La comunidad autónoma de Cataluña ha puesto en valor en los últimos años la colaboración público-privada en materia de seguridad privada a través de diversas iniciativas. Algunas de ellas tienen que ver con la prestación de servicios en la vía pública (tal como posibilita la Ley de Seguridad Privada) y, desde enero de este año, a través de un innovador proyecto en forma de Protocolo de Seguridad contra las Violencias Sexuales en Entornos de Ocio, en el que está involucrado el sector. “La Generalitat de Cataluña tiene competencias ejecutivas en el ámbito de seguridad privada, y acata la Ley de Seguridad Privada estatal; pero también tiene capacidad de interpretación propia. Esto permite una flexibilidad para adaptarse a las necesidades de Cataluña para poder dar una respuesta más ágil a las necesidades que puedan surgir”, explicó el secretario general del Departamento de Interior de la Generalitat, Brauli Duart, durante la inauguración de la VI Jornada de Seguridad Privada en Cataluña.
Sus palabras sirvieron de prólogo de las ponencias que vendrían a continuación durante el desarrollo de esta jornada bienal que organizó, el 6 de febrero, Seguritecnia, la Asociación Catalana de empresas de Seguridad (ACAES) y la Asociación de Directivos de Seguridad Integral (ADSI), en las instalaciones de Cellnex Telecom en Barcelona. Más de 150 profesionales se congregaron en torno a este encuentro, en el que se abordaron temas como la colaboración en la comunidad autónoma, los servicios en vía pública, la ciberseguridad, la protección de datos y la tecnología.
Servicios en vía pública
Durante la primera ponencia del evento que ofrecieron conjuntamente Joan Camps, jefe del Servicio de Seguridad Privada de la Subdirección General de Seguridad Interior, y el subinspector Carles Castellano, subjefe del Área Central de Policía Administrativa de los Mossos d´Esquadra, destacaron el incremento de las solicitudes de autorización para la prestación de servicios de seguridad privada en espacios públicos.
Al respecto, Camps explicó que el número de este tipo de actuaciones “aumenta cada año” desde que se aprobó la Ley de Seguridad Privada en 2014, la cual abre la posibilidad a desarrollar actividades de seguridad privada en lugares públicos. Pero aclaró que se trata de servicios “muy delimitados en el espacio y enfocados siempre a situaciones muy concretas”.
Un caso es la vigilancia en espectáculos y eventos de ocio en vía pública, para los cuales existen ya unos criterios emitidos por el Departamento de Interior para su autorización. El subinspector Castellano enumeró algunos de ellos, como que “debe haber un mando policial responsable del seguimiento a diario; han de establecerse charlas diarias para los vigilantes en relación con la prestación de su servicio; deben existir instrucciones de actuación definidas; se harán mesas de seguimiento…”.
Por su parte, Joan Camps quiso hacer una serie de puntualizaciones respecto a servicios puestos en marcha por algunos ayuntamientos catalanes que se han bautizado con diferentes nombres, como los de serenos, vigilantes de barrio o agentes colaboradores. Actividades que el sector ha acogido con malestar por considerar que pueden incurrir en intrusismo. “En ningún caso desde el Departamento de Interior se ha autorizado ni se ha dado el visto bueno a que la complementariedad a la que se refiere el artículo 41.3.d de la Ley de Seguridad Privada [participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial] se preste mediante personal que no sea de seguridad privada”, indicó Camps. Es decir, que esas figuras llamadas de diversas maneras“ no está incluidas en las autorizaciones que emite el Departamento de Interior”, aclaró el responsable de Interior.
No obstante, apuntó, “nada impide que los ayuntamientos se doten de personal para cumplir sus objetivos hacia sus ciudadanos. Si quieren tener serenos puede tenerlos, pero ese personal no puede llevar a cabo las funciones que la normativa reserva al personal de seguridad privada”. “En caso contrario entraríamos ante una situación de intrusismo”, sentenció.
Violencias sexuales
Otro de los asuntos novedosos en torno a la seguridad en Cataluña es el Protocolo de Seguridad contra las violencias Sexuales en Entornos de Ocio, que presentó la Generalitat el 30 de enero y que se encuentra en fase de implantación. Como explicó la técnica responsable de violencia machista y doméstica del Gabinete de Seguridad del Departamento de Interior, Maite Casado, la idea ha contado con la colaboración de ayuntamientos, asociaciones de víctimas, dueños de locales de ocio, así como la participación de diferentes actores, entre ellos la seguridad privada.
La filosofía de este protocolo es “la tolerancia cero” ante las agresiones machistas, explicó Casado; pero “no se trata de atacar las violencias sexuales que todos conocemos y están recogidas en el Código Penal, sino que va más allá; quiere dar cuenta de que hay más violencia sexual y que entre todos debemos combatirla”. Es decir, conductas como el acoso, el exhibicionismo, la intimación o los comportamientos obscenos que, aunque no figuren específicamente en el Código Penal, merecen repudio social y sanciones.
Con este protocolo “se busca dar instrucciones operativas a los profesionales de la seguridad” y “la coordinación de todos ellos”. Respecto al papel de los vigilantes de seguridad privada en el marco de este código, Casado explicó que “tienen que hacer todo lo posible por prevenir esas conductas cuando exista un indicio racional de ello”. “En caso de que la agresión sexual se haya producido, si es delito podrán detener al autor y ponerlo a recaudo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS), y si no es delito, pueden proceder a formular una denuncia”.
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