La tercera edición de la norma ISO 3941:2026–Classification of fires, publicada en enero de 2026, incorpora la Clase L, destinada a los incendios electroquímicos originados en baterías de ion litio sin litio metálico. Aunque se trata de una norma técnica de aplicación voluntaria, su influencia en guías operativas, criterios de ingeniería y futuros desarrollos reglamentarios es significativa, especialmente en un contexto de expansión acelerada de sistemas basados en baterías Li-ion en movilidad eléctrica, almacenamiento energético y entornos industriales.
La creación de esta nueva clase responde a la evidencia acumulada en incidentes reales y ensayos experimentales, que ha demostrado que los incendios en baterías Li-ion presentan mecanismos de iniciación, propagación y emisión de contaminantes que no encajan en las clases tradicionales.
Entre estos mecanismos destaca el thermal runaway, un proceso autónomo y altamente energético que introduce un componente químico y toxicológico de especial relevancia para la gestión de emergencias.
Adicionalmente, se reconoce que la creciente complejidad de los sistemas energéticos basados en baterías exige una aproximación integrada que considere la interacción entre procesos térmicos, químicos y eléctricos, incluso cuando la electricidad no actúe como combustible directo, reforzando la necesidad de criterios de planificación preventiva multidimensional.
En este marco, la incorporación de la Clase L no solo actualiza la clasificación internacional de incendios, sino que plantea la necesidad de revisar la planificación de la autoprotección desde una perspectiva más amplia que la estrictamente térmica, implica una actualización de protocolos de formación, simulacros y coordinación con los servicios externos de emergencia, considerando riesgos híbridos que combinan efectos térmicos, químicos y estructurales.
La complejidad del fenómeno exige integrar normativa sectorial aplicable cuando concurren riesgos químicos, superando aproximaciones fragmentadas que han predominado en la práctica.
Objetivos del artículo
El propósito de este artículo es analizar de manera sistemática la justificación técnico-científica que sustenta la incorporación de la Clase L en la ISO 3941:2026 y examinar sus implicaciones en la planificación de la autoprotección, entendida como el espacio operativo donde deben converger los distintos marcos normativos aplicables cuando un riesgo presenta componentes térmicos y químicos simultáneamente.
Desde esta perspectiva, el estudio persigue tres objetivos específicos:
- Caracterizar los mecanismos propios de los incendios electroquímicos en baterías Li-ion, con especial atención al proceso de thermal runaway y a su comportamiento autónomo respecto al oxígeno exterior.
- Identificar los parámetros térmicos y toxicológicos relevantes, particularmente aquellos derivados de la descomposición del electrolito y la generación de sustancias peligrosas durante el evento.
- Analizar las implicaciones preventivas y operativas de la clasificación Clase L, destacando la necesidad de integrar normativa sectorial en la planificación de la autoprotección cuando el escenario accidental incluye liberación de contaminantes peligrosos.
Estos objetivos permiten abordar el fenómeno desde una perspectiva coherente con la complejidad real del riesgo, evitando aproximaciones parciales que no reflejan adecuadamente la naturaleza de los incendios electroquímicos.
Fundamento técnico-científico del fuego Clase L
La clasificación Clase L se sustenta en la singularidad de los incendios electroquímicos en baterías de ion litio, cuyo comportamiento difiere de forma sustancial de los incendios convencionales. Esta diferencia no es meramente funcional, sino estructural. Deriva de los mecanismos internos de degradación y reacción que se desencadenan en la celda y que determinan tanto la dinámica térmica como la naturaleza de los productos liberados.
El fenómeno de ‘thermal runaway’
El elemento definitorio de los incendios Clase L es el thermal runaway, un proceso autoacelerado en el que un incremento inicial de temperatura activa reacciones exotérmicas sucesivas en el interior de la batería. Estas reacciones incluyen:
- La descomposición del electrolito.
- La degradación de los materiales activos.
- El fallo del separador que mantiene aislados los electrodos.
La combinación de estos fenómenos conduce a una liberación rápida de energía y gases inflamables, generando un proceso que no depende del oxígeno exterior para sostenerse. Esta autonomía explica la limitada eficacia de los agentes extintores basados exclusivamente en la sofocación y justifica la necesidad de una clasificación específica.
Se destaca también que el thermal runaway puede propagarse de manera adyacente entre celdas o módulos, amplificando la severidad del evento y aumentando la complejidad de la intervención. Factores como la geometría del paquete de baterías, la ventilación y el confinamiento influyen directamente en la propagación térmica y química.
Parámetros térmicos y toxicológicos relevantes
Los ensayos realizados a escala de celda, módulo y sistema muestran que el thermal runaway puede alcanzar temperaturas internas superiores a los 600–900 °C, mientras que las temperaturas superficiales, aunque menores, son suficientes para propagar el fenómeno a celdas adyacentes. Esta propagación térmica es uno de los factores que más condiciona la duración y complejidad del incidente.
Desde el punto de vista toxicológico, la descomposición del electrolito genera sustancias peligrosas, entre las que destaca el fluoruro de hidrógeno (HF).
Su elevada toxicidad incluso a bajas concentraciones introduce un componente químico crítico en la gestión de la emergencia y obliga a considerar el escenario más allá de la dimensión térmica del incendio. Otros gases y subproductos emitidos incluyen monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO₂), hidrocarburos ligeros y compuestos organofluorados, así como partículas y aerosoles con alta concentración en espacios cerrados, que requieren ventilación prolongada y control postincidente.
Además, se recomienda considerar la variabilidad de la composición química de las baterías, el estado de carga (SOC) y el envejecimiento de la celda como factores que modifican significativamente tanto la energía liberada como la toxicidad de los gases generados. Esto implica que los planes de autoprotección deben contemplar escenarios de máxima severidad razonable y no basarse únicamente en valores promedio de ensayo.
Para vincular los parámetros toxicológicos con la normativa de seguridad laboral, se recomienda considerar los valores límite de exposición o TLV (Threshold Limit Value), PEL (Permissible Exposure Limit) de las sustancias emitidas durante el thermal runaway, facilitando decisiones sobre ventilación, evacuación y equipos de protección individual (EPI).
Consideraciones terminológicas y de clasificación
La ISO 3941:2026 no define una clase de incendio asociada a la presencia de tensión eléctrica, ni contempla explícitamente escenarios en los que la electricidad actúe como combustible. Esta ausencia no es casual. Refleja un límite conceptual claro. La electricidad no arde, no se consume y no genera una reacción de combustión (por tanto, no puede constituir la base de una clase de incendio).
Además, el marco normativo internacional y la literatura científica coinciden en que la electricidad es un factor de riesgo, no un combustible, lo que refuerza la necesidad de precisar la terminología utilizada. Lo que sí puede existir (y ocurre con frecuencia y así lo denomino) es un incendio bajo tensión eléctrica, donde la electricidad actúa como condición de riesgo, no como combustible.
La persistencia del término “fuego eléctrico”, muy arraigado en el lenguaje común e incluso utilizado por algunos profesionales, constituye una fuente de confusión técnica. Esta expresión sugiere erróneamente que existe un tipo de incendio cuyo combustible es la propia electricidad (algo que carece de fundamento físico y normativo). Es importante subrayar que esta confusión puede afectar la selección de procedimientos operativos y agentes extintores, generando riesgos adicionales para los intervinientes.
En realidad, estos incidentes son incendios convencionales en los que la presencia de tensión introduce un riesgo añadido para la intervención, pero no altera la naturaleza del fuego ni justifica una categoría clasificatoria propia. Se recomienda, por tanto, utilizar siempre la denominación “incendio bajo tensión eléctrica” en la documentación técnica y formativa. La exclusión implícita de esta supuesta clase en la ISO 3941:2026 refuerza esta interpretación, y no es un hecho aislado de la edición vigente.
Ninguna de las versiones anteriores de la norma ha institucionalizado un “fuego eléctrico”, lo que evidencia una continuidad doctrinal. La presencia de tensión eléctrica no configura un tipo de incendio diferenciado, sino una circunstancia operativa que acompaña al incendio y que debe gestionarse mediante procedimientos específicos de seguridad eléctrica (no mediante una clasificación basada en combustibles).
Esta coherencia histórica subraya que, la electricidad no se considera un criterio clasificatorio, sino un factor de riesgo añadido que condiciona la intervención, pero no altera la naturaleza del fuego.
La confusión generada por el uso del término (incluso en ámbitos técnicos) puede conducir a decisiones operativas inadecuadas, como asumir que estos incendios requieren agentes extintores “especiales” por su supuesta naturaleza eléctrica.
En realidad, lo determinante no es el combustible, sino la compatibilidad del agente extintor con la presencia de tensión (un criterio de seguridad, no de clasificación del fuego). Se recomienda que los manuales operativos especifiquen claramente que la selección de agentes extintores debe responder a la compatibilidad eléctrica y no a la naturaleza del combustible. Superar esta imprecisión conceptual es esencial para interpretar correctamente el alcance de la norma y para evitar prácticas que no están respaldadas por su contenido técnico ni por la física del fenómeno.
La Clase L se asigna a los incendios originados en baterías de ion litio sin litio metálico debido a que el proceso que los genera es intrínsecamente electroquímico. Esta adscripción se mantiene incluso cuando el sistema se encuentra desenergizado, ya que el fenómeno que desencadena el evento (el thermal runaway) se desarrolla en el interior de la celda y no depende de la presencia de corriente eléctrica. Es relevante destacar que esta distinción permite separar claramente incendios eléctricos de incendios electroquímicos, evitando confusiones en la intervención y planificación preventiva.
Esta precisión terminológica evita interpretaciones erróneas que podrían conducir a aplicar criterios operativos propios de incendios eléctricos o térmicos convencionales, y refuerza la necesidad de abordar estos incidentes desde su naturaleza específica.
Evidencia empírica y escenarios representativos
Los estudios experimentales y los informes técnicos elaborados en los últimos años han permitido identificar una serie de patrones recurrentes en los incendios asociados a baterías de ion litio. Estos patrones se observan tanto en ensayos controlados como en incidentes reales y constituyen la base empírica que justifica la necesidad de una clasificación específica.
Entre los elementos más consistentes destacan:
- Duración prolongada del evento, condicionada por la energía almacenada y por la posibilidad de que el thermal runaway se propague entre celdas o módulos.
- Riesgo de reignición, incluso tras la aparente extinción, debido a la persistencia de temperaturas internas elevadas y a la degradación incompleta de los materiales activos.
- Necesidad de enfriamiento sostenido, ya que la reducción de la temperatura superficial no garantiza la estabilización térmica del conjunto.
- Liberación de gases tóxicos y residuos contaminantes, cuya composición depende de la química de la batería y del grado de degradación alcanzado durante el proceso.
A partir de estos patrones se construyen los escenarios representativos utilizados en este trabajo, cuyo objetivo es facilitar el análisis técnico y formativo. No se emplean como evidencia probatoria individualizada, sino como marcos de referencia que permiten comprender la complejidad del fenómeno y sus implicaciones en la gestión de emergencias.
Implicaciones operativas y preventivas
La incorporación de la Clase L pone de manifiesto que los incendios en baterías Li-ion no pueden abordarse únicamente desde la lógica tradicional del incendio.
La presencia simultánea de un proceso térmico autónomo y de una liberación de sustancias peligrosas exige integrar marcos normativos que, aunque no fueron diseñados específicamente para estos escenarios, resultan plenamente aplicables por la naturaleza del riesgo generado.
La autoprotección como punto crítico de integración normativa
En la práctica, la planificación de la autoprotección se ha elaborado con frecuencia tomando como referencia casi exclusiva la Norma Básica de Autoprotección (Real Decreto 393/2007). Esta norma establece la estructura, contenido y alcance del Plan de Autoprotección, integrando de forma expresa los planes de emergencia en su Capítulo 6, como instrumento operativo destinado a la respuesta ante situaciones accidentales previsibles.
No obstante, su aplicación aislada resulta insuficiente frente a escenarios Clase L, donde coexisten riesgos térmicos y químicos. Se requiere adaptar los procedimientos de emergencia a la naturaleza híbrida del riesgo, incluyendo la identificación de gases tóxicos, medidas de confinamiento, ventilación controlada y protocolos de retirada segura de residuos contaminantes.
La autoprotección no se define, por tanto, por el cumplimiento formal de una norma concreta, sino por la identificación, evaluación y gestión integral de los riesgos derivados de la actividad, conforme al principio de adecuación al riesgo.
En los incendios Clase L, esta exigencia adquiere una relevancia crítica, ya que el evento combina un proceso térmico de alta energía con la liberación de sustancias tóxicas y corrosivas que condicionan la respuesta operativa, la protección de las personas y la seguridad de los intervinientes.
Desde esta perspectiva, el Plan de Autoprotección (y, de manera particular, sus planes de emergencia) se configuran como el espacio de integración normativa, en el que deben confluir coherentemente aquellas disposiciones sectoriales que resulten aplicables por la naturaleza del riesgo generado, con independencia de que su origen inmediato sea un incendio.
Tal y como han señalado González (2026) en su análisis crítico de la preparación hospitalaria tras el accidente de Adamuz, “los planes de autoprotección no solo deben existir formalmente, sino que deberían estar plenamente integrados en la planificación externa de protección civil; de lo contrario, su utilidad real en emergencias complejas es limitada”.
Transversalidad normativa y riesgos químicos asociados
La liberación de fluoruro de hidrógeno (HF) y otros compuestos tóxicos durante un incendio electroquímico introduce un riesgo que trasciende el ámbito clásico de la protección contra incendios.
Este tipo de liberaciones accidentales se alinea conceptualmente con los supuestos contemplados en el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos (Real Decreto 656/2017), cuyo artículo 11 establece la necesidad de disponer de planes de emergencia adecuados cuando exista la posibilidad de liberación de sustancias peligrosas que puedan afectar a las personas o al entorno.
La pertinencia de este enfoque no depende de considerar la batería como un producto químico en sentido administrativo, sino de reconocer que el escenario accidental genera sustancias peligrosas, aunque estas se formen de manera no intencionada como consecuencia de un proceso de degradación térmica. Desde el punto de vista de la protección de las personas, el origen administrativo de la sustancia resulta irrelevante frente a sus efectos reales.
Este planteamiento encuentra un respaldo normativo claro en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, que establece obligaciones generales de protección frente a riesgos graves e inminentes. En particular:
El artículo 20 impone al empresario la obligación de analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad y el tamaño de la empresa, lo que obliga a considerar explícitamente escenarios con atmósferas tóxicas y riesgos químicos agudos cuando estos sean previsibles.
El artículo 24, relativo a la coordinación de actividades empresariales, y su desarrollo reglamentario mediante el Real Decreto 171/2004, adquieren especial relevancia en instalaciones donde concurren varias empresas (operadores, mantenimiento, logística, intervención externa). En escenarios Clase L, la coordinación previa de procedimientos, información sobre riesgos químicos y medidas de emergencia resulta esencial para evitar exposiciones indebidas durante la respuesta al incidente.
En este contexto, el componente químico de los incendios Clase L ha estado históricamente infrarrepresentado en la planificación de la autoprotección, incluso en instalaciones donde la liberación de contaminantes era previsible en caso de incendio. La incorporación de la Clase L en la ISO 3941:2026 actúa como un elemento clarificador que facilita superar esta inercia, al proporcionar un soporte técnico explícito para integrar estos riesgos en el análisis preventivo.
Como advierte González (2026), uno de los fallos estructurales más repetidos es que “los planes existen, pero no se actualizan, no se comunican adecuadamente al personal ni se someten a simulacros periódicos, lo que reduce drásticamente su eficacia en situaciones críticas”.
Consecuencias prácticas en la planificación de la autoprotección
La integración coherente de la Norma Básica de Autoprotección con la normativa sectorial aplicable tiene efectos directos y verificables tanto en el contenido del Plan de Autoprotección como en las competencias técnicas necesarias para su correcta elaboración e implantación.
En instalaciones con baterías de ion litio, la autoprotección debe evolucionar desde un enfoque centrado en el incendio hacia un modelo híbrido de gestión de emergencias térmicas y químicas, plenamente alineado con la legislación preventiva.
Desde el punto de vista operativo, esta integración se traduce, entre otros aspectos, en:
- Un análisis de riesgos que contemple explícitamente escenarios de thermal runaway, incluyendo liberación de gases tóxicos, propagación térmica, reignición diferida y afección a terceros.
- Una zonificación basada no solo en la proximidad al foco, sino en criterios de dispersión de contaminantes, acumulación de gases y condiciones de ventilación.
- Procedimientos de emergencia que valoren el confinamiento como alternativa a la evacuación cuando esta última suponga una mayor exposición a sustancias peligrosas.
- Una gestión postincidente que incluya retirada de residuos contaminados, ventilación prolongada, evaluación de corrosión inducida por HF y verificación documentada de condiciones seguras antes de la reocupación.
Ahora bien, esta integración normativa y técnica no es posible sin una adecuada cualificación de los profesionales implicados.
La correcta elaboración, implantación y mantenimiento de los Planes de Autoprotección en escenarios Clase L exige una formación global e integral de los Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos Laborales, así como de los técnicos competentes o redactores de los distintos planes de autoprotección, que les permita comprender la naturaleza híbrida térmica y química del riesgo, identificar correctamente todas las normas de aplicación concurrente y alinearlas de forma coherente en un único instrumento preventivo.
Lo mismo en relación con los directores de seguridad en base a su ámbito competencial, ya no solo por el artículo 36 en relación con sus competencias, sino la asunción de aquellas del artículo 35, en especial en el caso que nos compete, con relación a las actuaciones propias de protección civil en situaciones de emergencia, catástrofe o calamidad pública.
La autoprotección, en este sentido, deja de ser un ejercicio meramente documental para convertirse en un ejercicio avanzado de integración normativa, que requiere técnicos con una visión transversal, capaces de superar compartimentos estancos entre seguridad contra incendios, riesgos químicos, prevención de riesgos laborales y gestión de emergencias.
Esta exigencia de competencia técnica refuerza la idea de que la Clase L no introduce una obligación formal nueva, sino que eleva el estándar de diligencia técnica exigible, alineándolo con la complejidad real del riesgo.
Además, la correcta integración de estos criterios tiene implicaciones directas en el ámbito de la responsabilidad jurídica. La existencia de riesgos previsibles como la liberación de HF, la reignición diferida o la propagación térmica entre módulos convierte en exigible su consideración en el análisis de riesgos y en los procedimientos de emergencia. La omisión de estos elementos puede derivar en responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales, especialmente cuando la falta de previsión contribuya a agravar los daños personales o materiales.
Asimismo, la planificación de la autoprotección en escenarios Clase L requiere la realización de simulacros específicos que reproduzcan condiciones realistas de atmósferas tóxicas, confinamiento, ventilación controlada y gestión de zonas calientes.
Los simulacros tradicionales centrados exclusivamente en la evacuación o en el fuego convencional resultan insuficientes para validar la operatividad de los procedimientos diseñados para incendios electroquímicos. La práctica periódica de estos escenarios permite detectar fallos organizativos, mejorar la coordinación interna y garantizar que el personal conoce las medidas de autoprotección aplicables en presencia de contaminantes peligrosos.
En palabras de González (2026), “la coordinación no se improvisa; se entrena”, y sin una cultura de prevención basada en formación real y simulacros operativos, “estamos abocados al fracaso”.
Finalmente, la coordinación con los servicios externos de emergencia adquiere una relevancia estratégica. Los cuerpos de bomberos, los servicios sanitarios y los organismos de protección civil deben disponer de información previa sobre la ubicación, características y capacidad energética de las baterías, así como sobre los procedimientos internos de la instalación.
Esta coordinación previa facilita la toma de decisiones durante la intervención, reduce la exposición de los intervinientes a sustancias tóxicas y permite una gestión más eficaz del incidente. La Clase L, en este sentido, actúa como un catalizador que impulsa la necesidad de compartir información técnica y operativa entre todos los actores implicados.
Discusión
La incorporación de la Clase L en la ISO 3941:2026 no introduce un riesgo nuevo, sino que formaliza características ya presentes en los incendios electroquímicos, que las clasificaciones tradicionales no reflejaban adecuadamente. Su principal aportación es conceptual: proporciona un marco para alinear evidencia científica, experiencia operativa y evolución normativa en torno a un fenómeno que combina procesos térmicos autónomos y liberación de sustancias químicas.
A esta naturaleza híbrida se suma la elevada variabilidad e incertidumbre inherente al comportamiento de las baterías de ion litio en condiciones de fallo. La química empleada, el estado de carga, el envejecimiento, los daños previos y la arquitectura del sistema influyen de manera significativa en la dinámica del thermal runaway y en la composición y cantidad de gases liberados.
Esta variabilidad limita la predicción precisa del comportamiento del incendio, lo que obliga a adoptar enfoques preventivos conservadores basados en la integración de distintos marcos normativos y en la consideración de escenarios de máxima severidad razonable.
El desafío no reside en la adopción de una nueva categoría, sino en superar aproximaciones sectoriales que han fragmentado históricamente la gestión del riesgo. La Clase L actúa como catalizador para revisar la arquitectura preventiva, facilitando que los instrumentos de autoprotección incorporen criterios propios de la gestión de emergencias químicas y evitando que la respuesta se limite al componente térmico del evento.
En este sentido, la derogación en diferido del Real Decreto de Autoprotección refuerza la necesidad de actualizar planes y procedimientos para garantizar coherencia normativa y operativa (González, 2026).
Conclusiones
La incorporación de la Clase L en la ISO 3941:2026 constituye un avance relevante en la clasificación internacional de incendios, al reconocer la especificidad de los incendios electroquímicos en baterías de ion litio. Su valor no se limita a la creación de una categoría adicional, sino que proporciona un marco técnico para reflejar fenómenos caracterizados por procesos internos autónomos, altamente energéticos y asociados a la liberación de sustancias peligrosas.
Desde el punto de vista preventivo y operativo, la coexistencia de thermal runaway y emisiones químicas exige que la planificación de la autoprotección integre criterios de gestión de emergencias químicas, de manera coherente con la normativa sectorial aplicable.
Esto incluye la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, y su desarrollo actualizado mediante el Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, que establece la Norma Básica de Protección Civil. Asimismo, se debe alinear la planificación preventiva con el Real Decreto 164/2025, de 18 de febrero, de instalaciones industriales, con el Real Decreto 563/2020, de 7 de mayo, de almacenamiento de productos químicos, con la Norma Básica de Autoprotección vigente y con los Documentos Básicos de Seguridad en caso de incendio (DB-SI) del Código Técnico de la Edificación, especialmente en lo relativo a sectorización y compartimentación.
Esta integración normativa no se deriva de una exigencia formal de la ISO, sino de la necesidad técnica de gestionar riesgos híbridos que combinan procesos térmicos autónomos y emisiones químicas, asegurando que la planificación de autoprotección y la respuesta del Sistema Nacional de Protección Civil sean coherentes y efectivas frente a escenarios de máxima severidad razonable.
Referencias
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