Seguritecnia 367

82 SEGURITECNIA Septiembre 2010 Protección contra incendios La adaptación a la normativa euro- pea supondrá, según el Ejecutivo, una oportunidad para internacionalizar la ac- tividad de las pymes. Asimismo, indican que la eliminación de barreras de en- trada y la supresión de trámites llevarán a un impulso de la actividad de los servi- cios con un incremento del producto in- terior bruto y crearán nuevos puestos de trabajo. ¿Quién protegerá el mercado es- pañol de instalaciones mal realizadas? ¿Dónde estarán sus responsables? Una nueva exigencia Por otro lado, con fecha 10 de marzo de 2010, se ha publicado el Real De- creto 195/2010 – que actualiza el Real Decreto 2364/1994 del Reglamento de Seguridad Privada para adaptarlo a la “Ley Ómnibus” – , el cual no libera, sino, por el contrario, introduce un nuevo e importantísimo requisito para seguir ejerciendo la actividad a las empresas dedicadas a la protección contra in- cendios que conectaban sus instalacio- nes a una Central Receptora de Alar- mas (CRA), del que antes estaban expre- samente exceptuadas, y que supone la obligatoria adscripción y control por el Ministerio del Interior. Sin embargo, deja sin resolver proble- mas de índole técnica: ¿Qué ocurrirá en una instalación conectada a una CRA cuando salte una señal de alarma? ¿A quién se avisa? ¿Qué ocurre con las se- ñales de avería? ¿Cuál es la responsabi- lidad de las CRA? En caso de incendio o de una falsa alarma, ¿cuál es la respon- sabilidad de un instalador/mantene- dor? ¿Quién garantiza que la instalación esté correctamente realizada? ¿Cuál es el protocolo de actuación? Desde la patronal de Protección con- tra Incendios, observamos estos cam- bios con verdadera preocupación. Sor- prenden las escasas explicaciones obte- nidas ante las dudas sectoriales, dada la nula consulta a nuestro sector. Llevamos años insistiendo en la im- portancia de la formación, la especia- lización, la adecuación y adapta- ción normativa. Hemos hablado largamente sobre el grave pro- blema de la competitividad de nuestras empresas, relacionada ín- timamente con la calidad del pro- ducto y su instalación, no con el precio. Por todo ello, consideramos im- prescindible ser escuchados por los diferentes ministerios relacio- nados con el sector de Protección Contra Incendios. Desde estas pá- ginas, ofrecemos nuestra colabo- ración para conseguir mantener y aumentar el nivel de seguridad de vidas, bienes y medioam- biente que, al menos hasta el mo- mento, veníamos disfrutando. S E n los últimos tiempos estamos viviendo en España una verda- dera revolución de cambios le- gislativos, algunos de los cuales afectan de manera muy especial a nuestra acti- vidad. A la reciente liberalización de servi- cios provocada por la entrada en vi- gor de la “Ley Ómnibus” (ley que trata de desarrollar la aplicación de la Direc- tiva Europea de Servicios), se ha unido la modificación en la Ley de Seguri- dad Privada, a través del Real Decreto 195/2010. Todo ello altera notablemente el ejercicio de la actividad de protección contra incendios. Por un lado, observamos la desapa- rición de exigencias y autorizaciones de la Administración, lo que supone la transformación de una actividad re- gulada, en la que era requisito impres- cindible demostrar que se disponía de la competencia adecuada para operar, en un mercado cuasi voluntario en el que cualquier agente, mediante la pre- sentación de una declaración responsable, podrá ofrecer sus servicios. Esta voluntad gubernamen- tal de acabar con la “cultura de autorizaciones para todo” pretende compensar el posi- ble impacto en la pérdida de la calidad del servicio a través de un incremento en las labo- res de inspección y mediante la imposición de sanciones a quienes realicen declaraciones fraudulentas. Pero, ¿y las con- secuencias? ¿Cómo se garan- tiza que los controles se reali- zarán a tiempo, antes de que se produzca una desgracia por una instalación defectuosa? Dudas razonables sobre los cambios en el sector tras la nueva legislación Rocío García-Borreguero / Secretaria general de Tecnifuego-Aespi