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OPINIÓN

Francisco Llaneza Prieto, Jefe de la Unidad de Seguridad Privada de la Ertzaintza

Situación de las falsas alarmas en Euskadi

En la Comunidad Autónoma de Euskadi hay instalados actualmente 62.728 sistemas de alarma conectados, que son gestionadas por 98 centrales receptoras de alarmas (CRA). La gestión de los incidentes relacionados con esas alertas en Euskadi corresponde, dentro de la estructura organizativa de la Ertzaintza, a la División de Protección Ciudadana y Recursos Operativos.

La distribución de la plantilla en los diferentes territorios históricos está determinada fundamentalmente por factores demográficos, geográficos y sociales. Estadísticamente, en el conjunto de la comunidad autónoma hay un ertzaina por cada 273 habitantes o por cada 0,90 kilómetros cuadrados, distribuidos en 22 comisarías que abarcan la totalidad del territorio de la comunidad autónoma (11 en Vizcaya, ocho en Guipúzcoa y tres en Álava). 

La Unidad de Seguridad Privada realiza, desde 1999, el control sobre los sistemas de alarma, tanto de los conectados a CRA como de los no conectados. A largo de todos estos años, hemos llevado a cabo una intensa labor dedicada a la reducción de las falsas alarmas.

La supervisión de las señales que nos trasmiten las CRA es diaria. Para ello, como venimos haciendo desde hace años, aplicamos el artículo 50 del Reglamento de Seguridad Privada y la Orden Ministerial 316/2011 en referencia a la desconexión de los sistemas de alarma; es decir, efectuamos requerimientos diarios de subsanación a todos los sistemas de seguridad que trasmiten dos falsas alarmas en un mes. Gracias a esta ingente labor, hemos conseguimos rebajar las falsas alarmas –que en el año 2001 eran de 33.775– a las cifras actuales. Durante 2017 realizamos 368 requerimientos y cursamos 95 órdenes de desconexión.

Con la entrada en vigor de la Orden Ministerial 316/2011 se consiguió una notable reducción de estos avisos (por ejemplo, en 2014 las centrales receptoras transmitieron 4.865 comunicaciones). Sin embargo, en los últimos años estamos detectando un ascenso de las comunicaciones, si bien es cierto que también ha aumentado el número de conexiones, especialmente en el grado 2.

gestión de alarmas

Situación actual

Si realizamos un análisis de las falsas alarmas en 2017, encontramos que las CRA nos transmitieron un total de 8.746 señales de alarma, de las cuales 649 fueron reales y el resto (8.097) falsas. Además, las unidades de protección ciudadana han invertido un promedio de 18,50 minutos en la resolución de cada incidente, contados desde que la CRA comunica la incidencia al Centro de Mando y Control de la Ertzaintza, hasta que el incidente se da por finalizado. De las 8.097 falsas alarmas comunicadas, en 1.037 ocasiones el vehículo policial no llegó al incidente, ya que desde la CRA habían verificado con posterioridad a la primera llamada la falsedad de la misma. El tiempo total empleado en la tramitación de estos incidentes, supuso una dedicación de recursos policiales de 2.496 horas durante el año pasado.

Del estudio de las causas que han motivado las falsas alarmas a las que acudimos el pasado año, comprobamos que el 56 por ciento de los avisos estuvo provocado por errores del usuario al manipular el sistema de alarma. De este porcentaje, el 40 por ciento se debió a pulsadores de atraco o códigos de coacción y 60 por ciento restante a diferentes motivos, todos ellos referidos a mal uso del sistema, como por ejemplo no conocer la clave de desconexión, aun estando autorizado por el propietario del sistema. El otro 44 por ciento del total de los incidentes se debe a múltiples causas, relacionadas con la meteorología, fallos en la comunicación o mal funcionamiento de los elementos instalados.

Campo de mejora

Como hemos observado de los datos que barajamos en la Ertzaintza, tenemos un amplio campo de mejora, especialmente en la reducción de las falsas alarmas que se generan por errores y mal uso de los sistemas de seguridad. A pesar de que la legislación actual exige que se forme al usuario en la utilización del sistema y se le informe de las obligaciones derivadas de su instalación y mantenimiento, observamos que hay un deficiente conocimiento en torno a su uso y manejo, así como en qué casos se deben de activar los pulsadores de coacción.

Desde la Unidad de Seguridad Privada estamos aplicando el cuadro infractor en aquellas ocasiones en las que se observa una dejadez manifiesta por parte de los usuarios en el uso de los sistemas. Además prestamos especial atención a los mantenimientos de los mismos, constatando casos en los que no se llevan a cabo las preceptivas revisiones, a pesar de que son vitales para el buen funcionamiento y la prevención de los fallos de los sistemas conectados.

En relación con las opciones de mejora, destaca la gran oportunidad que nos brinda el borrador del nuevo Reglamento de Seguridad Privada. En mi opinión, resulta indispensable para reducir al mínimo posible estos incidentes, siempre buscando la colaboración entre todos los que intervenimos: empresas, usuarios y cuerpos policiales.

También resulta imprescindible actualmente la conexión a través de las pasarelas tecnológicas que establezcan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la transmisión en tiempo real de señales de audio y vídeo desde las centrales receptoras. Además, hemos de primar la verificación mediante imágenes, la realización de proyectos de instalación acordes con las características físicas y el estudio detallado de los riesgos, fomentar los derechos y obligaciones de los usuarios, el uso de sistemas tecnológicos de filtrado de señales y establecer procedimientos operativos de discriminación de alarmas.

Es necesario que entre todos pongamos los medios y la normativa adecuada para reducir la trasmisión de falsas alarmas. Si bien es cierto que la resolución de estos incidentes no supone un problema en la operativa diaria de la Ertzaintza, no debemos olvidar que estamos empleando medios humanos y materiales que detraemos de la seguridad de todos ciudadanos a los que debemos proteger, para atender actuaciones que no son más que meras señales de sistemas privados que, o bien porque son mal utilizados por los usuarios o por diferentes problemas técnicos, generan actuaciones policiales innecesarias.

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