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Revista Seguritecnia Edición impresa
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OPINIÓN

Santiago García San Martín, Responsable de Seguridad del Instituto Psiquiátrico José Germain

Instrucción 3/2017 sobre agresiones al personal sanitario: un cambio de enfoque

En el ámbito sanitario se producen el 25 por ciento de los incidentes en el trabajo y el 50 por ciento de sus trabajadores ha sufrido violencia.

La presentación, el pasado 5 de julio, de la Instrucción 3/2017, de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud pone nuevamente de relieve un problema que, lejos de solucionarse, no hace más que aumentar año tras año: la violencia contra el personal de los centros sanitarios.

El presente artículo va a tratar de aportar las claves para saber cuáles son los orígenes y alcances de este problema, cuáles pueden ser las soluciones al mismo y por qué esta instrucción va en la línea de dichas soluciones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia en el trabajo como “los incidentes en los que la persona es objeto de malos tratos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo”.

Estos incidentes, lejos de ser situaciones puntuales, se están convirtiendo en un fenómeno sociológico de primer orden que afecta a diferentes sectores de la sociedad occidental, como el sistema educativo o los sistemas de transporte colectivo, pero muy especialmente al ámbito sanitario. Según la OMS, en este último se produce el 25 por ciento de todos los incidentes y el 50 por ciento de sus trabajadores ha sufrido algún tipo de violencia en el trabajo.

En España, el Informe del Grupo de Trabajo de Agresiones a Profesionales del Sistema Nacional de Salud del 14 de febrero de 2014, creado por el Ministerio de Sanidad, indica que se han producido más de 30.000 agresiones a personal sanitario en el periodo 2008-2012. Si atendemos a los datos de los colegios profesionales de medicina y enfermería, los cuales indican que únicamente se registra el diez por ciento de las agresiones, nos encontramos con datos de auténtica epidemia social.

Estos incidentes sobrepasan el ámbito de los centros de trabajo y del enfoque de la prevención de riesgos laborales, convirtiéndose en un riesgo para la organización sanitaria que debe afrontar una descapitalización humana y económica (bajas por agresiones y enfermedades psicosociales derivadas de los agredidos, pérdidas de horas de trabajo de los compañeros, abandonos posteriores de la organización hacia otros centros de trabajo, búsqueda de sustitutos, formación, integración en plantillas, aumento de pruebas diagnósticas, derivaciones a especialistas y bajas por enfermedad por presión de pacientes), pérdida de imagen corporativa (con negativas de integración en plantilla de nuevos miembros en determinados servicios o centros con fama de problemáticos) e incluso un problema de salud pública para la sociedad al no ser capaz de mantener los servicios con unos mínimos de plantilla y calidad en dichos centros sanitarios.

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