Sin duda, el pasado fue un año relevante en lo relativo al impulso de nuevas normas y acuerdos que, de una forma u otra, tendrán un impacto directo en el sector de la seguridad privada. De manera especial, cabe destacar el mes de noviembre, ya que, en apenas dos semanas, concentró tres hechos de notable trascendencia. Por orden cronológico, la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser) y los agentes sociales firmaron, el día 8, el nuevo Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad, registrado y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a primeros del presente mes de febrero. También el 8 de noviembre, el BOE reflejaba la nueva Ley de Contratos del Sector Público, norma que entrará en vigor el próximo 9 de marzo. Y el día 21, los ministerios de Fomento, Empleo y Seguridad Social e Interior suscribieron un acuerdo con sindicatos y empresarios sobre la contratación de servicios de seguridad privada en las infraestructuras de transporte de competencia estatal.
Dado el interés de Aproser de realizar una valoración del nuevo marco legal de contratación de seguridad privada y su aplicación en función de las necesidades de los clientes públicos y privados, Seguritecnia organizó un desayuno de trabajo junto a la asociación y la Confederación Empresarial de Usuarios de Seguridad y Servicios (CEUSS).
Bajo el lema “Hacia la excelencia en la calidad del servicio en un nuevo marco legal de contratación de seguridad privada”, el encuentro, moderado por Ana Borredá, directora de nuestra publicación, tuvo lugar el pasado 30 de enero en la sede de la patronal y contó con la participación de Ángel Córdoba y Eduardo Cobas, presidente y secretario general de Aproser, respectivamente; Mariano Olivares, coordinador de Autoprotección de Renfe Operadora y presidente de CEUSS, Alberto Tovar, director de Seguridad Corporativa de Cepsa, Javier Pumares, jefe del Área de Seguridad de Correos y Telégrafos, y Jorge Lagares, director de Seguridad de Richemont Iberia, en representación de CEUSS; y Diego Giráldez, secretario federal del Sindicato Sectorial de Seguridad y Servicios de FeSMC-UGT y miembro de dicha organización en el Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada –órgano de actuación conformado por Aproser y las asociaciones sindicales y empresariales firmantes del Convenio Colectivo–.
El diálogo, esencial
Tras dar la bienvenida a los asistentes, Ángel Córdoba instó a las partes representadas en el desayuno de trabajo a seguir participando en reuniones conjuntas con el objetivo de llegar a entendimientos fructíferos en materia de contratación de servicios de seguridad privada. “Porque aunque el marco legal acompañe, no será el único que haga cambiar la situación. También es preciso cambiar voluntades”, advirtió.
El presidente de Aproser mostró el deseo de la patronal de conocer los puntos de vista tanto de los clientes como de los representantes de la parte social. “Y eso se logra mediante una comunicación clara”, consideró. Por ello, animó a los presentes a expresar con la mayor franqueza posible sus juicios de valor.
En cuanto al papel de Aproser en el sector de la seguridad privada, recordó que la asociación tiene una representación del 80 por ciento en la mesa de negociación colectiva sectorial. “De ahí nuestra capacidad para firmar un nuevo convenio colectivo y asumir la responsabilidad del resultado final”, manifestó. Y expresó su deseo de ver ampliado el número de asociados, siempre y cuando se comprometan a respetar el Convenio Colectivo sectorial y a aplicar en su organización el Sistema de gestión profesional y deontológico de Aproser. “La empresa interesada en incorporarse a Aproser ha de ser auditada por parte de Aenor y dar cuenta de sus obligaciones legales, fiscales, tributarias, de cotización, etc. Y, una vez en la asociación, comprometerse a superar una nueva auditoría cada año”, enfatizó Ángel Córdoba con el fin de destacar los elevados estándares de cumplimiento que la patronal exige a quienes forman parte de ella.
Por último, observó que entre los propósitos de Aproser se encuentran mantener una relación continua y fluida con la representación social, participar cada vez más en foros que generen opinión y elaborar informes de interés –entre ellos, cabe mencionar el realizado junto a Forética para resaltar la importancia de integrar la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en la contratación pública de servicios de seguridad privada a través de modelos de excelencia–.
Análisis pormenorizado
Seguidamente, Eduardo Cobas se dispuso a llevar a cabo un análisis pormenorizado de lo que consideró “tres piezas complejas e íntimamente relacionadas”, no sin antes referirse a la estabilidad. “A todos nos interesa alcanzarla porque contribuye a que los profesionales del sector trabajen y vivan dignamente, a que las empresas tengan beneficios y, obviamente, también a lograr esa excelencia en la calidad del servicio que persiguen los usuarios”, razonó.
En el caso de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, estimó oportuno poner de relieve una serie de cuestiones. “Mensajes que afectan a la manera en que se debe configurar un pliego de contratación, los pasos que se han de dar en el proceso de adjudicación de un contrato o el proceso de traspaso de una empresa a otra como adjudicataria. Y todo ello encaminado a garantizar que aquellos que incumplen la normativa no puedan prestar servicios de seguridad privada en el ámbito público”, reparó.
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