Seguritecnia 376

I i C ongreso N acional de S eguridad P rivada SEGURITECNIA Junio 2011 27 Tal es la experiencia de Galicia, donde la proliferación de atracos a entidades fi- nancieras por el procedimiento del bu- trón estaba generando un sentimiento de inseguridad que era preciso contra- rrestar. A petición de algunos departa- mentos de Seguridad, se reúne el Grupo de Coordinación correspondiente y se pone en marcha un plan específico con medidas extraordinarias a aplicar, tanto por parte de la Guardia Civil como de las entidades afectadas, que mejora la capa- cidad de respuesta a esta amenaza. Éste y otros ejemplos dan fe de la ca- pacidad del Programa para generar si- nergias en beneficio de la mutua cola- boración. Una realidad tangible Coopera es hoy una realidad que saca del mundo de los deseos la colabora- ción entre la Seguridad pública y la pri- vada para hacerla tangible en bene- ficio de todos. Más de 200 entidades adheridas voluntariamente, con su co- rrespondiente desarrollo territorial o funcional, han dado paso a una red de interlocutores que se relacionan con creciente confianza y que intercambian ágilmente información con la concien- cia cada vez más acusada de estar con- tribuyendo a mejorar nuestros niveles de seguridad. Pero queda mucho por hacer. Es más, creo que sólo hemos empezado a to- mar conciencia del enorme potencial de la colaboración. Debemos avanzar por este camino que ha de desembo- car en una verdadera integración de nuestros servicios para mayor seguri- dad de todos. Para ello, ambas, Segu- ridad pública y privada, habremos de llevar a cabo las acciones necesarias, modificando, en lo que sea necesario, nuestras pautas de comportamiento. Para la Guardia Civil, aunque no exento de dificultades, el proceso es más senci- llo. Nuestra estructura jerarquizada faci- lita la consecución de objetivos predefi- nidos y proporciona las herramientas ne- cesarias para ello. Sin duda, una de las más adecuadas es la formación: debe- mos mejorar el conocimiento de todo nuestro personal respecto al papel que juega la Seguridad Privada en España y su enorme potencial para mejorar la efi- ciencia de nuestro propio servicio. En este sentido, se adaptarán los progra- mas de estudios de todos nuestros cen- tros de formación y especialización y se celebrarán jornadas formativas en las co- mandancias, siempre contando con la colaboración del sector. La respuesta de los usuarios Sin entrar en un estudio en profundi- dad, hay un aspecto de la implantación del Programa que merece una mención especial: la respuesta ofrecida desde el lado de los usuarios, a través de los res- pectivos departamentos de Seguridad. Sus directores colaboran ampliamente con la Guardia Civil buscando y ofre- ciendo al mismo tiempo soluciones y apoyos en la colaboración con la Segu- ridad Pública, poniendo de manifiesto su capacidad para organizar servicios de seguridad en el ámbito privado per- fectamente sintonizados con las estruc- turas de la Seguridad Pública. A propósito de esta cuestión, ha sur- gido en el ámbito de la seguridad na- cional un elemento que, en mi opi- nión, viene a influir en nuestro modelo: la protección de infraestructuras críti- cas. La Ley 8/2011, que traspone al orde- namiento español la Directiva Europea 2008/114, atribuye esta responsabilidad a los Estados miembros y a los propieta- rios u operadores de las mismas. Por su parte, la Ley 23/1992, de Seguridad Pri- vada, regula la actividad de las empresas de seguridad, así como las diferentes fi- guras que la componen; pero no tiene en cuenta la presencia de los usuarios de seguridad ni su capacidad para la organi- zación responsable de servicios. Es más, en un principio, ni siquiera contempla la figura del director de Seguridad, que no aparece hasta la reforma de 2007, e in- cluso entonces lo hace como una espe- cialidad de los jefes de Seguridad. Ahora bien, si la responsabilidad de la protección de una infraestructura crítica recae en su operador o propietario, pa- rece lógico que sea también depositario de la confianza para disponer de los ins- trumentos legales que le permitan es- tructurar sus servicios sin más tutela de la Administración que la estrictamente necesaria para garantizar su efectividad, a través de la validación de sus Planes de Seguridad y con el complemento de los Planes de Apoyo Operativo pro- pios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguri- dad, que deberán dirigir sus esfuerzos a potenciar la colaboración operativa con y desde los servicios de seguridad pri- vada con vistas a garantizar la protec- ción de tan sensibles objetivos. Bajo esta premisa, se abre ante noso- tros un futuro en el que la integración de los servicios de seguridad pública y privada será la necesaria culminación de un proceso que comenzó como un simple deseo de colaboración. Y ese futuro está aquí: más pronto que tarde, el Estado tendrá que decidir qué modelo de seguridad es más efi- ciente y qué papel deben desempeñar la Administración y los Cuerpos públi- cos de seguridad, por una parte, y los usuarios de servicios de seguridad en el ámbito privado y empresas proveedo- ras, por otra. Llegado ese momento, el sector de la Seguridad Privada deberá estar en disposición de presentar sus credenciales de competencia y capaci- dad para ocupar el espacio que le co- rresponda. S El sector de la Seguridad Privada deberá estar en disposición de presentar sus credenciales de competencia y capacidad para ocupar el espacio que le corresponda