Seguritecnia 475

SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA SEGURITECNIA Mayo 2020 23 Lucha contra el Covid-19 res de Internet. En particular, la des- aparición del efectivo perjudicaría a los más de 3,3 millones de para- dos que existen en España y, en ge- neral, a los 12,3 millones de perso- nas en riesgo de pobreza y exclu- sión social. b. Afecta muy directamente a los más de nueve millones de pensionistas –de los que más de dos millones no viven acompañados–, quienes, tradicionalmente, realizan sus pa- gos y operaciones comerciales, de forma muy mayoritaria, mediante dinero físico. Y dificulta o impide que la población más joven pueda realizar cualquier tipo de compra habitual del día a día al no tener ac- ceso a las tarjetas bancarias. c. Incide de forma directa en la com- petitividad de los pequeños comer- cios que, en una situación ya de por sí especialmente crítica, se verían obligados a realizar inversiones adi- cionales en plataformas de pago. El comercio de proximidad podría perder un importante volumen de clientes en favor de las grandes su- perficies comerciales; en especial, aquellos de reparto, que se verían obligados a implementar el pago online como único medio permitido. Todo ello, en la actual situación eco- nómica y de confinamiento, sin los recursos ni el tiempo necesarios. d. Condiciona la libertad de aquellos ciudadanos que, legítimamente, no quieren asumir los costes adicio- nales que implica tener y mante- ner una tarjeta bancaria, de quienes atribuyen una especial relevancia a su privacidad o de los que contro- lan de forma más eficiente su eco- nomía familiar mediante el uso de efectivo. Eliminar este último su- pone más costo y menos control del gasto para familias, más moni- torización de su vida y tener más deudas con los bancos. e. Significa optar por la eliminación del único medio de pago público y acelerar la completa privatización de este ámbito de actividad. Consideraciones Por todo lo expuesto, el Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada consi- dera que: 1. Aunque, en lo posible, es más que ra- zonable extremar las medidas de dis- tanciamiento y de higiene en todos los actos de pago, deben cesar las re- ferencias expresas a la necesidad de evitar tanto utilizar como aceptar el pago en efectivo. 2. Las autoridades deben trasladar en sus discursos públicos que usar el efectivo, tal y como ha quedado demostrado, no supone un riesgo específico para los ciudadanos mayor que la utilización de otros medios; posiblemente, todo lo contrario. Es preciso que desaparezca de inmediato el injustificado daño re- putacional que se le está infringiendo de forma reiterada. 3. Los poderes públicos deben garan- tizar la libertad de elección de cual- quier medio de pago legal por parte de los consumidores. Reducir los ni- veles de utilización del efectivo por debajo de los actuales podría condu- cir, como ha sucedido en otros paí- ses, a la imposibilidad del manteni- miento a futuro de unos servicios esenciales para los ciudadanos. Y también a llevar inexorablemente al paro a más de 5.000 profesionales de la industria del transporte y la ges- tión del efectivo. Innecesariamente, ello generaría consecuencias muy perjudiciales para la economía espa- ñola, que, por ejemplo y entre otras fuentes de ingresos, debe seguir re- cibiendo a millones de turistas que quieran seguir utilizando también el efectivo como medio de pago. Una reducción del manejo de efectivo llevaría al paro a miles de profesionales del sector encargados de su transporte y gestión