El Consejo de Ministros formalizará el martes, 3 de junio, el nombramiento de Aina Calvo como nueva secretaria de Estado de Seguridad, convirtiéndola en la número dos del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska. La política balear, que hasta ahora ejercía como secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, asumirá la coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en un momento marcado por el incremento de las ciberamenazas y el refuerzo de las infraestructuras críticas del país.
Calvo sustituirá a Rafael Pérez Ruiz, quien presentó su dimisión la semana pasada alegando motivos personales, tras casi cinco años en el cargo. Grande-Marlaska le agradeció públicamente su “dedicación y lealtad” y negó que la salida esté vinculada a la investigación por la compra de munición a una empresa israelí ni al llamado caso Koldo. El ministro subrayó que la transición será “ordenada” y destacó la “experiencia institucional” de Aina Calvo. El relevo se hará efectivo tras su publicación oficial en el BOE y la posterior toma de posesión ante Interior.
Perfil de Aina Calvo
Aina Calvo, nacida en Palma de Mallorca en 1969, es licenciada en Filosofía y Letras y doctora en Ciencias de la Educación. Ha sido alcaldesa de Palma (2007-2011), directora de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (2018-2020), delegada del Gobierno en Baleares (2020-2023) y, desde diciembre de 2023, secretaria de Estado de Igualdad.
Los desafíos inmediatos que afrontará al frente de la Secretaría de Estado pasan por reforzar la lucha contra la ciberdelincuencia o activar el nuevo sistema europeo de control fronterizo ETIAS antes de su entrada en vigor. También deberá supervisar la ejecución del Plan Nacional contra la Radicalización Violenta y negociar con los sindicatos mejoras en la equipación de Guardia Civil y Policía Nacional. Otra prioridad será actualizar la Estrategia Nacional de Seguridad, de 2021, y sacar adelante normas que ahora son anteproyectos, como la Ley de Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas (CER) y la Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad.
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