Seguritecnia 377

52 SEGURITECNIA Julio - Agosto 2011 I i C ongreso n aCIonal de s egurIdad P rIvada Para César Álvarez, la Ley PIC atribuye la responsabilidad de la protección de IC a su operador, lo que incrementa el va- lor del Departamento de Seguridad, por- que “aumenta los supuestos de existen- cia obligatoria”. En este nuevo escenario, “el director de Seguridad necesita forma- ción, titulación universitaria y profesiona- lidad, porque la Administración requiere de un interlocutor cualificado”, comentó el jefe del Seprose, quién matizó que “no son necesarios más directores de Seguri- dad, sino mejor formados, que pongan en valor su capacidad ejecutiva”. Respecto a las empresas, Álvarez dis- tinguió también que con esta legis- lación “se abre un nuevo reto, que es ofrecer verdadera calidad de los servi- cios, por medio de la certificación de Calidad, tanto de los medios como de sus profesionales, para dar respuestas eficientes a problemas tan variados”. Igualmente, las FCS tienen un hori- zonte prometedor, ante la integración de servicios y el intercambio de infor- mación, según César Álvarez, quien re- conoce que la Administración debe abordar, por su parte, cambios legislati- vos y ofrecer mayor protección jurídica. En concreto, el coronel resaltó que se pueden explotar posibilidades de fi- guras que pueden hacer mucho por la protección de IC, como es el caso de los guardas particulares del campo. “Es una magnífica oportunidad de demostrar la magnitud del sector”, concluyó. S puesto millones de euros a esta em- presa (1,8 en 2007, 1,3 en 2008, 600.000 en 2009 y 1,5 en 2010), además de las consecuencias graves que pueden oca- sionar en el sistema y el retraso en la ejecución de obras. Ante estos efectos, Rico afirma que “se agradece la labor que hacen las FCSE para solucionar este tema, pero el problema es que no pasa nada con los delincuentes”, por lo que, al igual que el director de Seguridad de Telefónica España, solicita “un ma- yor esfuerzo de todos y un Código Pe- nal más duro”. En este sentido, Rico soli- citó a la Fiscalía General del Estado una mayor implicación en este tipo de de- litos, así como la urgencia de dificultar este negocio ilícito, bloqueando y persi- guiendo los puntos de venta y los pun- tos de salida hacia el exterior. Para ADIF, el verdadero calvario de robo de cable y aluminio comenzó en 2006, sobre todo en los tramos en cons- trucción, según narró Antonio Berto- meu Fraisolí , jefe de Seguridad de la firma y presidente de CEUSS. Incluso se han dado hurtos en tomas de tierra de subestaciones, a pesar del peligro. Entre 2010 y 2011, ADIF ha denunciado 1.621 robos, con 672 kilómetros de ca- ble sustraídos con un valor económico aproximado de 20 millones de euros para la entidad. Esas denuncias han su- puesto 283 detenidos (ocho con con- dena y en prisión y 65 en prisión provi- sional). Bertomeu urgió a que “se modifi- que la Ley de Seguridad Privada”, porque “es necesario que demos ese impulso, que nos profesionalicemos cada vez más y que vayamos sin ningún complejo”. Una magnífica oportunidad César Álvarez , coronel jefe del Servicio de Protección y Seguridad (SEPRoSE) de la Guardia Civil, profundizó en los re- tos que para la Seguridad conlleva la Ley PIC. Para ello, hizo referencia a la Ley de Seguridad Privada: “El propósito fun- damental era el control de empresas y vigilantes de seguridad, y con tanto acierto, que es referente en nuestro país y en nuestro entorno europeo, pero en 20 años ha habido cambios”. en 2010, con 2.372 cortes; pasando por 2008 –punto álgido-, con 13,82 millones de euros en pérdidas, con 2.931 cortes. De ahí que la multinacional lleve a cabo todas las medidas que tiene a mano para luchar contra este delito, que van desde el sensorizado de cables y la supervisión continua para la detección inmediata de cortes, hasta la comuni- cación inmediata a las Fuerzas y Cuer- pos de Seguridad del Estado (FCSE), el mantenimiento de reuniones periódicas de seguimiento, campañas de informa- ción a la sociedad, y las medidas jurídicas oportunas. Pero para González Prieto, aún no es suficiente y piensa que es ur- gente una reforma del Código Penal que endurezca las penas para estos casos. Por su parte, José María Rico , jefe del Departamento de Seguridad Física y de Instalaciones de Red Eléctrica, ofreció el dibujo de lo que hoy supone su compa- ñía: 38.400 kilómetros de red eléctrica, 84.000 apoyos en mitad del campo y 500 subestaciones. En este caso, esta in- fraestructura esencial ha sufrido: 176 ro- bos en 2007, 129 en 2008, 58 en 2009 y 142 en 2010. “Las causas de los robos son: aumento de activos y su dispersión, el precio de su venta (4,5 euros el kilo), crecimiento de bandas organizadas con delincuentes especializados y con expe- riencia, recursos limitados en las compa- ñías e impunidad ante estos delitos”. Según este experto, la restauración de estos daños es copiosa y ha su- Antonio Bertomeu Fraisolí, director de Seguridad de ADIF. César Álvarez, coronel jefe del SeproSe de la Guardia Civil. Panel Infraestructuras Críticas