En los últimos años, la importancia de la seguridad (y, sobre todo, de la tranquilidad) se ha hecho cada vez más evidente en todo tipo de entornos: desde pequeñas poblaciones, zonas rurales, dispersas y aisladas, hasta grandes ciudades, áreas residenciales, industriales y de negocio. Todos ellos se enfrentan a retos y demandas específicas que ya no se limitan únicamente a la realidad delincuencial. Cada vez más, aparecen nuevos riesgos y necesidades, como desgraciadamente han demostrado los grandes incendios de este verano, o los ocurridos en naves, edificios, viviendas, garajes y negocios. También destacan los siniestros provocados en vehículos, patinetes y otros dispositivos electrónicos.
A ello se suman las inclemencias climáticas, tormentas, riadas o grandes nevadas, junto con otras situaciones accidentales o personales, que han puesto de manifiesto nuevas urgencias. En todas ellas, resulta esencial garantizar la tranquilidad y la seguridad, especialmente para las personas mayores, los niños, quienes padecen alguna enfermedad o incapacidad, así como los dependientes y colectivos vulnerables.
Para responder a estas exigencias, el Estado y las distintas administraciones han de aportar capacidades, medios y recursos adecuados, además de un marco operativo y regulatorio ajustado a las realidades sociales, tecnológicas, sanitarias y delincuenciales de cada momento. En este contexto, la seguridad privada, regulada y controlada por la Administración y complementaria de la seguridad pública, se convierte en un aliado fundamental. Su presencia física y tecnológica en todo tipo de entornos la convierte en un colaborador necesario.
Urge actualizarse
Sin embargo, el actual marco regulador de la seguridad privada, que en su momento fue referente internacional y eficaz frente a los riesgos delincuenciales de la época, ha quedado obsoleto. Urge, por tanto, una actualización.
Esa renovación debería aplicarse a todas las actividades y servicios del sector, pero muy especialmente al ámbito tecnológico, en constante evolución. Hoy, la tecnología permite ofrecer entornos y soluciones de seguridad de probada eficacia, no solo frente a la delincuencia, sino también ante riesgos sanitarios, asistenciales, técnicos o viales. De esta manera, se aporta información, seguridad, tranquilidad y confort a la ciudadanía, junto con una rápida capacidad de respuesta.
El epicentro de esta realidad lo constituye la combinación entre personas y tecnología que se materializa en una central receptora de alarmas (CRA). Desde ella, los operadores de seguridad, auténticos profesionales, monitorizan permanentemente los sistemas de protección y gestionan una amplia variedad de señales y situaciones, aplicando los protocolos y respuestas que cada caso requiere.
Deben reforzarse las CRA como verdaderos núcleos de seguridad integral al servicio
tanto de los ciudadanos como de los servicios públicos de respuesta
La realidad de la CRA
La CRA, verdadero centro de gestión de incidencias, debe trabajar en estrecha consonancia con los servicios públicos de respuesta. Su labor consiste en activar el recurso adecuado cuando es necesario, facilitar la intervención, coordinar y derivar la información a los actores implicados –tanto servicios públicos como personas afectadas o vinculadas al entorno protegido– y mantenerse activa hasta la resolución de la incidencia.
Para que ello sea posible, los protocolos y procedimientos han de estar actualizados y adaptados a las realidades actuales. Deben ser flexibles ante los constantes cambios tecnológicos y operativos, sensibles a las demandas sociales y, al mismo tiempo, contar con la seguridad jurídica que garantice todas las actuaciones.
Esta revisión normativa, que ya se llevó a cabo en el pasado, resulta ahora urgente. Es imprescindible consolidar un entorno digital seguro, reducir cargas burocráticas innecesarias, establecer canales de comunicación fiables y actualizar protocolos que fortalezcan la labor de las entidades de seguridad. En especial, deben reforzarse las CRA como auténticos centros de gestión de alarmas, urgencias e incidencias, verdaderos núcleos de seguridad integral al servicio tanto de los ciudadanos como de los servicios públicos de respuesta.
En definitiva, evolucionar es sinónimo de garantizar la seguridad de todos.
