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Revista Seguritecnia Edición impresa
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OPINIÓN

Francisco Muñoz Usano, Doctor en Derecho. Presidente de la Sociedad Española de Estudios de Derecho de la Seguridad.

El cumplimiento normativo en la seguridad privada

La política de ‘compliance’ establece los principios generales y el compromiso de acción de una organización para lograr el cumplimiento normativo.

Los sistemas de cumplimiento normativo articulan la función que permite a las empresas –mediante procedimientos adecuados– detectar y gestionar los incumplimientos de obligaciones regulatorias internas y externas, mitigando los riesgos de responsabilidades, sanciones y pérdidas que deriven de tales incumplimientos, basándonos en la definición de Edufinet.

El cumplimiento normativo no es nada nuevo, siempre ha existido, lo nuevo es la tendencia a observarlo y promoverlo. Se ha divulgado más recientemente por haberse reconocido en el Código Penal, en 2015, como atenuante o eximente en cierto tipo de delitos de las personas jurídicas.

En los asuntos jurídicos, sobre todo si afectan a los tribunales, conviene evitar los anglicismos, tanto en el cumplimiento (compliance) como en los cargos empresariales (CCO, CEO, CISO, CSP, DPO, etc.) que dejan difuminada e inconcreta las funciones y responsabilidades atribuidas a cada persona.

El compliance también es un “negocio”, como tantos otros, de asesoramiento externo, por lo que conviene asegurarse de que los servicios que puedan contratarse externamente cubran realmente las necesidades y requisitos legales.

Normativa de Seguridad Privada

A la hora de definir las responsabilidades en la seguridad corporativa hay que tener en cuenta la Ley 5/2014, de Seguridad Privada. En su artículo 36, sobre “Directores de Seguridad”, las responsabilidades de estos profesionales son casi todas de supervisión, comprobación; es decir, susceptibles de revisión del cumplimiento de esta norma. Dice:

“1. En relación con la empresa o entidad en la que presten sus servicios, corresponde a los directores de seguridad el ejercicio de las siguientes funciones:

a) La organización, dirección, inspección y administración de los servicios y recursos de seguridad privada disponibles.

b) La identificación, análisis y evaluación de situaciones de riesgo que puedan afectar a la vida e integridad de las personas y al patrimonio.

c) La planificación, organización y control de las actuaciones precisas para la implantación de las medidas conducentes a prevenir, proteger y reducir la manifestación de riesgos de cualquier naturaleza con medios y medidas precisas, mediante la elaboración y desarrollo de los planes de seguridad aplicables.

d) El control del funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de seguridad privada.

e) La validación provisional, hasta la comprobación, en su caso, por parte de la Administración, de las medidas de seguridad en lo referente a su adecuación a la normativa de seguridad privada.

f) La comprobación de que los sistemas de seguridad privada instalados y las empresas de seguridad privada contratadas cumplen con las exigencias de homologación de los organismos competentes.

g) La comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes de las circunstancias o informaciones relevantes para la seguridad ciudadana, así como de los hechos delictivos de los que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

h) La interlocución y enlace con la Administración, especialmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, respecto de la función de seguridad integral de la entidad, empresa o grupo empresarial que les tenga contratados, en relación con el cumplimiento normativo sobre gestión de todo tipo de riesgos.

i) Las comprobaciones de los aspectos necesarios sobre el personal que, por el ejercicio de las funciones encomendadas, precise acceder a áreas o informaciones […] para garantizar la protección efectiva de su entidad, empresa o grupo empresarial.”

En mi opinión, en este último apartado i) debería precisarse en el futuro Reglamento de Seguridad Privado “áreas o informaciones sensibles”, dado que se echa de menos algún adjetivo que cualifique y concrete.

El todavía vigente Reglamento de Seguridad Privada de 1994, sin embargo, señala una de sus funciones de manera mucho más expresa respecto de la obligación de supervisión normativa, en el artículo 95-1-g):

“1. A los jefes de seguridad les corresponde, bajo la dirección de las empresas de que dependan, el ejercicio de las siguientes funciones:

a) El análisis de situaciones de riesgo y la planificación y programación de las actuaciones precisas para la implantación y realización de los servicios de seguridad.

b) La organización, dirección e inspección del personal y servicios de seguridad privada.

c) La propuesta de los sistemas de seguridad que resulten pertinentes, así como la supervisión de su utilización, funcionamiento y conservación.

e) La coordinación de los distintos servicios de seguridad que de ellos dependan, con actuaciones propias de protección civil, en situaciones de emergencia, catástrofe o calamidad pública.

f) Asegurar la colaboración de los servicios de seguridad con los de las correspondientes dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

g) En general, velar por la observancia de la regulación de seguridad aplicable.

2. A los directores de seguridad les corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los apartados a), b), c), e), f) y g) del artículo anterior”.

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