En las últimas décadas hemos vivido una gran transformación en el mundo de la seguridad y la prevención, tanto desde el punto de vista de la gestión de la seguridad pública como en el ámbito de la protección en las organizaciones privadas. Una transformación que viene motivada por una nueva concienciación en la concepción de los riesgos.
De la seguridad de fronteras a la seguridad humana
En el ámbito público se ha evolucionado de la seguridad de fronteras a la seguridad humana. En la época de la seguridad de fronteras, el protagonismo recaía sobre el Estado, que era el objeto de las políticas de seguridad como ente territorial a proteger. En cambio, en las políticas de seguridad humana el protagonismo recae sobre la persona, entendiéndolo como un todo y no únicamente como una potencial víctima de delitos.
La llamada sociedad del riesgo permitió concienciar a la ciudadanía, a las administraciones públicas y, especialmente, a los profesionales de la seguridad, de que los riesgos invisibles, aquellos que no eran percibidos como una amenaza por la comunidad (como por ejemplo: los riesgos ambientales, accidentes de tráfico, tabaquismo, etc.), eran mucho más letales que los visibles, como podían ser los robos, homicidios, asesinatos, etc.; es decir, los derivados del Código Penal.
El catedrático y fundador de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral, el doctor Manuel Ballbé, ya denunciaba en el año 2006, en el prólogo a la edición española del libro El Gobierno del Riesgo (de Christopher Hood, Henry Rothstein y Robert Baldwin), lo siguiente: “en sociedades avanzadas, como por ejemplo en España, mueren por homicidios y asesinatos unas 500 personas al año; es decir, una por 100.000 habitantes. Esa cifra convierte a España en uno de los países más seguros del mundo, junto con Inglaterra y Japón, y hace que los ciudadanos empiecen a contabilizar cuáles son otros riesgos que amenazan su derecho a la vida, a la salud, que suman más víctimas mortales que las ocasionadas por la criminalidad tradicional. Uno de esos otros riesgos es el de tráfico. En España, si por un lado morimos un ciudadano cada 100.000 (500 al año) por homicidios o asesinato, resulta que, por otra parte, mueren 10 ciudadanos por cada 100.000 (5.000 al año) por accidentes de tráfico, sin contar el alrededor de 500 paralíticos al año. Es decir, cada mes se producen dos 11-M en España, unos 400 muertos por el tráfico. Y, sin embargo, no hay 10 veces más profesionales para prevenir esta epidemia y, por lo tanto, seguimos relativizando las víctimas según el campo en el que se producen”.
La denuncia llevada a cabo por los movimientos ciudadanos solicitando una seguridad integral para cada uno de estos riesgos invisibles, además de los visibles, promovió un cambio en las políticas de seguridad pública, transformando los Estados anómicos existentes hasta ese momento en Estados reguladores preventivos. Es decir, se produjo una evolución desde el Estado vacío de políticas preventivas en cada uno de esos riesgos a Estados reguladores preventivos, con un despliegue de normas y políticas de seguridad con la voluntad de anticiparse a dichos riesgos.
Quizás ello explique que, en estos últimos 10 años, las víctimas de tráfico han ido descendiendo progresivamente. Como bien destaca el doctor Manuel Ballbé, si trabajamos por disminuir las víctimas de los riesgos invisibles, aquellos que quizás no impacten tanto a la sociedad a pesar de ser más mortales, conseguiremos “una seguridad integral y humana que logrará una mayor cultura del respeto a los derechos humanos más elementales, es decir, el derecho a la vida, a la salud y a la integridad física y moral”.
De la seguridad del producto a la seguridad integral
En este punto cabe preguntarse qué ha sucedido en el mundo de la seguridad corporativa; se ha mantenido al margen, aislada, de los cambios sucedidos en el ámbito de la seguridad pública o bien ha vivido una evolución similar.
Históricamente las organizaciones privadas entendían que su activo recaía en su producto, por eso se diseñaban las políticas de seguridad corporativa con la visión unidireccional de proteger ese activo. Las medidas de seguridad física, evitar la sustracción del producto empresarial, era la única prioridad; pero la introducción de análisis de riesgos como herramienta de planificación desveló que las mayores pérdidas de las empresas se derivaban de los “riesgos invisibles corporativos”, como podía ser el accidente laboral de un trabajador, el desprestigio de la marca, el incumplimiento de las diferentes normativas, etc.
Al igual que en la seguridad pública, en el ámbito de la seguridad corporativa ha dado inicio una transformación en las políticas de seguridad, ampliando su foco de actuación. Ya no solo se debe proteger la producción, sino todos aquellos riesgos que puedan afectar a la viabilidad de la empresa, como la pérdida de talento, la desconfianza de los clientes… Se han superado las políticas centradas en la seguridad del producto para evolucionar hacia las políticas de seguridad integral, donde la organización, entendida como un todo, debe ser protegida.
Pérdida desconocida, pérdida conocida, pérdida de talento, riesgos normativos, desprestigio de la marca, ciberriesgos, todo ellos, entre otros, conllevan las nuevas amenazas de las organizaciones. Por esa razón los profesionales de esta actividad tienen que estar formados desde un punto de vista de seguridad integral, mediante la cual hayan adquirido conocimientos interdisciplinares que les permitan tener un conocimiento multicausal de los riesgos para poder dar una respuesta eficiente a las diferentes amenazas corporativas. Es necesario interrelacionar las políticas de prevención de riesgos laborales, de prevención de riesgos normativos, de prevención de ciberriesgos, la marca, etc., todo de manera coordinada y eficiente para poder dar una respuesta integral a las necesidades de las organizaciones.
Al igual que en la seguridad pública, en la seguridad corporativa ha dado inicio una transformación de las políticas de seguridad, ampliando su foco de actuación
Además, la sociedad del riesgo ha introducido un nuevo reto para las empresas desde el punto de vista de seguridad integral corporativa. Éstas deben corresponsabilizarse de la gestión de riesgos que puedan producir hacia fuera. Las organizaciones privadas tienen que planificar sus políticas de seguridad tanto ad intra como ad extra. Deben evaluar el impacto que genera su actividad en la sociedad para establecer las medidas de seguridad necesarias para minimizar las consecuencias de éstas.
De hecho, el compliance penal no deja de ser el establecimiento y aplicación de medidas eficaces de control que minimicen el riesgo de comisión de infracciones delictivas por quienes integran la organización; pero, como hemos afirmado en más de una ocasión, las empresas deben implementar compliance preventivos que ayuden a gestionar y minimizar los riesgos corporativos no solo a nivel penal sino también a nivel de seguridad integral. La herramienta del compliance debe ser la guía para que los profesionales de la seguridad, así como los directivos de la misma, tengan la trazabilidad de la gestión del riesgo a nivel interno y externo de la propia organización, de tal manera que la seguridad integral sea el eje vertebrador.
Las empresas que no analicen su mapa de riesgos desde la visión de la seguridad integral son corporaciones deficitarias, no solo en el ámbito de la seguridad, sino en la propia gestión empresarial.
