Es incuestionable que para las centrales receptoras de alarmas (CRA) el presente es difícil y el futuro preocupante. Ante esta situación solo quedan dos posibles actitudes: no hacer nada y ver qué va pasando, o entrar en acción para tratar de mejorar el presente y construir un futuro más esperanzador.
Que las cosas no van bien lo demuestra un hecho claro: el número de CRA sigue descendiendo. En el listado de septiembre del registro nacional, tan solo aparecen 119 empresas de seguridad con esta habilitación, cuando hace apenas unos meses eran 128 y no hace tantos años superaban las 160.
Centrales receptoras de alarmas: ¿Qué está pasando?
¿Qué complica el presente y dificulta el futuro? Estos son algunos factores clave:
-Un contexto legal irregular y anacrónico. Lo destaco en primer lugar porque constituye el caldo de cultivo idóneo para muchos de nuestros problemas. Poco se puede añadir: es una situación sobradamente conocida. En un sector tecnológico que avanza a toda velocidad, resulta insufrible operar con una ley de hace 11 años, un reglamento de hace 31 y unas órdenes de hace 14. Fin de la cita. El resultado se traduce en ineficiencia e inseguridad jurídica.
-Las demandas y reclamaciones de las compañías de seguros. Este es un problema in crescendo. Cada vez con más frecuencia, a un robo real tramitado le sigue una reclamación contra la CRA, la instaladora/mantenedora o ambas. Para ello, las aseguradoras cuentan con especialistas en seguridad privada propios o gabinetes externos, que se apoyan en lagunas legales, aspectos ambiguos o redacciones poco claras. Su objetivo es encontrar puntos donde un juez pueda interpretar que las actuaciones no fueron correctas, ni en la gestión del hecho ni en las medidas preventivas previas. Si ganan, recuperan total o parcialmente la indemnización abonada al asegurado. Y como en ocasiones lo consiguen, les merece la pena intentarlo.
La estrategia les funciona tan bien que la están extendiendo al ámbito del incendio: comienzan a obligar a sus clientes a conectar sistemas de detección. La razón es sencilla, puesto que aún no existe una regulación específica del Ministerio de Industria que determine requisitos y obligaciones de empresas, sistemas y usuarios. Ante ese vacío legal, se nos utiliza como «reaseguro». El problema es que, en un incendio, las reclamaciones pueden ser enormes, muy superiores a la cobertura de nuestras pólizas de responsabilidad civil. Este riesgo desaparecería con un marco legal claro.
-Acabaremos no encontrando aseguradoras que cubran nuestra responsabilidad. Como consecuencia de lo anterior, cada vez tenemos que dar más partes a nuestras aseguradoras. Aunque muchas reclamaciones se ganan en los tribunales, algunas acaban pagándose total o parcialmente. Esto provoca dos efectos: cada vez menos compañías quieren asegurarnos, y las pocas que lo hacen limitan coberturas, elevan primas y rescinden pólizas en pocos años por exceso de siniestralidad. Si la tendencia continúa, llegará un momento en el que ninguna aseguradora quiera cubrirnos.
-El cliente y su instalador/mantenedor determinan nuestra capacidad de actuación. Queremos ser eficientes ante las incidencias, rápidos y certeros con las acciones de verificación. Por ello, nuestra capacidad de actuación no depende solo de los recursos propios —humanos, técnicos, procedimentales o formativos—, sino también de lo que hagan el cliente y el instalador.
El cliente condiciona el nivel de eficiencia con sus decisiones de compra. Si se deja guiar por criterios de precio, puede impedir una cobertura adecuada o retrasar la activación de una alarma. Por ejemplo, los sistemas sin videoverificación son ineficientes y, en caso de intrusión, obligan a esperar activaciones consecutivas para avisar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Además, muchas falsas alarmas, en torno al 70 por ciento, tienen su origen en el propio cliente.
El instalador/mantenedor, por su parte, debería ser más riguroso. Su papel incluye evaluar riesgos, formar técnicos, instalar correctamente, mantener los equipos, reparar con rapidez, formar al cliente, sensibilizarlo sobre las falsas alarmas y asesorarlo ante riesgos sobrevenidos o tecnologías obsoletas. Cuando falla en alguna de estas funciones, la eficiencia de la CRA se resiente.
Según los registros nacionales y autonómicos, en la actualidad hay 1.562 empresas de seguridad habilitadas, de las cuales 1.259 se dedican a instalación y mantenimiento. A diferencia de las CRA, este segmento sigue creciendo. Sin embargo, todas estas empresas necesitan colaborar con una CRA, y la calidad de esa colaboración varía enormemente.
Estos ejemplos muestran los problemas, riesgos y amenazas que afrontan las CRA. La inseguridad jurídica es la principal causa de la mayoría de ellos y tensiona la actividad empresarial, especialmente la de las pymes, que en ocasiones no pueden resistir la presión y acaban abandonando. Ante ello, la única salida es luchar por modificar esta realidad. Y la herramienta más eficaz es el asociacionismo.
En un sector tecnológico que avanza a toda velocidad resulta insufrible operar con una ley de hace 11 años, un reglamento de hace 31 y unas órdenes de hace 14
El papel de AESCRA
AESCRA, la Asociación Española de Centrales Receptoras de Alarmas, nació con este objetivo. Se trata de una asociación especializada, no generalista, que en apenas dos años de trayectoria ha logrado la mayor representatividad empresarial de la actividad, pues ya cuenta con 42 de las 119 empresas habilitadas.
Actualmente trabaja en distintos frentes, entre ellos:
- Junto a la Federación Empresarial Española de Seguridad (FES), a la que pertenecemos, hemos solicitado cambios en la Orden Ministerial INT 316/2011 como única alternativa viable a corto plazo para mejorar el contexto legal, ante la falta de voluntad política de solventar la ausencia de un nuevo Reglamento de Seguridad Privada. Hemos presentado nuestras propuestas a la Unidad Central de Seguridad Privada, que ya está trabajando en ellas, lo cual agradecemos enormemente.
- Con las principales asociaciones del sector de incendios, como Tecnifuego (a la que también nos hemos unido), AERME y el Clúster de Seguretat contra Incendis de Catalunya, estamos elaborando un texto que presentaremos en breve al Ministerio de Industria para cubrir la laguna normativa mencionada.
- A través de FES, tenemos asegurada nuestra participación en la negociación del próximo convenio colectivo de 2027.
Realidad difícil y futuro incierto, sí, pero esperanzados en reconducirlo. Animo a las CRA que se unan a AESCRA (www.aescra.es), a mayor representatividad mayor fuerza. Por favor, colaborar, entrar en acción, no dejéis que trabajemos solo algunos para resolver una papeleta que afecta a todos.
