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62 SEGURITECNIA Octubre 2017 de la empresa que, en la actual situación, puede verse obligada a retirarlo. Consecuencia de todo lo anterior, en 2012, a pesar de ser el gestor aeroportua- rio el mayor contratante de servicios de vigilancia de España, a la licitación de 43 aeropuertos mencionada anteriormente, se presentaron un 70 por ciento de ofer- tas menos que en la anterior; a 18 aero- puertos sólo se presentó una empresa; dos quedaron desiertos; a los de Palma de Mallorca y Málaga, sólo se presenta- ron cuatro empresas (hay que mencio- nar que estos aeropuertos son el tercero y el cuarto de España por número de pa- sajeros y los más importantes de la lici- tación, pues Madrid y Barcelona no es- taban entre los 43) y en cinco aeropuer- tos, después del primer año de servicio, la empresa adjudicataria renunció a la re- novación. También puede resultar signi- ficativo que la empresa líder mundial en seguridad privada rescindió en 2014 sus contratos en este sector y no ha vuelto a asumir nuevos servicios. Conclusiones Del análisis del conflicto, sus causas y el impacto producido en la seguridad, di- recto o latente, es necesario extraer las oportunas conclusiones, a modo de lec- ciones aprendidas, y adoptar las medidas adecuadas en orden a mejorar el actual dad a minusvalorar las acciones que van a su riesgo y ventura, dada la variabilidad de los servicios a prestar, y la posible co- lisión entre ambos conceptos. En este sentido cuesta comprender que la facili- tación, entendida como la implementa- ción sostenida de medidas tendentes a simplificar y agilizar los trámites relativos al tránsito de pasajeros, que busca tam- bién proporcionarles tiempo para disfru- tar de los servicios que se ofrecen en la zona restringida, pueda incluirse en las cláusulas del contrato bajo la responsabi- lidad de la empresa de seguridad. La subrogación de los contratos del personal del anterior proveedor del servi- cio, que mantiene íntegros sus derechos adquiridos, origina también desigualda- des entre el personal que presta idén- tico servicio toda vez que el de nueva in- corporación debe aceptar condiciones de trabajo más restrictivas, siempre den- tro de la más estricta legalidad. Por otra parte, aquellos pueden ser sometidos a otro tipo de presiones para provocar su baja voluntaria en el servicio reduciendo sus costes. En resumen, un caldo de cul- tivo que poco beneficia a la calidad del servicio. El cuadro negativo para el traba- jador se completa si tenemos en cuenta que un plus salarial estimado en 200 eu- ros mensuales, ligado a este servicio por convenio, ha pasado a ser potestativo ción importante de servicios, lo que por otra parte obligó a las empresas de se- guridad a indemnizar a su personal exce- dente toda vez que en el entorno de cri- sis económica no disponían de otros ser- vicios que pudieran absorberlo. Hay que hacer constar que el pro- blema no es nuevo, toda vez que hace tiempo que se conocen las dificultades de las empresas de seguridad para cum- plir sus contratos en los aeropuertos por la incorrecta valoración de sus costes, máxime en un entorno de crecimiento del tráfico (el aeropuerto de El Prat cre- ció en número de pasajeros un 8,4% du- rante los primeros siete meses del año, en relación con el mismo período del año anterior) que incrementa constante- mente la demanda de personal. Por otra parte, dadas las circunstan- cias del gestor, sometido a un proceso de privatización, no se da prioridad a la calidad de los servicios, sino a la reduc- ción de precios considerando la seguri- dad como gasto: a diferencia de lo que ocurría en el pasado, la ponderación de la calidad se reduce ahora a rechazar las ofertas de las empresas que no alcancen el valor mínimo de calidad técnica, que puede calificarse de moderadamente exigente; superado este filtro, sólo se atiende a criterios económicos y se adju- dica el contrato a la oferta más barata sin valorar el plus de calidad que otras pu- dieran ofrecer. A mayor abundamiento, en virtud del Procedimiento Negociado, las empre- sas que han pasado el corte y lo desean se someten a una subasta electrónica en directo para “mejorar a la baja” sus ofer- tas económicas iniciales, conociendo to- das ellas la proposición mejor colocada en cada momento. En este proceso, las empresas que desean conseguir el con- trato reducen los precios al máximo, en función de su propio apetito de riesgo, hasta extremos difícilmente justificables en estas circunstancias. A estos condicionantes hay que añadir el complejo sistema de penalizaciones impuesto, muy atento a la facilitación, en ocasiones por encima de la seguri- dad. Esto lleva a las empresas de seguri-