los cuales más de 6.000 traslados fueron para atención en consultas, 2.500 aproximadamente para ingreso en las unidades penitenciarias hospitalarias y más de 1.000 para atención en urgencias (un 10% del total de traslados). Atendiendo a la reducción de las plantillas de las FCSE en los últimos años, es evidente que la coordinación con dichos cuerpos no solo es imprescindible, sino necesaria tanto para reducir los riesgos de los centros sanitarios como en general de la seguridad ciudadana.

Por lo tanto, para reducir este tipo de riesgos es imprescindible:

> Una coordinación efectiva con los cuerpos de seguridad encargados de los traslados y de las custodias, fijándose reuniones periódicas entre los mandos de estos cuerpos y los responsables del departamento de Seguridad, donde se verificarán las actuaciones realizadas y se propondrán las mejoras necesarias.

> Una comunicación constante sobre las incidencias, que facilitará que el personal de seguridad revise los accesos de forma permanente a las instalaciones del hospital para evitar incidentes en el acceso o salida de los presos.

> Un protocolo de atención adecuado al riesgo generado que posibilite una atención eficiente a los presos que acuden a urgencias.

> Espacios propios de atención en urgencias, donde el preso quede a la espera de las pruebas o diagnósticos necesarios y así se reduzca el riesgo de interactuación entre los presos y el resto de personas presentes en la zona de urgencias, y que permita un mejor control de los presos por parte de las FCSE.

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