La entidad trabaja con sus socios protectores para presentar la documentación antes del 10 de febrero

La Fundación Borredá ha presentado alegaciones a la ‘Ley de Ciberseguridad’

Ciberseguridad
Redacción

La Fundación Borredá ha presentado, el pasado 10 de febrero, alegaciones al anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad, aprobada el 14 de enero en el Consejo de Ministros. La entidad sin ánimo de lucro ha trabajado junto con sus socios protectores y entorno colaborativo para remitir un documento en el que traslade sus propuestas de cambio a esta norma, que traspondrá al ordenamiento jurídico español la Directiva sobre Seguridad de las Redes y Sistemas de la Información (Directiva NIS 2).

El anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad se encontraba en periodo de audiencia pública hasta el 10 de febrero. El Ministerio del Interior abrió la consulta en su página web y habilitó un correo electrónico para recibir las aportaciones del ámbito privado a esta norma: [email protected].

Audiencia del anteproyecto de ‘Ley de Ciberseguridad’

El procedimiento de audiencia e información pública tenía como propósito garantizar la participación ciudadana en el proceso de elaboración de un proyecto normativo ya redactado, como es el caso de la también llamada Ley de Ciberseguridad de España. A través de este procedimiento, se buscaba recoger las opiniones, sugerencias y observaciones de aquellas personas que ostenten derechos o intereses legítimos que pudieran verse afectados por la normativa propuesta. Este mecanismo también permite canalizar dichas aportaciones por medio de organizaciones o asociaciones que representen a los interesados, ampliando así el alcance de la consulta.

Además, este proceso no se limita únicamente a las personas directamente afectadas, sino que está diseñado para recibir aportes de cualquier individuo, colectivo o entidad que pueda ofrecer ideas, datos o perspectivas útiles para enriquecer el contenido del proyecto normativo. Con ello, se fomenta la transparencia, se refuerza la legitimidad de las normas y se busca incorporar un enfoque más inclusivo y plural en la toma de decisiones públicas.

Seguridad privada: sector clave para la ciberseguridad

La Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad tiene por objeto establecer las medidas necesarias para alcanzar un elevado nivel común de ciberseguridad en España y contribuir a la ciberseguridad de la Unión Europea. En ese sentido, establece una serie de obligaciones para que las entidades consideradas críticas, esenciales e importantes adopten una serie de medidas de ciberseguridad. Entre los sujetos obligados estará el  sector de la seguridad privada.

La inclusión de la seguridad privada en el ámbito de aplicación esta ley supondrá la modificación de la norma que regula dicho sector. En base a esta cambio, la Ley de Seguridad Privada sería aplicable al «personal que realice tareas de ciberseguridad en los casos que legal o reglamentariamente se determine», además de los casos ya sujetos en la versión original. A ese respecto, la Ley de Seguridad Privada afectará también a los profesionales que realicen tareas de ciberseguridad entre el personal acreditado; es decir, aquel que desarrolle las tareas que les asignan esa ley.

La norma incluye otras decisiones de calado como la creación de un Centro Nacional de Coordinación de Ciberseguridad, que centralizará los esfuerzos para gestionar incidentes y promover la cooperación público-privada. Además, busca implementar estándares obligatorios de seguridad en redes y sistemas, aplicables tanto a entidades públicas como privadas, asegurando un nivel homogéneo de protección en todo el territorio.

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