La Fundación Borredá presentó, el 23 de febrero, su 5º Estudio de Seguridad Corporativa, que toma el pulso a la evolución y madurez de las empresas españolas en materia de seguridad corporativa. El documento permite, asimismo, conocer el estado actual de esta cuestión, las tendencias actuales y los problemas que afectan a los responsables de seguridad de las principales compañías de nuestro país.
No en vano, la presidenta de la entidad sin ánimo de lucro, Ana Borredá, explicó que el documento ha sido elaborado a través de una muestra de responsables de seguridad corporativa de compañías del Ibex 35, así como otras consideradas estratégicas.
El encargado de desarrollar el estudio fue César Álvarez, coordinador de Proyectos de la Fundación Borredá, quien destacó datos como que el 68 por ciento de los panelistas percibe la seguridad en la empresa como un apoyo al negocio. Aun así, solo el 28 por ciento reporta directamente al director general de su compañía y el 22 por ciento dedica 1,5 millones de euros o más a los sistemas de seguridad.
Las ciberamenazas, el terrorismo, los riesgos reputacionales, el crimen organizado y los ataques a los sistemas corporativos son, por ese orden, las amenazas que más preocupan a las compañías en términos de seguridad, como explicó Álvarez. Sin embargo, se observan fluctuaciones en este sentido respecto a la edición anterior del estudio, de 2020.
Otra de las conclusiones que deja el documento de la Fundación Borredá es la falta de profesionales formados en materia de seguridad integral, que preocupa al 68 por ciento de los directores de seguridad, seis puntos más que en el estudio previo. También aumenta la percepción sobre otras carencias como el conocimiento en idiomas o la experiencia profesional en seguridad patrimonial.
Ciberseguridad en el 5º Estudio de Seguridad Corporativa
Tras la presentación de los datos y conclusiones del 5º Estudio de Seguridad Corporativa, el presidente de la Confederación Empresarial de Usuarios de Seguridad y Servicios (CEUSS), Andrés Martínez, y la presidenta del Capítulo 143 de ASIS International, Elena Salas, reflexionaron sobre el contenido del documento. Abordaron temas como el presupuesto en seguridad corporativa, la normativa que afecta a esta actividad o las amenazas más preocupantes.
Entre sus reflexiones, Martínez destacó el descenso significativo en la preocupación por los riesgos de ciberseguridad dentro de las organizaciones. El documento muestra que las amenazas de tipo cibernético son las que más preocupan (así lo considera un 59%), pero se observa una bajada notable en relación con el estudio de 2020 (donde estas amenazas preocupaban al 76%). En ese sentido, el presidente de CEUSS se preguntó si esa reducción se debe a una mayor madurez en la gestión de estos riesgos o la causa es que los profesionales de la seguridad corporativa los están percibiendo como un asunto ajeno a sus competencias.
De ser esto último, advirtió, podría indicar que los directores de seguridad no están evolucionando de manera acorde a las necesidades de sus organizaciones. A lo cual añadió que la creciente complejidad de las amenazas actuales requiere un enfoque integral que refuerce la misión de proteger los activos corporativos.
Ante ello, reclamó una implicación más decidida de los directores de seguridad en estrategias de seguridad de 360 grados.
Elena Salas se detuvo en la reducción de los presupuestos que manejan las empresas en seguridad y lo atribuyó en parte, en la misma línea que Martínez, a un descenso de la preocupación por la ciberseguridad, ya que en muchas empresas esta responsabilidad recae en otros departamentos, como el de IT.
Colaboración
Por otro lado, durante la charla, Martínez también hizo hincapié en la necesidad de estrechar la colaboración entre seguridad pública y privada, resaltando que, debido a la naturaleza de las amenazas actuales, es fundamental contar con programas sólidos de cooperación público-privada. Indicó que las debilidades en seguridad pública impacta inevitablemente en la seguridad corporativa, especialmente frente a grupos organizados de alta capacidad.
Respecto a la amenaza interna, Salas mencionó que la regulación debe permitir gestionar este riesgo de forma más efectiva, dado su crecimiento progresivo. Actualmente, algunas soluciones, como la declaración voluntaria de antecedentes por parte de los empleados, tienen una eficacia limitada. En este punto, Álvarez añadió que, según el estudio, los directores de seguridad tienen más capacidades de intervención de las que comúnmente se perciben, aunque enfrentan obstáculos cuando sus funciones entran en conflicto con los departamentos legales.
Estos y otros temas tuvieron lugar durante la presentación del estudio, que puede descargarse en Kiosko Pro. El documento analiza aspectos relacionados con la organización y gestión de la seguridad corporativa, como los perfiles profesionales, amenazas, presupuestos o contratación de servicios; así como otras cuestiones estratégicas, entre las que se encuentran el ámbito internacional, la amenaza interna o la regulación en Responsabilidad Social Corporativa.
La Fundación Borredá participa en la jornada de la Plataforma Denaria en el Congreso de los Diputados
La Fundación Borredá participó, en marzo, en un evento organizado por la Plataforma Denaria en el Congreso de los Diputados, centrado en la defensa del uso del efectivo como forma de pago. Bajo el título ‘Inclusión Financiera en España. El efectivo como solución segura y sostenible’, la jornada, que reunió a expertos, representantes institucionales y del ámbito de la seguridad, contó con la participación de César Álvarez, coordinador de proyectos de la Fundación Borredá. En su intervención, Álvarez alertó de que «el efectivo contribuye a la tranquilidad ciudadana y a la seguridad nacional, y está en peligro esa contribución». Además, añadió que «el efectivo garantiza el acceso fácil a recursos financieros, y en una situación de emergencia, eso vale su peso en oro».
Por su parte, el presidente de la Plataforma Denaria, Javier Rupérez, denunció que «las leyes sobre el efectivo son contradictorias y perjudican a los ciudadanos». Por este motivo, reclamó una regulación más coherente que respete la libertad de elección del medio de pago y advirtió que las restricciones actuales favorecen un modelo de control y exclusión que puede comprometer derechos fundamentales.
Archivado en:
