El Ministerio de Defensa ha anunciado que dará el primer paso institucional para reconocer la carrera militar como profesión de riesgo. Esta iniciativa responde a una reivindicación histórica que las asociaciones del sector venían planteando desde hace años, argumentando que servir en las Fuerzas Armadas expone a los militares a situaciones de peligro constantes, tanto en territorio nacional como en misiones internacionales.
Un paso histórico para las Fuerzas Armadas
Declarar la carrera militar una profesión de riesgo tiene consecuencias laborales y sociales significativas. Entre los beneficios más destacados se encuentra la posibilidad de acceder a jubilaciones anticipadas sin que se reduzca la cuantía de la pensión, algo que se logra mediante la aplicación de coeficientes correctores en función del tiempo de servicio en la profesión considerada peligrosa. Además, el reconocimiento supondría mejoras en las indemnizaciones por accidente o fallecimiento en acto de servicio, un refuerzo en la protección sanitaria y psicológica, y un mayor reconocimiento de las enfermedades profesionales a las que se exponen los militares.
El contexto de la decisión: la tensión bélica internacional
La tensión geopolítica internacional ha desencadenado, en buena parte, esta medida largamente postergada. Las asociaciones profesionales habían reanudado sus exigencias tras desplegar el Ejército contingentes militares españoles en zonas de conflicto como Irak y Líbano, donde han tenido que operar en condiciones de fuego cruzado que conllevan un alto riesgo evidente. Este contexto ha puesto de relieve la exposición constante a peligros físicos y presiones psicológicas que sobrelleva la carrera militar, incluso en tiempos de paz.
El largo proceso de los militares hacia el reconocimiento del riesgo de su profesión
A pesar del anuncio, el trayecto hasta la materialización efectiva de esta medida es largo y complejo. La propuesta se presentará en el seno del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS), un órgano asesor presidido por la ministra Margarita Robles donde están representadas las principales asociaciones profesionales del colectivo militar. El procedimiento requiere la elaboración de informes por parte de distintos organismos y ministerios, y debe culminar con la aprobación de un decreto en Consejo de Ministros. Si la modificación afecta a la ley que regula el personal de las Fuerzas Armadas, el trámite deberá pasar necesariamente por el Congreso de los Diputados, lo que podría extender el proceso más allá de la actual legislatura.
La brecha con otras profesiones de seguridad
En España, otros colectivos de seguridad —y un buen número de actividades laborales— tienen desde hace años la categoría de profesión de riesgo. Las policías locales, la Ertzaintza, los Mossos d’Esquadra y la Policía Foral de Navarra ya tienen categoría de profesión de riesgo, mientras que la Policía Nacional y la Guardia Civil está a la espera de un decreto que formalice su inclusión en este rango. El hecho de que los militares y las fuerzas de seguridad hayan quedado al margen de esta protección, hasta ahora, es un agravio comparativo que sus asociaciones consideran difícil de justificar.
Por qué los militares reivindican ser profesión de riesgo
Fuentes militares destacan que el reconocimiento de profesión de riesgo tiene un componente simbólico de gran relevancia. Supone un respaldo institucional explícito al sacrificio, la disponibilidad permanente y el compromiso del personal de las Fuerzas Armadas con la sociedad española. Es una forma de reconocer públicamente que quienes defienden la seguridad del país asumen riesgos que la mayoría de ciudadanos no afrontan en su vida laboral cotidiana.
El anuncio del Ministerio de Defensa marca el inicio de un proceso que, si se completa con éxito, cambiará las condiciones laborales de miles de militares españoles y pondrá fin a una reivindicación que ha acompañado al sector durante demasiado tiempo.
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