Seguritecnia 496

/ Julio-Agosto 2022 40 Autoridades La seguridad privada, una oportunidad para reforzar la pública Director general de la Policía Francisco Pardo L a seguridad pública, reconocida en nuestra Cons- titución como competencia exclusiva del Estado, encuentra en la seguridad privada una oportunidad para verse reforzada. En la especial relación que ha mantenido siempre la seguri- dad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se ha he- cho necesario en los últimos años avanzar en fórmulas jurídicas que reconocieran el papel auxiliar y especialmente colaborador desempeñado por la seguridad privada de forma que permi- tiera, además, integrar funcionalmente sus capacidades en el sistema público de seguridad. Así, la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, con un tratamiento total y sistemático de la seguridad privada en su conjunto, pre- tende abarcar toda la realidad del sector existente en España y prepararlo para el futuro. Una Ley que deja de poner el acento en los principios de subordinación, control y sanción y que pasa a implementar más eficazmente el de complementariedad a tra- vés de otros que lo desarrollan, como los de cooperación o de corresponsabilidad. De esta manera, se apuesta por un papel más preventivo del sector de la seguridad privada en beneficio de la seguridad general, aprovechando e integrando funcional- mente todo su potencial informativo, de recursos humanos y de medios materiales, poniéndolos al servicio de la protección y la seguridad del conjunto de la ciudadanía. Gracias a ello, en los últimos años se han producido notables avances en la consideración ciudadana y en el replanteamiento del papel del sector privado de la seguridad. Además, se re- conoce la importancia, eficacia y eficiencia de la colaboración público-privada como un medio para hacer frente y resolver los problemas urgentes y variados de seguridad que se producen en la sociedad. Y así, cada vez más, la seguridad privada se está considerando una parte indispensable del conjunto de me- didas destinadas a la protección de la sociedad y a la defensa de los derechos y legítimos intereses de los ciudadanos. En este sentido, hay que destacar la capacidad del sector de la seguridad privada en España para adaptarse al panorama que ha surgido durante la pandemia. Un contexto que le ha permitido continuar ofreciendo sus servicios, en ocasiones, in- dispensables para la sociedad española en su conjunto. Como muestra de lo anterior cabe destacar la labor desem- pañada por los interlocutores policiales sanitarios, nacional y territoriales. Su trabajo ha permitido una disminución progresi- va de las denuncias por agresiones a profesionales de la salud y un incremento de los contactos con los mismos. Por tanto, se han convertido en la principal referencia para el sector dentro de la crisis sanitaria en la que llevamos inmersos desde 2020. Paralelamente, aprovechando el avance de las tecnologías de la comunicación e información, se está impulsando, bajo protocolo al efecto, la posibilidad de denuncias en centros sa- nitarios con apoyo telemático para determinados delitos leves. Asimismo, sobre la idea de que “allá donde esté la seguridad privada está la Policía Nacional”, tanto en nuestro territorio como más allá de nuestras fronteras, se actualizó en 2019 el Plan Inte- gral de Colaboración R@s 2.0. Este plan ha supuesto un avance en: el incremento en la adhesión de entidades a Red Azul y el nú- mero de colaboraciones aportadas; en el fomento de la formación al sector, tanto de forma presencial como online ; en el incremento de las difusiones sobre noticias de interés para el sector; y en el alta en el Registro Nacional de Seguridad Privada (SEGURPRI). En el futuro más inmediato, nuevas alianzas entre seguridad pública y privada permitirán que, juntos, se puedan afrontar retos como la transformación digital, la igualdad, la lucha contra todo tipo de intrusismo en la seguridad privada, la colaboración y la adecuada e íntegra incorporación de la discapacidad al sector. Por último, mencionar la relevancia del desarrollo e implanta- ción del título de técnico en seguridad privada, correspondiente a los estudios de formación profesional, para el acceso al sector como una vía alternativa y prevalente de entrada al mismo.