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Revista Seguritecnia Edición impresa
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OPINIÓN

Código de buenas prácticas en seguridad privada

19/09/2017 - Anna Aisa Biarnés, gerente de la Asociación Catalana de Empresas de Seguridad (ACAES)
Una de las líneas de actuación de ACAES es la lucha contra el intrusismo. Desde la asociación trabajamos para fortalecer el sector de la seguridad privada, y en dicho ámbito nuestro compromiso es firme, siendo la única patronal que de forma habitual y constante denuncia todas aquellas conductas intrusas que llegan a su conocimiento.

La apuesta por la lucha contra el intrusismo, que desde ACAES siempre hemos mantenido y apoyado de forma activa, se recoge en la propia Ley de Seguridad Privada, en la ya se establece en el preámbulo: “Es por eso que la nueva regulación contempla, entre otros objetivos, la mejora de la eficacia en la prestación de los servicios de seguridad privada en lo relativo a organización y planificación, formación y motivación del personal de seguridad; la eliminación de las situaciones que dan lugar al intrusismo tanto de las empresas como del personal; la dotación al personal de seguridad privada del respaldo jurídico necesario para el ejercicio de sus funciones legales, y los elementos de colaboración entre la seguridad privada y la seguridad pública”.

Pero ¿qué es intrusismo? Podría pensarse que la Ley de Seguridad Privada nada dice al respecto, ya que, si bien su artículo 2 recoge toda una serie de definiciones que son esenciales para comprender el contenido del resto de preceptos y el alcance de los mismos nada dice sobre el concepto de intrusismo, pero no es así. De la lectura en conjunto de la norma se desprende que el legislador parte de un concepto amplio. Intrusismo no es sólo aquellas actividades que se realizan sin la debida autorización, sino también las llevadas a cabo por personal que carece de la habilitación correspondiente y la prestación de servicios sin dar cumplimiento a lo establecido en la legislación vigente; y decimos legislación vigente, es decir, no se limita al cumplimiento de la Ley de Seguridad Privada, sino que va más allá. Tenemos, pues, un abanico muy amplio en el que englobar muchas actuaciones.

Teniendo en cuenta el alcance de la cuestión que nos ocupa, la Generalitat de Cataluña recogió la inquietud manifestada por el sector y creó un grupo de trabajo para abordar esta problemática. Una de las conclusiones de dicho grupo fue la elaboración de un Código de Buenas Prácticas. Sin embargo, ante el alcance del tema, se decidió trabajar en dos ámbitos diferenciados: la contratación pública y la seguridad privada. De este modo, se elaboró y publicó el Código de Buenas Prácticas en la contratación pública de servicios de vigilancia (que se aplica en el ámbito del acuerdo marco de servicios de vigilancia de la Generalitat) y el Código de Buenas Prácticas en la Seguridad Privada, éste último de reciente publicación.

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