Esta reflexión surge a raíz de recordar las declaraciones realizadas el pasado verano por el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, en las que indicaban, cuando la situación de los incendios forestales era más complicada, que ya estaban a disposición de las autonomías todos los recursos militares destinados a la extinción de incendios. Se referían sin duda, pero solamente, a los recursos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que constituye uno de los pilares del sistema español de respuesta ante las grandes emergencias.
Esas declaraciones invitan a plantear una cuestión de mayor alcance. ¿Es la UME la única capacidad del Ministerio de Defensa que puede contribuir de forma decisiva a la lucha contra los incendios forestales? La respuesta es: NO. Y comprender esa respuesta exige cambiar completamente la forma en que analizamos este problema.
El error de hablar únicamente de «medios»
Cuando se produce un gran incendio, solemos hablar de medios. Contamos cuántos helicópteros intervienen, cuántas autobombas trabajan sobre el terreno, cuántos aviones descargan agua o cuántos bomberos participan en la extinción. Pero un incendio forestal no se combate únicamente con medios; se combate con «capacidades«. Y ambos conceptos no significan lo mismo. Un medio es un vehículo, una máquina o una instalación. Una capacidad es mucho más. Es la combinación de personas, organización, logística, mantenimiento, movilidad, comunicaciones, abastecimiento, ingeniería, transporte y mando.
Dicho de otra manera, un helicóptero es un medio. Pero el hecho de que haga posible trasladar rápidamente a personal, herramientas o material hasta un lugar inaccesible para otros vehículos de transporte, constituye una capacidad. Ese pequeño cambio de enfoque modifica completamente el análisis.
Una autobomba forestal explica el problema
Pensemos en una autobomba forestal. Su misión es transportar agua y personal hasta el incendio para combatir el fuego. Sin embargo, una vez iniciada la intervención aparece una realidad que rara vez se explica al ciudadano.
Una autobomba con una cisterna de unos 3.000 litros puede agotar su agua en poco más de 20 minutos si trabaja con un caudal aproximado de 125 litros por minuto. Cuando eso ocurre, deja de extinguir mediante el lanzamiento de agua y debe abandonar el frente del incendio para buscar un punto de recarga. Más tarde tendrá que repostar combustible. En algún momento será necesario relevar a la dotación. Quizá aparezca una avería.
Cada uno de esos desplazamientos tiene dos consecuencias. La primera es evidente: durante ese tiempo, la autobomba no está apagando el incendio. La segunda pasa mucho más desapercibida: cada desplazamiento supone un riesgo añadido para quienes conducen el vehículo por pistas forestales, caminos estrechos o carreteras en condiciones difíciles.
Por eso, la verdadera pregunta no debería ser cuántas autobombas tenemos. La pregunta correcta sería: ¿cómo conseguimos que cada autobomba permanezca el mayor tiempo posible trabajando sobre el incendio? Y aquí aparece una de las grandes aportaciones que podrían realizar las Fuerzas Armadas.
No mover la autobomba, mover la logística
Desde hace mucho tiempo, la logística militar ha trabajado con un principio muy sencillo: las unidades que están desarrollando la misión principal deben abandonar esa misión el menor tiempo posible. Es la logística la que debe acercarse a ellas. Aplicado a un incendio forestal significa algo muy simple. En lugar de que una autobomba recorra kilómetros para buscar agua, combustible o mantenimiento, son esos servicios los que deberían desplazarse hasta ella siempre que sea posible.
Un camión cisterna militar puede acercar el agua. Otro puede suministrar combustible. Un taller móvil puede reparar pequeñas averías. Un vehículo táctico puede trasladar a la dotación de relevo. Las unidades de transmisiones pueden garantizar las comunicaciones. Los servicios sanitarios de los tres ejércitos pueden establecer un puntos avanzados de asistencia, por si alguien, entre los componentes de estas autobombas, resulta lesionado.
Los ejércitos españoles disponen de capacidad logística para dar de comer a miles de soldados. ¿Por qué no a quienes trabajan en la extinción de los incendios forestales, cuando son relevados? En lugar de ello, lo habitual es ver imágenes de gentes de los pueblos, preparando bocadillos para quienes luchan contra el fuego.
Disponen también de alojamientos portátiles para esos de soldados, dotados de camas, duchas, lavandería…, que podrían ser cedidos, para su uso por los intervinientes en la emergencia. Ninguno de esos recursos extingue directamente el incendio, pero todos consiguen que quienes sí lo extinguen puedan hacerlo durante más tiempo, con mayor seguridad y con mayor eficacia.
Más allá de la UME
La UME representa una extraordinaria capacidad especializada. Su preparación, su organización y su experiencia están fuera de toda duda. Pero no es la panacea, pues sus efectivos suman menos, para intervenir en todo el territorio español, que lo que suman los de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid.
Y aquí conviene recordar que la legislación española no atribuye las funciones de protección civil de los ejércitos exclusivamente a la UME. LaLey Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional establece que las Fuerzas Armadas tienen como misión preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en situaciones de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas. TODAS las Fuerzas Armadas.
Por su parte, la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, dispone que la colaboración de las Fuerzas Armadas se efectuará «principalmente» mediante la UME. La palabra «principalmente» merece una reflexión, que nos lleva a entender que la UME constituye el instrumento principal del Ministerio de Defensa para la lucha contra los incendios forestales, pero no el único. Esa diferencia abre una posibilidad que merece ser estudiada con serenidad.
¿Qué otras «capacidades» del Ministerio de Defensa podrían incorporarse, de forma planificada, a la respuesta frente a los grandes incendios forestales?
Pensar en «capacidades» y no en vehículos
Imaginemos un vehículo de Ingenieros como el Castor, que fabrica la empresa Santa Bárbara (sugiero que se busquen en la web videos de este vehículo trabajando y se entenderá como, a quien firma este artículo, le duele ver imágenes de agricultores protegiéndose del humo con un simple pañuelo, intentando crear cortafuegos con sus arados, para que el incendio no llegue a sus casas y recordar aquellas otras de uno de estos agricultores quemándose vivo, porque le había alcanzado el fuego y mientras los Castor y similares están guardados en sus bases).
Su misión militar consiste en abrir caminos, mover tierras o retirar obstáculos. No fue diseñado para incendios forestales. Sin embargo, posee «capacidades» que pueden resultar extraordinariamente útiles para crear líneas de defensa o abrir accesos cuando las condiciones de seguridad lo permitan.
Lo mismo puede decirse de otra maquinaria de ingenieros del Ejército. Retroexcavadoras, bulldóceres, palas cargadoras, motoniveladoras, camiones pesados, vehículos de recuperación…, todos ellos fueron concebidos para apoyar operaciones militares. Pero también pueden aportar «capacidades» valiosas en determinadas fases de una gran emergencia.
Y aquí aparece una idea todavía más interesante. No sólo debemos fijarnos en los vehículos específicamente preparados para una misión, también en aquellos que poseen «capacidades» semejantes. Un carro de combate Leopard no es una máquina de ingenieros. Sin embargo, su enorme potencia, su movilidad y su capacidad para mover obstáculos pueden permitirle desarrollar determinadas tareas en circunstancias muy concretas. Como crear cortafuegos tumbando arboles.
No se trata de sustituir la maquinaria especializada. Se trata de reconocer que existen «capacidades» distribuidas por todo el territorio nacional que quizá nunca hemos incorporado a nuestra planificación.
Recursos de las administraciones… y de las empresas privadas
Tradicionalmente, las administraciones elaboran catálogos de medios; pero sería mucho más útil elaborar un catálogo de «capacidades«. Por ejemplo, «capacidad» para transportar agua, mover maquinaria pesada, instalar comunicaciones, generar energía, reparar vehículos, transportar personal, iluminar operaciones nocturnas, suministrar combustible… A partir de ese momento dejaría de importar quién es el propietario del recurso; lo importante sería saber qué puede aportar al conjunto del sistema. Ese cambio de perspectiva permitiría descubrir que España dispone de muchas más «capacidades» de las que habitualmente imaginamos.
Sería un error, por tanto, reducir el debate al Ministerio de Defensa. España cuenta también con un enorme patrimonio de «capacidades» distribuidas entre administraciones públicas y empresas privadas. Empresas constructoras que disponen de maquinaria pesada, operadores logísticos, empresas eléctricas, empresas forestales, administradores de infraestructuras, organismos de gestión hidráulicos, servicios públicos…
De hecho, nuestro ordenamiento jurídico ya prevé la obligación de colaborar con los poderes públicos en situaciones de grave emergencia, tal y como puede leerse en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, cuyo artículo 7 bis, dice: «Deber de colaboración.1. Los ciudadanos y las personas jurídicas están sujetos al deber de colaborar, personal o materialmente, en la protección civil, en caso de requerimiento de la autoridad competente de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.4 de la Constitución y en los términos de esta ley. 3. Cuando la naturaleza de las emergencias lo haga necesario, las autoridades competentes en materia de protección civil podrán proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes, así como a la intervención u ocupación transitoria de los que sean necesarios y, en su caso, a la suspensión de actividades. Quienes como consecuencia de estas actuaciones sufran perjuicios en sus bienes y servicios, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes».
Incluso se contempla, en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, la posibilidad que tienen las administraciones públicas de comprar bienes y contratar servicios, sin necesidad de tramitar un expediente de contratación, cuando se produce una emergencia grave. La cuestión no es, por lo tanto, si las entidades públicas y privadas podrían colaborar en materia de Protección Civil; es que están obligadas. Y si conocemos previamente qué «capacidades» pueden aportar, en qué condiciones y con qué rapidez, mejor para organizarse.
Planificar antes del incendio
La improvisación nunca ha sido una buena estrategia y mucho menos cuando hablamos de incendios forestales que evolucionan a gran velocidad. Por eso, el verdadero trabajo debería realizarse antes de que aparezca la primera columna de humo; antes del verano, antes de la campaña de alto riesgo, antes de que sea necesario tomar decisiones bajo presión. Es entonces cuando deberían identificarse las «capacidades» disponibles.
Determinar dónde se encuentran. Quién puede activarlas. En qué plazo. Con qué limitaciones. Y mediante qué procedimientos administrativos. Cuando todo eso está previamente acordado, la emergencia deja de ser un problema de búsqueda de recursos para convertirse en un problema de ejecución.
Coordinación: verdadera herramienta de extinción
Existe una tendencia muy humana a pensar que los incendios se apagan únicamente con agua. No es cierto, los incendios también se apagan con organización, logística, comunicaciones, ingeniería, planificación, información y coordinación.
Cada litro de agua descargado sobre el incendio, cada rama cortada con las motosierras, cada palada de arena sobre el fuego…, necesita detrás una enorme estructura de apoyo. Y cuanto mejor funcione esa estructura, mayor será la eficacia y la eficiencia de los recursos que trabajan en primera línea.
Una reflexión necesaria
Quizá haya llegado el momento de abrir un debate nacional sobre la forma en que España afronta los grandes incendios forestales. No para cuestionar el excelente trabajo que realizan los bomberos, los agentes forestales, la UME o el resto de los servicios de atención a la emergencia. Todo lo contrario. Precisamente porque su trabajo resulta imprescindible, debemos preguntarnos si el conjunto del Estado está poniendo a su disposición todas las «capacidades» que ya posee.
No hablamos únicamente de adquirir nuevos medios. Hablamos de integrar mejor los existentes; de conocerlos, planificar su intervención, entrenarlos conjuntamente… Y de activarlos mediante procedimientos previamente establecidos.
Una oportunidad para evolucionar
Los incendios forestales del siglo XXI son muy diferentes a los de hace treinta años; son más intensos, rápidos, imprevisibles y con mayor impacto sobre zonas habitadas. Responder a esa nueva realidad exige también una evolución en nuestra forma de pensar.
Quizá el mayor desafío ya no consista únicamente en disponer de más recursos. Quizá el verdadero reto sea construir un sistema capaz de integrar todas las «capacidades» disponibles en España, con independencia de qué ministerio, administración o empresa sea su titular. Porque, al final, el objetivo no consiste en demostrar quién tiene más medios. Consiste en conseguir que quienes se juegan la vida frente al fuego dispongan del mayor apoyo posible. Ese debería ser el verdadero compromiso de un país que aspira a proteger a sus ciudadanos y a conservar uno de sus patrimonios más valiosos: sus montes.
Termino con una recomendación a quienes son los responsables de la gestión de la extinción, en el nivel, fase o escenario 2. Recordad que hay muchas empresas privadas que pueden aportar «capacidades» y que están obligadas a hacerlo. Hay que pagar su trabajo, eso sí, pero será un gasto muy justificado si evitamos los daños que los incendios forestales generan.
Por otro lado, no pidáis de forma genérica la participación de los ejércitos en la extinción, porque nadie de esos ejércitos puede adivinar lo que necesitáis. Pedid «capacidades». Por ejemplo, llevar agua a las autobombas y cuanta por unidad de tiempo, realizar cortafuegos, trasladar personal…
En nuestros Ejércitos hay gente muy preparada, que conociendo lo que en concreto necesitáis sabrán como satisfacer vuestras peticiones. Son más de 120.000 personas. Y me consta, por conversaciones mantenidas con algunas de ellas, de diversas graduaciones, que todas, desde el JEMAD hasta el último soldado admitido en las filas de alguno de nuestros ejércitos, están deseando poder ayudar en la lucha contra los incendios forestales.
