Seguritecnia 475

ANA BORREDÁ D urante los peores momentos de la crisis del COVID-19, la sociedad espa- ñola tomó conciencia de que existen colectivos cuyo concurso es nece- sario para poder disfrutar del grado de bienestar al que estamos acos- tumbrados: además de los sanitarios de toda condición, verdaderos protagonistas de la crisis, transportistas, empleados de supermercados, servicios de emergen- cias y un largo etcétera, nos recuerdan que la orquesta desafina si falla un instru- mento. Uno de estos colectivos es la Seguridad Privada, cuyo papel se agiganta si tene- mos en cuenta que los servicios de vigilancia y protección han ocupado puestos de riesgo en todos los sectores de interés y han sido el primer elemento de apoyo a la ciudadanía y a las Fuerzas y Cuerpos (FCS) en su misión de preservar la segu- ridad. Es evidente que las empresas de seguridad han sabido estar a la altura de las circunstancias y, lo que es ahora más importante, están preparadas para seguir prestando su inestimable servicio. Se abre ahora un panorama incierto, en el que la crisis económica obligará a reducir gastos en todas direcciones y puede que la seguridad sea una de las áreas perjudicadas, como ha ocurrido tradicionalmente en estos casos. Sin em- bargo, si algo hemos aprendido en esta pandemia es que debemos tener per- fectamente planificados, entrenados y a punto todos los mecanismos de de- fensa; obviamente los servicios de vigilancia privada forman parte de esos me- canismos. Más aún, los informes de las FCS hablan de un repunte de las situaciones con- flictivas a causa de la crisis económica y, una vez más, la primera barrera de con- tención frente a las actitudes antisociales, en cualquier escenario, será la segu- ridad privada. Por otra parte, la proliferación de medidas de lo que ha dado en llamarse biovigilancia, obliga a pensar con detenimiento quién debe hacerse cargo de su control y de qué autoridad debe estar investido. Lo mismo ocurre, en general, con todas aquellas medidas que, más allá de la concienciación individual, deban implantarse necesariamente para mantener un adecuado orden social y evitar la formación de aglomeraciones en cualquier clase de espacios públicos. El Ministerio del Interior deberá valorar cuidadosa- mente si este tipo de actividades pueden llevarlas a cabo cualquier persona sin necesidad de poseer una habilitación especial, o si, por el contrario, la invasión de la privacidad, en el caso de que se produzca, o la coerción a ejercer sobre los ciudadanos, requiere la actuación de profesionales debidamente formados y habilitados específicamente para ello. Esta labor de análisis de los servicios necesarios para la mejor implanta- ción de las medidas contra la pandemia, debe ser llevada a cabo con pre- mura para adelantarse a posibles hechos consumados fruto de políticas que, siendo generosas con la asistencia social, podrían obviar las limitacio- nes que la ley impone para el ejercicio de determinadas funciones relacio- nadas con la seguridad. Por otra parte, la irrupción de nuevas funciones y servicios, no debe hacer ol- vidar los que ya se venían prestando con total normalidad y probada eficacia como el transporte de fondos que en un nuevo escenario para la gestión del efectivo, requerirán la mayor especialización y sentido de la anticipación por parte de las empresas, para evitar vulnerabilidades. Seguir contando con 6 SEGURITECNIA Mayo 2020 Carta de la Directora