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OPINIÓN

Enrique Hormigo Julio, Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE)

La importancia de la prueba testifical del detective privado

Con cierta frecuencia, los profesionales de la investigación privada hemos tenido ocasión de atender a nuevos clientes en nuestro despacho que, tras la investigación encomendada con emisión de informe y su posterior ratificación ante los tribunales de Justicia, se han felicitado a sí mismos, y así nos lo han hecho saber, por la buena decisión que adoptaron cuando en su día decidieron contratar a un detective privado.

Primero entra la llamada telefónica. En muchas ocasiones, tras la línea hay alguien no muy convencido sobre la idoneidad de contratar a un profesional de cuya labor lo único que tiene son referencias literarias o cinematográficas y, por lo tanto, equivocadas. A veces llama sin convencimiento, como el último recurso, la última opción que tiene ante un problema laboral, industrial, mercantil, económico, familiar o de cualquier otra índole. Según hablas con el interlocutor, se empieza a sentir cómodo; ha notado que sabes y que estás formado. Le ofreces diversas soluciones de actuación y le explicas los límites legales para obtener los resultados que busca. Con más ánimo solicita una reunión y, finalmente, entra un nuevo asunto en el despacho.

La culminación de este trabajo que empieza descolgando el auricular no es otra que la emisión del informe de resultados obtenidos y, muy frecuentemente, la ratificación del mismo en sede judicial. Y es aquí donde me quiero detener, pues la eficacia probatoria de muchos de estos informes es absolutamente concluyente para dirimir los hechos controvertidos objeto del proceso a favor de quien lo encargó.

El informe, crucial

Se me ocurren muchos ejemplos en los que el informe del detective se ha considerado crucial por el juzgado para resolver a favor de la pretensión de quien te contrató. ¿Cuántas veces hemos acudido a los juzgados a ratificarnos en el informe de una investigación por una lesión que presuntamente padece el demandante o denunciante que reclama ante la aseguradora como responsable civil subsidiario? ¿Cuántas bajas laborales presuntamente fingidas han entrado en el despacho buscando una solución por parte del empleador?En estos casos, y en otros muchos, el acervo probatorio de las partes se pone en marcha, principalmente con dictámenes, casi siempre contradictorios, emitidos por los peritos aportados por cada una de las partes. Uno de los dictámenes indica que el demandante tiene la movilidad reducida en su brazo derecho —por ejemplo— hasta el punto de que no puede girarlo más de 80 grados ni elevarlo a una altura superior a los 40. Y el dictamen aportado por la parte contraria indica que esa movilidad es muy superior y que puede realizar una elevación y giro completos del brazo, pues han desaparecido las causas que motivaron esa escasa movilidad y las secuelas son mínimas. El perito designado por el órgano judicial, si lo hay, a menudo elabora un dictamen diferente a los dos anteriores.

Por otro lado, en estos procedimientos la subjetividad de los testigos a menudo se hace evidente y sus testimonios son contradictorios, por lo que el juzgador, atendiendo a las reglas de la sana crítica, dará a sus declaraciones la fuerza probatoria —ya cercenada desde un principio— que en cada caso aprecie o considere. En este punto, el trabajo del detective es crucial para el juez, pues su testimonio va acompañado de un informe escrito al que se le han adjuntado imágenes y documentos con plena eficacia probatoria.

Esa persona que, prácticamente, no podía mover su brazo, ha entrado en tal fecha a un club de tenis, bolsa de deporte en mano, y ha estado jugando durante dos horas. Se adjuntan al informe fotografías y vídeo de los espectaculares mates que daba a su contrincante, precisamente, con aquel brazo supuestamente lesionado. No hay duda; esto es concluyente para que el juzgador, de manera inequívoca, pueda dictar sentencia a favor de la parte que ha presentado ese informe en el procedimiento. Y para que ese informe tenga validez, se hace necesaria la ratificación del mismo por parte del detective ante el órgano judicial donde se dirime la discordia.

Objetividad y eficacia

No olvidemos lo que a este respecto determina el artículo 265.1.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que da a los detectives privados el carácter de testigos cualificados al determinar que “a toda demanda o contestación habrá de acompañarse los informes, elaborados por profesionales de la investigación privada legalmente habilitados, sobre hechos relevantes en que aquéllas apoyen sus pretensiones. Sobre estos hechos, si no fueren reconocidos como ciertos, se practicará prueba testifical”.

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La cualificación del detective se determina porque su declaración debe ir acompañada, en todo caso, del informe escrito al que se refiere nuestro cuerpo legal, lo que implica que necesariamente se ha producido una investigación, realizada por un profesional, más o menos prolongada en el tiempo encaminada a observar, verificar o determinar ciertos hechos para los que ha sido contratado. No se trata de un testigo casual, sino de un profesional que en su trabajo de investigación ha buscado el conocimiento necesario para facilitárselo al órgano judicial con objetividad y eficacia. Por eso el testimonio del detective no admite, a diferencia del resto de los testigos aportados por las partes en la causa, tacha ni impugnación de contrario.

Esta especial cualificación del testimonio del detective viene de antiguo y ya el Tribunal Supremo, en su sentencia de 6 de noviembre de 1990, decía: “el testimonio emitido por los detectives privados tiene, a favor de su veracidad, no sólo la garantía de profesionalidad exigible y en principio también presumible, en una profesión reglamentada legalmente, sino también de la que, de modo innegable, proporciona la precisa y continuada dedicación al objeto del ulterior testimonio a emitir y las complementarias acreditaciones gráficas o sonoras de que puede ir acompañada”.

Valor probatorio

Es innegable, pues, ese plus de valor y eficacia probatoria que atribuyen los tribunales a la prueba testifical del detective privado y eso es así no sólo por las “acreditaciones gráficas o sonoras” que acompañan al informe —también documentales—, sino porque se les presupone una mayor ciencia que al resto de los testigos por haberse dedicado profesionalmente al conocimiento de los hechos que se dirimen en el proceso en el que declaran.

Por eso debemos considerar, a la hora de valorar esa especial cualificación del detective privado, lo dispuesto a lo largo del articulado de la actual redacción de la citada Ley, que recoge, en líneas generales, lo preceptuado en el ya derogado artículo 659, párrafo primero, de la anterior Ley, a cuyo tenor: “Los jueces y tribunales apreciarán la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos…, teniendo en consideración la razón de ciencia que hubieron dado y las circunstancias que en ellos concurren”.

Los clientes, satisfechos no sólo con el trabajo realizado, sino por la fuerza probatoria que, han comprobado, tiene el informe ante los tribunales de justicia, miran hacia atrás y recuerdan aquella llamada que hicieron al detective como último recurso, buscando solución a sus problemas. Ahora advierten que ese gasto inicial se ha convertido en una inversión, y lo agradecen.

Pronto entrará al despacho otra llamada realizada por alguien con un problema similar. Hemos sido recomendados por el anterior cliente. De nuevo se pone en marcha la maquinaria en busca de su satisfacción.  

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