En nuestras grandes ciudades, repartidos por todos los rincones, unos artilugios de aspecto inofensivo nos vigilan. Los vemos todos los días, aunque pocas veces los miramos a conciencia. Son esos ojos de plástico y metal que cuelgan de los los aleros, los semáforos y las fachadas de los edificios, simbolizando una seguridad que rara vez cuestionamos. Pero tras esa garantía de protección ciudadana se esconde una realidad incómoda: las cámaras de vigilancia urbana, cuya función principal es salvaguardar, se han convertido en armas bélicas de la guerra moderna.
Cámaras urbanas en tiempos de guerra híbrida
No hay duda de que la tecnología de videovigilancia contribuye decisivamente a salvar vidas y resolver crímenes. Los gobiernos nacionales y locales la consideran un escudo protector, indispensable en el entorno urbano. Pero esa coraza tiene grietas. Es frecuente que una cámara estándar funcione con un software anticuado, supuestamente protegida por contraseñas genéricas sin actualizar o conectada a redes mal configuradas.
Increíblemente, cientos de miles de cámaras urbanas no tienen ningún protocolo de acceso. Lograr ver sus imágenes es relativamente sencillo para un experto informático. Otras tienen una contraseña, pero si es la clave predeterminada del fabricante, un ciberdelincuente se puede infiltrar usando una breve lista de credenciales estándar.
Por desgracia, el problema a menudo pasa inadvertido hasta que se desencadena la tragedia. Es decir, un aparato electrónico diseñado para vigilar y proteger acaba siendo controlado por extraños a miles de kilómetros de distancia.
La ciudad como escenario de la batalla
Una cámara vulnerada y secuestrada no es solo un ojo ciego. Es una puerta abierta. Los ciberdelincuentes pueden usar estos dispositivos como «soldados digitales» dentro de una red masiva de bots , lanzando ataques de denegación de servicio para paralizar hospitales, instituciones y redes de suministro. Ya ha sucedido en varios países en distintas zonas del planeta. Otra modalidad de ciberataque con cámaras urbanas es la infiltración sigilosa para visionar las imágenes en tiempo real, espiando los movimientos diarios de determinadas personas, como hizo el servicio secreto de Israel en los años previos a la guerra de Irán.
De hecho, el secuestro digital o hackeo de las cámaras urbanas de videovigilancia es desde hace un lustro una práctica habitual en la guerra moderna. Hamás pirateó las cámaras israelíes antes de la masacre del 7 de octubre de 2023. Rusia lo ha practicado en Ucrania y el caso más reciente ha sido el de Israel en Teherán, antes de lanzar en febrero de este año el ataque con Estados Unidos contra Irán. Lo llamativo de esta estrategia, en plena era digital, es que las cámaras urbanas no son una tecnología puntera de espionaje, ni mucho menos.
Pero este formato también les sirve los ciberdelincuentes para rastrear movimientos o para vender las imágenes robadas en los mercados clandestinos de internet. Paradójicamente, una de las tecnologías que convierte a nuestras ciudades en ecosistemas inteligentes las puede reducir a ciudades vulnerables.
El precio de sentirnos vigilados
El debate no debería quedarse solo en lo técnico. Tras cada cámara secuestrada o hackeada hay personas con una vida cotidiana. Hay una madre que va por la calle con sus hijos, un trabajador que vuelve a casa, un manifestante que ejerce su derecho. Cuando la infraestructura de vigilancia urbana se convierte en un arma bélica, la seguridad de la ciudadanía se desmorona. Lo que había sido un sistema tecnológico de protección se transforma en lo opuesto: la certidumbre de que un intruso, en algún lugar, vigila la ciudad y espía a sus habitantes a todas horas, sin que nadie lo haya autorizado ni pueda hacer nada para impedirlo.
La ciberseguridad de las cámaras de videovigilancia
La ciberguerra no siempre llega con un imponente enjambre de drones o un estridente bombardeo. A veces se cuela por una cámara olvidada en una calle cualquiera. Para que la vigilancia urbana cumpla su verdadero propósito, es necesario reforzar la ciberseguridad de las cámaras, actualizando los dispositivos para garantizar que son inviolables. La normativa debe ser rigurosa y las actualizaciones constantes, teniendo conciencia de que la seguridad tecnológica debe autoprotegerse para ser capaz de garantizar la protección de los ciudadanos a quienes teóricamente vigila por su propio bien.
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