El sector de la protección contra incendios está inmerso en una transformación que no podemos ignorar. La digitalización, la gestión remota de la información y la creciente exigencia social de contar con servicios rápidos y eficaces están cambiando la forma en que entendemos la seguridad. En este nuevo escenario, las centrales receptoras de incendios (CRI) aparecen como un eslabón fundamental: son la pieza que conecta los sistemas de detección con los servicios de emergencia y, por tanto, su correcto funcionamiento resulta decisivo para garantizar una respuesta eficiente ante cualquier siniestro.
Dentro del marco normativo actual, el Reglamento de instalaciones de Protección contra Incendios (RIPCI) habilita a las empresas mantenedoras y a las centrales receptoras para gestionar señales de incendios, cumpliendo la norma UNE-EN 54/21. Sin embargo, más allá de esa habilitación existe un vacío: falta una regulación específica que ofrezca seguridad jurídica a quienes desarrollan esta actividad y, sobre todo, que ordene los procedimientos para que la gestión de las alarmas sea homogénea, eficaz y fiable. La ausencia de criterios claros genera incertidumbre tanto para los operadores como para los usuarios y puede, en algunos casos, afectar a la rapidez de la intervención de los servicios públicos de emergencia.
Alianza con AESCRA
Consciente de ello, Tecnifuego ha impulsado un grupo de trabajo específico dentro de sus comités sectoriales de Instaladores y de Fabricantes de Equipos de Detección que, en coordinación con la Asociación Española de Centrales Receptoras de Alarmas (AESCRA), está desarrollando una guía de actuación para la conexión de sistemas de detección de incendios a CRI.
La intención es que esta guía sirva de referencia para empresas, usuarios y servicios públicos, estableciendo criterios técnicos claros, definiendo responsabilidades y marcando protocolos de actuación. Incluye aspectos que van desde los requisitos que deben cumplir los sistemas de detección hasta las obligaciones de las empresas mantenedoras, los usuarios y las propias CRI. Además, se detalla cómo deben verificarse las alarmas y cómo deben gestionarse las falsas alarmas, un problema que continúa siendo uno de los mayores retos del sector.
La guía complementa y da continuidad al Documento técnico de gestión remota de alarma de incendios y servicios asociados a central receptora de alarmas, desarrollado por Tecnifuego en 2021. Aquel antecedente definía los principios de supervisión remota de señales de incendio. Ahora se amplía con criterios más sólidos y homogéneos, fortaleciendo la seguridad jurídica de los operadores y mejorando la eficiencia en la transmisión de alarmas a los servicios públicos de emergencia.
Evitar falsas alarmas
Las falsas alarmas son un ejemplo claro de cómo la falta de procedimientos precisos puede afectar a la seguridad. Todos hemos visto cómo la saturación de señales infundadas termina por desgastar la confianza en los sistemas y provoca un uso ineficiente de los recursos de emergencia. Una central saturada no solo pierde eficacia, sino que transmite sensación de inseguridad. Por ello, la guía incluye un protocolo de verificación claro y realista, que permite discriminar rápidamente entre una alarma auténtica y una falsa, garantizando que solo lleguen al 112 señales fiables, optimizando la respuesta y evitando desplazamientos innecesarios y costosos.
La gestión remota de señales y alarmas constituye otro pilar del avance de la guía. Los sistemas de detección generan gran cantidad de información que, hasta ahora, se consultaba únicamente de manera puntual, durante revisiones o tras incidentes. La verdadera revolución consiste en supervisar esa información en tiempo real, las 24 horas del día, con personal especializado disponible de forma continua. Esto no sustituye al mantenimiento presencial, que sigue siendo fundamental, pero lo complementa, aumentando la fiabilidad del sistema y ofreciendo una mayor tranquilidad al usuario.
Cada vez existen más edificios vacíos o con mínima presencia de personal, donde los sistemas de PCI funcionan sin supervisión directa. La gestión remota permite atender estas instalaciones continuamente, detectar fallos de inmediato y reducir falsas alarmas. Además, transmite información más completa a los servicios de emergencia, facilita la intervención y posibilita acciones predictivas que reducen costes y mejoran la eficacia del mantenimiento. En conjunto, transforma un modelo reactivo en uno proactivo, beneficiando a empresas, usuarios y a la sociedad en general.
Contratos y obligaciones
En cuanto a las obligaciones de los usuarios o empresas contratantes, la guía establece que deben contar con un contrato de mantenimiento preventivo con una empresa autorizada según el RIPCI, informar y actualizar los tres teléfonos de contacto para la verificación de alarmas y notificar a la CRI cualquier modificación técnica que pueda afectar a la gestión remota, como cambios en la programación o en la planimetría.
También deben tomar medidas para minimizar falsas alarmas y asegurar la pronta corrección de cualquier anomalía detectada. Asimismo, deberían disponer de operadores formados, garantizar la correcta verificación y comunicación de alarmas, y registrar todas las acciones realizadas.
El objetivo de estos procedimientos es garantizar que las alarmas que lleguen al 112 sean fiables y verificadas, evitando saturar los servicios de emergencias y asegurando que la respuesta se produzca solo cuando realmente sea necesaria. La guía define criterios claros sobre verificación, comunicación con contactos y servicios de emergencia, y manejo de hiperactividad de falsas alarmas, incluyendo el registro documental de todas las acciones.
Trabajo coordinado
Aunque queda camino por recorrer para establecer un marco normativo sólido, estamos convencidos de que la colaboración entre entidades, como la que desarrollan Tecnifuego y AESCRA, es el camino correcto. El documento en el que se trabaja no resolverá todos los problemas, pero sí establecerá unas bases claras sobre quién es responsable de qué, cómo deben comunicarse las alarmas, cómo verificarlas y cuáles son las obligaciones de usuarios y centrales.
Más allá de lo técnico, lo que se busca es que la tecnología –que ya existe y es fiable– se utilice de forma ordenada y segura, generando confianza entre todos los actores implicados y aprovechando el máximo potencial de los sistemas de detección. La guía constituye un primer paso hacia un sector más sólido y coordinado, capaz de ofrecer un servicio homogéneo y profesional, que refuerce la seguridad jurídica de las empresas, la tranquilidad de los usuarios y la precisión en la comunicación con los servicios de emergencia.
El futuro de las CRI no debe entenderse solo como un reto normativo o tecnológico, sino como una oportunidad para reforzar la confianza en todo el sistema de protección. Si logramos que empresas, asociaciones, administraciones y usuarios trabajen de forma coordinada, podremos convertir la enorme capacidad de la tecnología en una verdadera cultura de seguridad, en la que cada alarma se gestione con rigor y cada respuesta aporte valor.
