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Revista Seguritecnia Edición impresa
OPINIÓN

Juan Carlos Galindo, Perito judicial en Investigación de delincuencia económica y consultor de riesgos penales en Galindo Legal & Compliance

El fútbol, el blanqueo y la lucha contra la corrupción

El punto crítico en el mapa de riesgos de la corrupción del sector público es la contratación administrativa.

Una organización criminal que actúa dentro de una institución del poder legislativo estatal utiliza en sus procedimientos de corrupción personas naturales (“testaferros” y “pantallas”), una hoja de pago de contabilidad paralela, créditos fraudulentos, amnistía fiscal, declaraciones falsas de impuesto de renta y traspasos financieros a equipos de fútbol.

La organización criminal está compuesta por personas que recibieron financiación para una campaña electoral. Después de la elección, los involucrados, ahora diputados, ejecutaron una estrategia de corrupción dentro de la asamblea, asumiendo los principales puestos (como la presidencia, las secretarías, la tesorería y otros puestos estratégicos) y crearon una hoja de pago y una contabilidad paralela para operar pagos de sueldos de empleados ficticios. Los sueldos, de un valor importante, se pagaron a testaferros:

a) Se emitieron cheques de sueldo a nombre de los empleados ficticios (testaferros). En seguida, tales cheques se endosaron a nombre de una empresa de factoring, la cual simulaba una operación de fomento de la actividad con todas aquellas compañías que habían participado en la financiación de la campaña electoral. De esa forma se devolvieron todos los fondos recibidos en el curso de la campaña electoral.

b) Además, se descontaron fondos de la hoja de pago de los empleados a beneficio de una empresa del sector inmobiliario. Posteriormente, la empresa reenvió aquellos fondos a los diputados. Para justificar los ingresos, los diputados simularon una venta de un inmueble a la empresa involucrada (sector inmobiliario).

c) Asimismo, la organización creó más procedimientos para retirar fondos de la asamblea. Los diputados tomaron préstamos bancarios en instituciones financieras con el aval de la asamblea y por medio de los miembros de su mesa directora. Los recursos provenientes de los préstamos se dividieron entre los diputados, quienes nunca cancelaron los créditos, sino la Asamblea Nacional.

d) Los diputados emplearon equipos de fútbol como pantalla para defraudar y desviar fondos públicos. En algunos casos, estos equipos fueron administrados por el presidente de la asamblea en cooperación con el gerente financiero del equipo.

e) El intendente del Gobierno Nacional imputó en colaboración con la asamblea y la autoridad tributaria actos de amnistía fiscal y perdonó a diversas empresas sus deudas fiscales, algunas perteneciendo a diputados nacionales.

Este caso es lo que se denomina una tipología de blanqueo de capitales, y fue presentada por Gafisud, que es un grupo regional perteneciente a la red internacional de organismos dedicados a la prevención y a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El núcleo de esta red es el GAFI/FATF, con su sede dentro de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), en París.En toda tipología se pueden encontrar unas señales de alerta, en este caso: 

  • ROS (Informes de operaciones sospechosas de distintos comunicantes). 
  • ROE (registros de operaciones en efectivo). 
  • Personas políticamente expuestas–PEPs. 
  • Recursos públicos. 
  • Movimiento financiero que no demuestra ser resultado de negocios normales. 
  • Simulación de operaciones inmobiliarias. 
  • Señales exteriores de riquezas.

Con estas señales de alerta, los sujetos obligados a prevenir el blanqueo de capitales tienen la obligación de establecer sistemas y controles en función del riesgo, su actividad y estructura.

Así, veremos que las administraciones públicas, los partidos políticos, los sindicatos y los equipos de fútbol no son uno de esos sujetos obligados.

Blanqueo de capitales

En España parece consolidada terminológicamente una serie de conceptos respecto del blanqueo de capitales:

  1. Se trata de un proceso.
  2. Este proceso pretende convertir el dinero negro, es decir, el procedente de negocios que constituyen un delito o que no se pueden justificar ante las autoridades competentes, en dinero que se pueda justificar fiscalmente.
  3. Se marca la tendencia de unificar el concepto del dinero no declarado a la Hacienda Pública con el obtenido ilegalmente. Es decir, que no declarar a la Hacienda Pública es un delito.
  4. El proceso en sí mismo es un delito.
  5. En el blanqueo de capitales ha de tenerse en cuenta tanto el dinero como los bienes obtenidos ilegalmente.

Podríamos decir en una primera aproximación, sin pretensiones jurídicas, que el blanqueo de capitales es el proceso a través del cual se trata de dar apariencia de legalidad o legitimidad a unos productos (dinero, divisas, fondos, activos, capitales, bienes, etc.) generados como consecuencia de una actividad ilegal o injustificada, siendo la clave del proceso de blanqueo el eliminar el rastro entre dichos productos y la actividad ilegal realizando múltiples actos o negocios jurídicos cuyo objetivo es complicar o borrar cualquier relación respecto de su origen verdadero.

En este sentido, el proceso de blanqueo se compone de varias fases:

  1. Colocación: momento en el que los fondos son introducidos en el sistema económico o financiero.
  2. Transformación: conjunto de operaciones dirigidas a encubrir, ocultar o hacer desaparecer el nexo entre el activo y su fuente.
  3. Integración: retorno del activo al patrimonio de quien lo generó con toda la apariencia de legalidad.

Los métodos de blanqueo son complejos y cambiantes. Factores como la deliberada complejidad de los procesos, la modificación frecuente de la naturaleza de los activos o el cambio en su localización geográfica suelen verse con frecuencia asociados a esquemas de blanqueo.

Así, la lucha contra el blanqueo de capitales se basa en dos mecanismos mutuamente complementarios:

  1. El sistema represivo o penal, que configura al blanqueo de capitales como un delito tipificado en el Código Penal, correspondiendo a los juzgados y tribunales su represión, con el auxilio de los cuerpos policiales.
  2. El sistema preventivo o administrativo, que intenta dificultar o impedir el acceso al sistema financiero, así como a otros sectores de actividad, de bienes o capitales de origen delictivo mediante la imposición de una serie de obligaciones a determinadas personas o entidades que operan en dichos sectores de manera que el incumplimiento de estas obligaciones constituye una infracción administrativa, castigada con sanciones de multa de elevado importe.

Colaboración

El pasado 11 de enero, se celebró una reunión entre los representantes del Grupo Popular en la Comisión Parlamentaria de Calidad Democrática, contra la Corrupción y Reformas Institucionales y Legales y representantes de la Asociación de Sujetos Obligados en Prevención de Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (Aseblac), de cuya ejecutiva forma parte Galindo Legal & Compliance a través de su socio director, Juan Carlos Galindo.

El objeto de la reunión fue el intercambio de impresiones y el estudio preliminar sobre la idoneidad, para el sector público español, de las medidas en materia de prevención de blanqueo de capitales y corrupción internacionalmente aceptadas en el ámbito público y el sector privado.

Dada la extensión de la materia, se coincide en que el punto crítico en el mapa de riesgos de la corrupción del sector público es la contratación administrativa, lo que hace conveniente centrar el foco en medidas destinadas a prevenir ese aspecto.

Como resultado de la reunión, por los miembros de la comisión se propone a Aseblac la aportación de un estudio preliminar sobre las siguientes cuestiones, que consideran susceptibles de estudio en profundidad y posterior desarrollo para su plasmación en la legislación y actuación administrativa: 

  • Aplicación de la identificación del titular real en el ámbito de la contratación pública. 
  • Seguimiento continuo de la relación de negocio en el ámbito de los contratos públicos. 
  • Implantación de canales de denuncia y mecanismos de protección del denunciante (Whistleblower). 
  • Formación a las autoridades y empleados del sector público en materia de anticorrupción y prevención de blanqueo, como elemento preventivo.

Destacar la buena acogida por parte de la portavoz en dicha comisión, Beatriz Escudero, de las propuestas formuladas, así como de su vicepresidente II, Juan Vicente Pérez, demostrándose que la colaboración público-privada en la materia no solo es posible, sino que es un camino a explorar para conseguir erradicar conductas que constituyen un motivo de preocupación para todos. 

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