El Real Decreto (RD) 524/2023 redefine el marco de la protección civil en España con una reforma que deroga el conocido RD 393/2007. Aunque se mantiene transitoriamente su vigencia durante cuatro años, la norma plantea nuevas exigencias, amplía el enfoque de protección y genera dudas entre los profesionales.
¿Estamos ante una mejora estructural o ante una incertidumbre normativa prolongada?
Mirada al futuro
En concreto, el RD 524/2023 introduce una reforma relevante en materia de planificación de emergencias. La derogación del RD 393/2007, aunque efectiva sobre el papel, se aplaza en la práctica hasta 2027. Bajo ese punto de vista, ¿era necesaria una derogación sin alternativa inmediata? ¿Está el sistema preparado para una transición normativa a cuatro años vista?
El marco anterior
Por otro lado, el RD 393/2007 ofrecía un esquema técnico detallado para planes de autoprotección en actividades con riesgo, el cual favoreció la identificación de riesgos y la adecuación de medios propios por parte de los titulares de las actividades.
No obstante, ¿se evaluó realmente su eficacia antes de decidir su sustitución?
Una norma con vacíos
Por tanto, el nuevo RD 524/2023 amplía el enfoque de la protección civil. Ya no solo se habla de personas y bienes, sino también de animales, medio ambiente y patrimonio cultural (art. 4).
Sin embargo, el artículo 12, centrado en los planes de autoprotección, restringe su aplicación a “las personas y sus bienes”. ¿No deberían estos planes incluir también la protección del entorno, los animales y el patrimonio? ¿Qué sentido tiene ampliar la visión general si no se traduce en obligaciones concretas?
Protección universal
Otro elemento destacado es el artículo 7, que incluye la implantación de sistemas de alerta temprana y medidas de “protección a la población, garantizando la asistencia a todas las personas”. No obstante, estas aspiraciones enfrentan el reto de la aplicación real.
Para este ejemplo, ¿podemos asegurar esa cobertura en emergencias como la DANA? ¿Contamos con los medios humanos, técnicos y logísticos para ello?
¿Qué cambia?
En este contexto, esto es lo que sí cambia (aunque no de inmediato):
- El RD 393/2007 sigue en vigor, por ahora. Aunque formalmente esté derogado, se aplicará hasta que se apruebe una nueva directriz básica. Los técnicos y responsables deben seguir guiándose por él, en medio de una transición incierta.
- Se espera una nueva directriz. De momento no existe, pero será el instrumento que sustituya al RD 393/2007.
Pero, ¿llegará a tiempo? ¿Qué ocurrirá si se retrasa, como ha sucedido en otras áreas? - Se busca mayor coordinación. El objetivo es integrar la autoprotección en una red nacional de planificación y gestión de emergencias. Una propuesta ambiciosa que exigirá colaboración entre administraciones.
- Impacto autonómico y local. Las comunidades autónomas y entidades locales tendrán que revisar sus procedimientos de control e inspección cuando entre en vigor la nueva directriz. Sin embargo, ¿tienen ya recursos para anticiparse a esos cambios?
Epílogo abierto
La derogación del RD 393/2007 abre una etapa nueva para la autoprotección en España, aunque todavía sin una hoja de ruta definitiva. El reto es mantener la seguridad y la claridad jurídica durante estos cuatro años de transición. ¿Será este el paso hacia una normativa más moderna y coherente, o se repetirá la historia de otras reformas que nunca llegaron a consolidarse?
En los próximos años sabremos si esta transición dará lugar a un verdadero avance o si, una vez más, nos quedamos en el terreno de las intenciones sin llegar a la acción.
