Consejo de Seguridad de la ONU: ¿Qué es y cuánto poder global tiene?

Imagina que en tu barrio hubiera una asamblea de vecinos con exclusividad para autorizar intervenciones de fuerzas del orden, imponer sanciones económicas o permitir el uso de la fuerza en conflictos graves. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas funciona con una lógica análoga, pero a escala planetaria. Es el único órgano de la ONU con capacidad vinculante para tomar decisiones que, en teoría, todos los Estados miembros deben acatar. Su misión central es mantener la paz global y la seguridad internacional, lo que puede parecer un concepto hipotético hasta que recordamos que las guerras, los genocidios y las crisis humanitarias dependen, en muchos casos, de lo que aquí se decida.

Quince países componen el Consejo de Seguridad, pero no todos tienen el mismo poder. Cinco de ellos —Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China— son miembros permanentes, estatus obtenido al final de la Segunda Guerra Mundial. Estas naciones poseen el famoso derecho de veto, mecanismo que les permite bloquear cualquier resolución, incluso aunque el resto de los miembros la apoye en su totalidad. Los otros diez países son miembros no permanentes, elegidos cada dos años por la Asamblea General de la ONU para representar a distintas regiones geográficas. Pese a que esta concurrencia en el organismo tiene prestigio global, lo cierto es que sin el consenso de los cinco permanentes, son escasas las medidas sustanciales que salen adelante.

El derecho de veto es, sin duda, el rasgo más criticado del Consejo de Seguridad. Diseñado en 1945, garantizaba la coordinación de las potencias vencedoras de la guerra mundial, evitando que la ONU perjudicara sus respectivos intereses estratégicos. Pero con el paso de las décadas, este mecanismo ha provocado parálisis geopolíticas en momentos críticos. Conflictos prolongados como las guerras de Siria, Ucrania o Gaza han quedado estancados en el Consejo precisamente porque uno o varios miembros permanentes han ejercido su veto para proteger a sus países aliados o sus posiciones tácticas. Esto ha generado un debate global sobre la legitimidad y la representatividad de una entidad que refleja el orden mundial de hace casi ochenta años, no necesariamente el de hoy.

Cuando el Consejo de Seguridad logra superar sus divisiones, tiene una capacidad de acción considerable. Puede aprobar resoluciones para obligar a los países miembros a ejecutar determinados procedimientos, desde un embargo de armas hasta el bloqueo de activos de un individuo o una empresa. También autoriza las operaciones de mantenimiento de la paz, esas misiones militares o policiales desplegadas en zonas conflictivas bajo bandera azul de la ONU. También puede recomendar sanciones económicas o incluso autorizar la intervención de una fuerza militar colectiva cuando identifica una amenaza contra la paz, una violación de un alto el fuego o un acto de agresión. No es un parlamento deliberativo sin dientes; cuando funciona, sus decisiones tienen efectos directos en el terreno.

Desde la década de 1990, la comunidad internacional se plantea cómo reformar no solo el Consejo, sino la propia ONU, para convertirlo en un organismo más democrático y eficaz. Todos los años reaparecen propuestas para ampliar el número de miembros permanentes —incluyendo potencias económicas como Brasil, India, Alemania o Japón— y para limitar el uso del veto en los abundantes casos de atrocidades humanitarias. Pero aprobar cualquier cambio requiere una reforma de la Carta de las Naciones Unidas, lo que a su vez necesita el voto afirmativo de dos tercios de la Asamblea General, incluidos todos los miembros permanentes del Consejo. En otras palabras, los beneficiarios de las condiciones actuales son precisamente quienes deben aprobar su modificación. Este impasse explica por qué el Consejo sigue vigente con una arquitectura diseñada para un planeta de dos bloques enfrentados que ya no existe.

A pesar de sus defectos estructurales, el Consejo de Seguridad es el foro diplomático principal para gestionar crisis de alcance global. Cuando las grandes potencias logran ponerse de acuerdo, como ocurrió con las sanciones contra Corea del Norte o la resolución para intervenir en Libia en 2011, el impacto mundial es inmediato. El verdadero problema no es su existencia, sino su tradición geopolítica de priorizar los intereses nacionales por encima de la responsabilidad colectiva de amparar la paz. Entender la mecánica de este organismo es esencial para interpretar las noticias internacionales, porque tras cada resolución aprobada o vetada hay una historia de alianzas, tensiones y negociaciones que definen el orden mundial en el que vivimos.