Seguritecnia 399

24 SEGURITECNIA Julio - Agosto 2013 Seguridad Penitenciaria que hay en esta primera fase. “Esta es la opción más probable que se produzca de las tres”, subraya la agrupación. En ese mismo documento, la AUGC indica que la intención actual de la Ad- ministración es que no se modifiquen las plantillas de las FCSE destinadas a los centros penitenciarios; pero si final- mente se decidiera lo contrario, esto no sucedería antes de dos años y medio. Por otro lado, el Proyecto de la nueva Ley de Seguridad Privada, que también podría aprobarse en el Parlamento a fi- nales de este año o comienzos de 2014, abre la posibilidad a la prestación de servicios en las cárceles. La norma per- mitirá “la vigilancia y protección de bie- nes, establecimientos, lugares y even- tos, tanto públicos como privados, así como de las personas que pudieran en- contrarse en los mismos”. Además, el Proyecto establece un nuevo marco de relación entre la Se- guridad privada y la pública, basada en los principios de colaboración, comple- mentariedad y reciprocidad. Eso habi- lita a la Administración para requerir los servicios del sector en diferentes ámbi- tos, incluidos los entornos públicos. Pero lo más determinante es que el Proyecto de la nueva ley incluye entre los servicios que pueden prestar las em- presas del sector (artículo 41) la vigilan- cia perimetral de los centros penitencia- rios, aunque señala antes que debe ser “en colaboración y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad com- petentes”. Son sólo algunos de los indicadores que apuntan, si las conclusiones de la Secretaría de Estado de Seguridad no dicen lo contrario, que la Seguridad Pri- vada será a partir del año que viene un elemento más del paisaje típico de los centros penitenciarios españoles. S lo argumenta así: “Quien tiene la inicia- tiva en esto, valorando criterios como validez, capacidad y costes, es la Admi- nistración, que es la que gestiona los re- cursos. El Ministerio del Interior ha visto que este proyecto era válido para refor- zar lo que ya había o porque, dentro de la necesidad de optimizar los criterios, ha entendido que los recursos son me- jor aprovechados”. Cortina recuerda que hace años “ni se pensaba” que pudiera haber vigilan- tes privados en los ministerios y, sin em- bargo, hoy en día esto se asume con naturalidad. Sin vuelta atrás La secretaría de Estado de Seguridad tendrá la última palabra una vez que analicen y evalúen los resultados de esta experiencia piloto. Lo hará a finales de 2013, una vez transcurrido el periodo de nueve meses que se ha establecido para la iniciativa. Sin embargo, a falta de ese análisis, parece poco probable que el proyecto dé marcha atrás y se consi- dere inapropiado que la Seguridad Pri- vada preste sus servicios en el períme- tro de las prisiones. Según recoge la AUGC en un informe, la Administración se plantea tres posi- bles escenarios a finales de año. Uno, que la experiencia resulte negativa y no continúen estos servicios. Algo que la propia asociación de guardias civiles considera “altamente improbable, por no decir imposible”. El segundo sería que la medida se ex- tendiera al resto de los 83 centros pe- nitenciarios que hay en España, am- pliando el número de vigilantes por turno que hay actualmente. Un tercer supuesto podría ser que se ampliaran estos servicios a los demás presidios, pero manteniendo la misma cantidad de personal privado por turno A pesar de esta aclaración, desde el sindicato CCOO insisten que “la ejecu- ción de la condena corresponde al Es- tado y debe ser gestionada de manera pública y por empleados públicos. La introducción de seguridad privada vio- lenta ese principio de unas institucio- nes penitenciarias públicas y somete a criterios economicistas la ejecución de la condena”. Capacidad y experiencia Frente a estos argumentos contrarios a la presencia de seguridad privada en los centros penitenciarios, el sector de- fiende su capacidad y experiencia en servicios como los que se están pres- tando. Luis Posadas entiende que las funciones que se están llevando a cabo en las cárceles son las mismas que ya se permiten en otros ámbitos públicos. “No hay razón aparente para que poda- mos realizar el control de accesos en un juzgado o un ministerio y no en un cen- tro penitenciario. El caso de las prisiones es similar al de los filtros de pasajeros de los aeropuertos, en los que los vigilantes de seguridad trabajan bajo el mando de miembros de la Seguridad Pública”, in- dica el responsable de Securitas. Desde Segur Ibérica, Aritz Larrea ar- gumenta que el sector tiene “sobrada y demostrada experiencia” para prestar servicios como la vigilancia perimetral o la gestión de un centro de control. Por ello, para este profesional es también una cuestión de asignar los recursos de manera que se les saque un mayor par- tido: “El coste de formar a un miembro de las FCSE es muy elevado y, por tanto, esa formación debe aprovecharse para que realice sus funciones en actividades acordes con ella. Los vigilantes de segu- ridad, como auxiliares de las FCSE, pue- den y deben realizar esas misiones para las que no se precisa una especial for- mación, más allá de la que tiene este personal. Este servicio es un claro ejem- plo de ello”. Por su parte, Rodrigo Cortina apunta que “hay que encajar la situación en el contexto de que la Seguridad Privada es complementaria y colaboradora de la pública”. El responsable de Ombuds Del resultado de la “experiencia piloto”, que durará nueve meses, dependerá que la iniciativa se extienda al resto de presidios del país