Seguritecnia 368

Actualidad 140 SEGURITECNIA Octubre 2010 El área Security Products de Siemens cambia de estructura y estrategia para centrarse en el control de accesos y la detección de intrusión El área de negocio Security Products de Siemens, perteneciente a la división Building Technologies, comienza el próximo ejercicio fiscal 2010/2011 con una nueva estructura y estrategia. Tras llevarse a cabo una detallada evaluación de las operaciones del negocio y de las necesidades de los clientes, la compañía ha decidido que el foco principal de esta área se centre en los sectores de control de accesos y detección de intrusión, soportados por el portfolio principal de CCTV. La sede central de la sección está ubicada en Solna (Suecia). “Con esta nueva estructura, el área de negocio Security Products se encuentra ahora mejor posicionada para reaccio- nar de manera rápida y efectiva a las necesidades de cambio del mercado, al ofrecer una innovación propia que cubrirá las expectativas de los clientes”, asegura Peter Hawksworth, res- ponsable a nivel internacional del área en cuestión. Security Products cuenta con oficinas de venta regiona- les en cinco mercados clave: Países nórdicos (Suecia, Finlan- dia, Noruega y Dinamarca), DACHIT (Alemania, Austria, Suiza e Italia), Francia, Reino Unido (Reino Unido e Irlanda) e Ibe- ria (España y Portugal) Los clientes que se encuentren fuera de estos mercados serán atendidos por los equipos de ven- tas internacionales de la organización, con sede en Karlsruhe (Alemania). Interior aclara a Tecnifuego-Aespi que las compañías de PCI no están obligadas a inscribirse en el Registro de Empresas de Seguridad En respuesta a una solicitud de aclaración realizada por la asociación Tecnifuego- Aespi acerca de la adaptación de las empresas de Protección Contra Incendios (PCI) a la “Ley Ómnibus” y a la modificación del Reglamento de Seguridad Pri- vada para su acondicionamiento a dicha norma (RD 195/2010), la Secretaría Ge- neral Técnica del Ministerio del Interior ha manifestado que “las centrales de alar- mas que no se comunican con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como es el caso de las empresas que se dedican a la instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad contra incendios, no deberían inscribirse en el Registro de Empresas de Seguridad”. Según Interior, la finalidad de estas nor- mas “nunca fue que les resultara de aplicación éste régimen jurídico”. Por tanto, clarifica la institución, “no sería necesario que tuvieran que inscribirse en el Regis- tro de Empresas de Seguridad para poder llevar a cabo su actividad”. El ministerio que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba responde así la solicitud emitida por Tecnifuego-Aespi para que se realizara una inter- pretación del nuevo marco legislativo que debían cumplir las empresas afectadas por el RD 195/2010. Según la asociación, el texto del Real Decreto permitía suponer que las compañías de protección contra incendios (PCI) que conectasen dispositivos a una central receptora de alarmas estaban obligadas, a partir de ese momento, a convertirse en empresas de Seguridad Pri- vada para poder seguir realizando su actividad. Tal disposición, motivó la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria de Tecnifuego-Aespi, en la que estuvo presente Esteban Gándara, comisario jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía. Gándara explicó que con el Real Decreto se pre- tendía adaptar la situación a la Directiva de Servicios y a la modificación de la Ley de Seguridad Privada incluida en la “Ley Ómnibus”. La organización empresarial consideró que “ni la Directiva de Servicios, ni la Ley Ómnibus, ni la modificación de la Ley de Seguridad Pri- vada obligan, recomiendan, justifican o ni siquiera contemplan la modificación que se introduce en el Real Decreto”. Por eso, tras consultar con el resto de asociaciones y organismos del sector de la PCI, Tecnifuego-Aespi envió varias cartas a los distintos ministerios implicados –Interior, Industria y Vivienda– argumentando su rechazo hacia la nueva normativa. De izquierda a derecha, el abogado de la asociación, Fernando Fernández Pareja, el presidente, Rafael Sarasola, y el vicepresidente, Adrián Gómez.